Investigados dos abogados, un notario y una cuidadora por expoliar a una anciana adinerada con alzhéimer
El juez decreta la libertad provisional con medidas a la mayoría de implicados, que obtuvieron un beneficio de 785.000 euros, e investiga también un posible delito de homicidio

Cinco personas están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia por presuntamente expoliar el patrimonio de una anciana octogenaria con alzhéimer. Los investigados —de entre 46 y 71 años— son dos abogados, la cuidadora, el comprador de los inmuebles y un notario de la ciudad. Los implicados obtuvieron un beneficio de 785.000 euros, según la Policía Nacional, que practicó las detenciones. La mujer tenía en su cuerpo restos de metanol, por lo que el juez investiga un posible delito de homicidio en grado de tentativa.
Este último delito no se atribuye en estos momentos directamente a ninguno de los investigados pero se investiga “después de que un informe médico haya constatado la presencia una sustancia química en el organismo de la víctima que puede resultar mortal para una persona de su edad y sus dolencias”, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha adelantado Las Provincias.
El juez recibió este miércoles, durante su servicio de guardia, a los cinco detenidos y acordó, conforme a lo solicitado por la fiscalía, la libertad provisional de todos. Para cuatro de los detenidos —dos abogados, una cuidadora de la víctima y otro particular— el magistrado adoptó como medidas cautelares la retirada de pasaporte y prohibición de salir de España, así como comparecencias en sede judicial cada quince días. Para el quinto detenido, notario, el magistrado no adoptó medidas cautelares al entender que los indicios de su participación en los hechos son menores que los existentes contra los otros cuatro investigados.
La investigación empezó en junio de 2025 por parte de los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Ruzafa a raíz de la denuncia de la familia de la perjudicada, la cual señalaba que cada vez le resultaba más difícil contactar con ella o mantener encuentros presenciales.
La situación empezó a generar inquietud, por lo que los familiares consultaron la situación patrimonial de la víctima en el Registro de la Propiedad y comprobaron que la totalidad de los bienes inmuebles habían sido enajenados. Los denunciantes constataron que la mujer había procedido a la venta de sus inmuebles con el asesoramiento e intervención de dos letrados, que eran abogados de la parte compradora.
Las ventas se realizaron por un valor muy inferior al que realmente tenían los bienes inmuebles. Además, todas se llevaron a cabo ante el mismo notario, que era el encargado de dar legalidad al acto, e incluso en la venta del piso donde residía la afectada, pese a transmitirse en régimen de nuda propiedad, se llegaron a establecer condiciones gravosas y desfavorables para ella, que contemplaban la posible pérdida del usufructo.
Durante las primeras pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se pudo corroborar la presencia de todos los investigados en las operaciones, producidas todas ellas en poco más de un año. Los abogados realizaban un doble asesoramiento, favoreciendo al comprador y dejando totalmente desprotegida a la vendedora.
Estos últimos habían obtenido un poder de subsistencia que les facultaba a poder administrar todo el patrimonio de la víctima, la cual tenía alzhéimer. Posteriormente, los efectivos averiguaron que el notario se personó junto con el comprador al objeto de hacer gestiones para suprimir el usufructo de la afectada, entrevistándose con vecinos y realizando preguntas encaminadas a demostrar que ella ya no vivía allí, cuando sí era su vivienda habitual.
La cuidadora había sido incluida en el testamento, siendo ésta la persona que mayor influencia ejercía sobre la octogenaria y encargada de realizar las extracciones de dinero de la cuenta de la mujer.
Es por ello que la operación finalizó con la detención de estas cinco personas como presuntas autoras de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional, respectivamente. Uno de los investigados tiene antecedentes policiales.
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