La Fiscalía solicita hasta tres años de cárcel para la concejala de Vox en València Cecilia Herrero por presunto delito de odio

La Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de prisión de hasta 3 años para la concejala de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero por la difusión reiterada de mensajes de odio contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad a través de la red social Twitter, actualmente X, entre los años 2020 y 2024. La sección de Delitos de Odio del Ministerio Público secunda la apertura de juicio oral y reproduce una treintena de los referidos mensajes. La oposición ha pedido a la alcaldesa de la capital, María José Catalá, del PP, el cese de la edil del gobierno municipal.

La Fiscalía sostiene que, durante al menos cuatro años, Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas abiertas al público para publicar mensajes dirigidos a “propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia distintos colectivos protegidos.

Por ello, atribuye a la procesada la autoría de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por fomentar el odio y la hostilidad mediante expresiones vejatorias, deshumanizadoras y estigmatizadoras, aunque plantea alternativamente una calificación menos grave dentro del mismo precepto penal (510.2 del CP).

En consecuencia, la primera petición es de 3 años de prisión y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, pero subsidiariamente se pide una condena de un año y dos meses de prisión y multa de ocho meses. En ambos supuestos interesa también la inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo periodo que la pena de prisión.

El escrito detalla que la acusada gestionaba cuentas con miles de seguidores, abiertas sin restricciones, desde las que difundía de forma “masiva e indiscriminada” mensajes dirigidos a estigmatizar a personas migrantes, especialmente de origen magrebí o musulmán, así como a integrantes del colectivo LGTBI y personas racializadas.

Según la Fiscalía, estos mensajes asociaban de forma generalizada la inmigración con la delincuencia, la invasión del territorio y el deterioro de los servicios públicos.

La acusación subraya que la procesada vinculaba de manera reiterada el origen nacional, el color de la piel o la religión de determinadas personas con conductas delictivas, utilizando expresiones de burla y menosprecio y recurriendo en ocasiones a una selección “interesada y manipulada” de noticias para generar alarma social.

Entre los mensajes recogidos en el escrito se incluyen respuestas a publicaciones de medios de comunicación y de otros usuarios de la red social en las que se emplean términos despectivos hacia personas migrantes, se reclama su expulsión del país, se cuestiona la identidad de menores extranjeros no acompañados y se realizan comentarios vejatorios sobre personas LGTBI y con discapacidad. La Fiscalía destaca la reiteración de este tipo de expresiones a lo largo de varios años y su carácter público y accesible.

El Ministerio Público no aprecia circunstancias atenuantes ni agravantes y considera que la acusada actuó de forma consciente y voluntaria. En el escrito también se interesa el decomiso de las direcciones URL concretas a través de las cuales se difundieron los contenidos objeto de acusación, al amparo de la legislación sobre servicios de la sociedad de la información.

Estos hechos fueron denunciados inicialmente por Compromís en abril de 2024 y posteriormente se sumó el PSPV, que aportó más mensajes a la Fiscalía. Ambos grupos han exigido a la alcaldesa de València el cese de Herrero, que forma parte del gobierno municipal, tras conocerse el escrito de Fiscalía.

Respeto a los valores democráticos

Los portavoces de ambas formaciones, Papi Robles y Borja Sanjuan, respectivamente, han pedido a María José Catalá “el cese inmediato” de Herrero. “Le pedimos a la alcaldesa que recupere la honestidad de este Ayuntamiento, la integridad de esta ciudad y expulse del gobierno” a Herrero y a Juanma Badenas, también de Vox e investigado igualmente por la Fiscalía, ha pedido Robles.

“No podemos tener una concejala con competencias de gobierno a la que la Fiscalía le pide tres años de cárcel por sus mensajes racistas y homófobos”, ha añadido el socialsita Sanjuan. Este ha recordado además que el Grupo Municipal Socialista denunció ayer “una deriva de opacidad en el gobierno municipal, con concejales que ocultan las empresas con las que trabajan”, en referencia a José Marí Olano y los requerimientos del Síndic de Greuges.