Anticorrupción investiga la posible falsificación del título universitario del comisionado del Gobierno para la dana

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para esclarecer si el comisionado del Gobierno para la dana, el socialista José María Ángel, falsificó su título de diplomado universitario en Archivística y Biblioteconomía en 1983 para acceder o conservar una plaza de funcionario en la diputación de Valencia y, por tanto, determinar los indicios de delito.

Las diligencias se abrieron hace dos meses a raíz de la investigación realizada por la Agencia Valenciana Antifraude, que sostiene en un informe que “el título universitario que consta en su expediente personal como funcionario de la Diputación de Valencia presumiblemente es falso”, según ha adelantado este martes El Mundo. La Agencia, que ha trasladado a la fiscalía su informe, señala que se entregó una copia de una diplomatura que no llegó a completar y que fue validada por los funcionarios de entonces de la corporación provincial. Antifraude recabó información de la Universitat de València y la diputación para indagar sobre la titulación.

El informe del área de Evaluación, Comprobación e Inspección de la Agencia, fechado el pasado mes de mayo, concluye que “no finalizó sus estudios universitarios en la Universitat de València”. de

De hecho, en la investigación se muestra un título de diplomatura de la Universitat de València fechado en 1983, aunque entregado dos años después, que no existía. “La Universitat de València no ofrecía ninguna titulación oficial con esa denominación en esa época. En la década de los 90, en el cambio de plan de estudios, se incorporó la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación”, han señalado fuentes de la institución académica a este periódico. Los títulos universitarios de primer y segundo ciclo se expedían antes en nombre del Rey por el correspondiente ministro de Educación, y estaban firmados también por el interesado.

Fuentes del entorno de Ángel, un político de 68 años de larga experiencia que fue secretario autonómico de Emergencias con el anterior gobierno de la Generalitat, presidido por Ximo Puig, niegan cualquier falsificación y aseguran que entró en la diputación cumpliendo con todos los requisitos de estudios que se le exigía a principios de los años ochenta para ocupar una plaza del nivel B.

También indican que el exalcalde de L’Eliana y exsenador no ha sido convocado por la Agencia Antifraude ni por ningún otros organismo para presentar ninguna alegación ni documentación sobre su capacitación, una práctica obligada en la investigaciones iniciadas por el anterior equipo de la Agencia Antifraude. Y aseguran desconocer el título referido con las firmas correspondientes. En su historial oficial como funcionario de la Corporación provincial no aparece esa diplomatura.

Cuando lo nombraron comisionado de la dana a finales del pasado año, Moncloa lo presentó como: “Diplomado en Archivos y Bibliotecas, Biblioteca Nacional. Diploma en Función Gerencial de administraciones Locales, ESADE” Y “Desde 1983, Funcionario de carrera de la Diputación de Valencia (Grupo A2). Desde 1992, Jefe de sección”.

Antifraude inició sus pesquisas al recibir una denuncia anónima el pasado mes de abril. La agencia está presidida desde el pasado verano por el inspector de Hacienda Eduardo Beüt, nombrado por el PP y Vox.

Tras el consejo de ministros, ni la ministra portavoz, Pilar Alegría, ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, que la pasada semana alertó de las irregularidades del currículum de la diputada dimitida del PP Noelia Núñez, han respaldado al comisionado. El Gobierno se limita a decir que ha pedido información al respecto.

Ángel mantiene actualmente la plaza de asesor “técnico A1/A2, incardinado al grupo socialista en la diputación”, si bien ahora está en comisión de servicios, según fuentes de la Corporación. Ocupó este puesto tras su salida del Gobierno de la Generalitat hace menos de dos años y lo abandonó a finales del pasado año al ser nombrado comisionado. Fue nombrado funcionario en 1983 como auxiliar técnico de Archivo y Biblioteca, grupo C. En 1986, en virtud del acuerdo de Gobierno de la Diputación, entonces gobernada por el PSPV-PSOE, fue nombrado ayudante de Archivo y Biblioteca, grupo B. En 1989 el pleno de la Diputación lo nombró jefe de gabinete de presidencia, grupo A/B (lo que hoy equivaldría a A1/A2), según la información oficial de la Diputación. Desde entonces encadenó varios servicios especiales por sus nombramiento para ejercer diversos cargos políticos.

El presidente de la Diputación, Vicente Mompó, del PP ha señalado este mediodía que la Diputación ha tenido conocimiento de que “la Fiscalía está investigando un título que, aparentemente, como dice Antifraude, es falso”, lo que sería “un caso grave”. El también presidente provincial del PP valenciano ha criticado a Ángel si se confirma que ha mantenido “un engaño continuado” a lo largo del tiempo y ha anunciado que la corporación provincial estudiará personarse si se abre una causa judicial. En cualquier caso, ha exigido la dimisión de Ángel y que “devuelva lo que ha cobrado por ocupar un cargo que no tenía que ocupar”. Los servicios jurídicos de la casa están analizando el título y “aparentemente se ve que es falso”, aunque ha pedido esperar a los pasos que dé Fiscalía, ha añadido. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha exigido este martes la destitución inmediata de Ángel por “decencia, por dignidad y por responsabilidad”

El portavoz del PSPV-PSOE, Jordi Mayor, por su parte, ha afirmado que Ángel “ha sido un servidor público ejemplar”, que no cree en las casualidades y “mucho menos en política” y ha cuestionado que la filtración se produzca “justamente hoy, cuando se cumplen nueve meses de la dana”. Sobre la investigación abierta, Mayor ha subrayado que no se trata de una acusación de la Fiscalía, sino de una actuación de la Agencia Antifraude “que ni siquiera ha sido comunicada al interesado” y ha lamentado que “se filtren datos sin contraste y sin dar opción de defensa”.

El delito de falsedad en documento público prescribe, en general, a los 5 años si es cometido por un particular, y a los 10 años si es cometido por un funcionario público, aunque en algunos casos específicos, como la falsificación de documentos notariales o judiciales, puede extenderse a 15 años.