El Ayuntamiento de València sigue sin dar a la oposición la lista de empresas con que trabaja su edil de Contratación

La oposición en el Ayuntamiento de Valencia, que gobierna PP y Vox, lleva meses peleando para que el concejal Ayuntamiento de Valencia, el abogado José Marí Olano, publique la lista de empresas para las que trabaja dada las competencias de Contratación que tiene delegadas desde 2023. Ante la falta de respuesta del gobierno local, los socialistas han elevado una queja al Síndic de Greuges, que en una resolución reciente pide a Olano, con una dedicación parcial (del 75%) para poder mantener su actividad privada, que declare la lista de empresas con las que tiene relación profesional. El edil no ha querido responder a la nueva denuncia de los socialistas.

El concejal del PSPV Javier Mateo ha presentado una alegación al Síndic de Greuges para que vuelva a requerir al Ayuntamiento en un escrito en el que reclaman que, además de insistir en el cumplimiento estricto de las resoluciones cursadas, se modifiquen las prácticas de falta de transparencia del gobierno del PP y Vox.

“A pesar de que el Síndic de Greuges le dijo al Ayuntamiento de València que debía publicar las empresas privadas para las que trabajan sus concejales de gobierno, este ayuntamiento se niega a hacerlo. Por eso, le hemos pedido al Síndic que requiera nuevamente al Ayuntamiento para que modifique estas prácticas de opacidad y presente un informe especial ante la Comisión de Les Corts Valencianes encargada de las relaciones con el Síndic”, ha apuntado el edil socialista.

Para el concejal socialista, “es impresentable que los concejales que usan el dinero público para las contrataciones trabajen, además, para empresas privadas de las que se niegan a dar su nombre, porque podría haber conflicto de intereses que no pueden ser fiscalizados”.

Esta situación, ha incidido Mateo, se produce desde hace años a pesar de las múltiples resoluciones del Síndic exigiendo al gobierno de Catalá que haga públicas las empresas para las que trabaja su concejal de Contratación (que, según denuncian los socialistas, presidía la mesa de Contratación del Ayuntamiento hasta el pasado diciembre) para que la oposición pueda fiscalizar si se están produciendo irregularidades.

Marí Olano fue uno de los grandes fichajes con que la alcaldesa María José Catalá del PP se presentó a las elecciones de 2023. Cuando ganó, le asignó la cartera de Grandes Proyectos, además de las competencias en materia de Contratación. Marí Olano ya tuvo su primer tropiezo por este motivo al inicio del mandato a raíz de su papel con el Valencia CF y su propietario Peter Lim por su vinculación con la consultora KPMG. De hecho, acabó renunciando a la consultora.

Desde entonces, la oposición ha perseguido conocer sus otras dedicaciones y clientes por si podían colisionar con la cartera de Contratación municipal y crear un conflicto de intereses. Pero el concejal del Gobierno de Catalá no lo ha facilitado alegando secreto profesional, si bien se ha abstenido en varias ocasiones por su supuesta relación privada.

En junio del año pasado, la edil socialista Elisa Valía presentó una queja al defensor del pueblo valenciano por la falta de información sobre la actividad profesional de Olano porque limitaba su “derecho como concejal de la oposición para participar en los asuntos públicos, acceder a información y documentación de forma totalmente transparente así como fiscalizar la acción del gobierno del Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento de València contestó a Valía que no disponía de los datos necesarios para responder a su pregunta. Es un error, argumenta el consistorio, “considerar información pública una información que no lo es, y que el Ayuntamiento de Valencia no conoce en absoluto, como son las empresas participantes en un procedimiento de contratación a las que el concejal José Marí Olano había prestado servicios profesionales”.

El Ayuntamiento de València “no dispone de esta información porque el concejal José Marí Olano nunca la ha comunicado, declarado, manifestado o de cualquier otra forma revelado a órgano unipersonal o colegiado, autoridad o funcionario alguno del Ayuntamiento. No conociendo esta información el Ayuntamiento, mal puede calificarse como pública”, argumenta el consistorio.

El Síndic, sin embargo, su reflexiona en su resolución inicial sobre que la identidad de las personas a las que se ha prestado unos servicios profesionales en los últimos dos años, y que constituye una causa legal de abstención, “podría ser una información pública relevante para garantizar la objetividad de la Administración y la imparcialidad de las autoridades públicas, y también sería muy necesaria para asegurar el prestigio que ante la ciudadanía han de presentar dichas autoridades para que no se quiebre la confianza social en la Administración”.