Desburocratizar la escuela

En los últimos años, la saturación de trámites y formularios en la escuela pública ha dejado de ser un comentario aislado para convertirse en un motivo de protesta generalizado. Pero más allá del cansancio que provoca, lo que subyace en el fondo es algo aún más preocupante: la sensación creciente de que la administración desconfía del profesorado. No es solo que se pidan demasiados documentos, sino que se justifican como si los centros no fueran capaces de hacer bien su trabajo sin una verificación constante.

Y no es una percepción minoritaria: una encuesta presentada por STEs-Intersindical, con más de 13.000 respuestas, sitúa la burocracia en el centro del malestar docente: el 96% afirma que le resta tiempo para preparar y para atender al alumnado, y nueve de cada diez llega a decir que le asfixia. Cuando la escuela dedica sus mejores horas a justificar lo que hace, el mensaje de fondo es devastador: no confiamos en ti, y esa desconfianza termina pasando factura al profesorado, a su bienestar y al funcionamiento pedagógico de los centros.

La burocracia se ha convertido en el síntoma más visible de una lógica de desconfianza: si dudamos de la capacidad profesional de los docentes, multiplicamos controles; si multiplicamos controles, restamos tiempo al trabajo educativo; y cuando restamos tiempo al trabajo educativo, abrimos la puerta a más desconfianza.

No se trata de que deba desaparecer toda documentación, sino de poner fin a esa deriva que identifica calidad con comprobación permanente y compromiso con la acumulación de informes. La documentación útil existe y es necesaria: aquella que permite tomar decisiones, reflexionar sobre la práctica o garantizar derechos del alumnado. El problema surge cuando ese ejercicio razonable se convierte en una lógica de sospecha, en la que cada actuación del profesorado parece necesitar un rastro burocrático para ser considerada válida. Esa cultura del “demuéstralo todo” termina contaminando la vida del centro, porque transmite la idea de que solo aquello que queda registrado tiene valor pedagógico, relegando a un segundo plano el trabajo real en el aula, las relaciones educativas y el juicio profesional. En ese clima, la documentación deja de ser un instrumento al servicio de la mejora para convertirse en un fin en sí mismo, un mecanismo que consume tiempo, energía y confianza sin aportar necesariamente una mayor calidad educativa.

En la práctica, la digitalización y la expansión normativa han introducido tareas que, más que aportar claridad, añaden presión. La proliferación de plataformas, registros y aplicaciones no ha supuesto necesariamente una mejora de la gestión, y muchas direcciones confiesan sentirse atrapadas en una dinámica que obliga a justificar casi cada decisión. El verdadero agotamiento proviene del tiempo que se utiliza en procedimientos que no transforman nada dentro del centro, y que además transmiten la idea de que lo que ocurre en las aulas pesa menos que lo que puede verificarse por escrito.

Frente a este panorama, distintas administraciones educativas han empezado a reaccionar con planes que buscan simplificar trámites, reducir pasos innecesarios, integrar plataformas y revisar protocolos. Son avances valiosos, pero aún insuficientes: las medidas continúan siendo parciales y descoordinadas. Lo que reclaman la mayoría del profesorado y de las direcciones es un marco más ambicioso: hay que establecer con claridad la documentación que es verdaderamente necesaria y la que puede eliminarse, integrarse o transformarse en herramientas útiles. Para avanzar de verdad no basta con pequeñas correcciones técnicas, sino con una visión que ponga la burocracia al servicio de la educación, y no al revés.

Tan importante como simplificar procesos es transformar la lógica de la supervisión. Necesitamos pasar de un modelo centrado en exigir evidencias previas a otro que privilegie el acompañamiento pedagógico, la observación de lo que realmente sucede en las aulas y el apoyo a los proyectos de centro. Supervisar menos en papeles y más en prácticas significa dar credibilidad al trabajo docente y reconocer su profesionalidad. Pero para que esa visión sea viable hace falta algo que hoy escasea dramáticamente en muchos centros, sobre todo de primaria: personal administrativo suficiente. Sin ese apoyo, las direcciones seguirán dedicando horas a tareas que no son propiamente educativas y que bloquean su papel de liderazgo pedagógico.

La consecuencia de liberar a los centros de cargas innecesarias sería doble: reduciría el desgaste del profesorado y permitiría concentrar la energía colectiva en lo que realmente cambia la vida del alumnado. Porque desburocratizar no es renunciar a los controles que garantizan la equidad y la transparencia, sino distinguir con claridad entre lo útil y lo superfluo, entre lo que protege derechos y lo que solo ocupa tiempo.

En última instancia, todo se resume en la confianza. Si seguimos tratando al profesorado como un colectivo que necesita ser supervisado continuamente, alimentaremos la espiral de papeles. Si, por el contrario, diseñamos un sistema que confíe en su profesionalidad, que pida solo lo indispensable y que ofrezca apoyo real, la burocracia dejará de ser un obstáculo y se convertirá en una herramienta sensata al servicio de la calidad educativa. Así podremos recuperar la esencia de la escuela: enseñar, aprender y construir ciudadanía.

Miguel Soler es secretario de Educación de la ejecutiva del PSPV-PSOE