Mazón presenta un plan de recuperación tras la dana de 29.000 millones y elude responsabilidades

El teniente general retirado Francisco José Gan Pampols aceptó el pasado noviembre el encargo de un presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asediado por su gestión de la dana de ejercer como vicepresidente y elaborar un plan de reconstrucción y prevención de futura catástrofes. Este lunes, ocho meses después de las riadas que causaron la muerte de 228 personas, ambos han presentado el Plan Endavant que contiene 329 medidas con un coste estimado, “grosso modo”, de 29.000 millones de euros, de los que 14.500 millones deberían ser aportados por la Generalitat, 12.600 por el Gobierno y el resto por otros actores.

“Nos podrán acusar de exceso de prudencia, pero no de negligencia”, ha afirmado el exmilitar en un acto al que se le ha querido revestir de solemnidad, celebrado en el Palau de la Generalitat, con presencia de numerosos políticos del PP y de representantes de los agentes sociales y con la ausencia de las víctimas de la tragedia. De la oposición y del Ejecutivo central, tan solo ha acudido el socialista José María Ángel, comisionado del Gobierno para la reconstrucción.

La cifra global anunciada se acerca a los 31.200 millones que el jefe del Consell ya pidió al Gobierno cinco días después de las inundaciones, pero se queda corta. Gan Pampols ha añadido que no incluye “todo lo que necesita la Comunitat Valenciana”, como aquellas infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, estaciones intermodales o plataformas, que sumarían otros 12.000 millones.

Ni el president ni el vicepresident han mencionado en hora y media el cambio climático como uno de los posibles causantes o agravantes del poder destructor de la catástrofe, tras pactar recientemente con Vox los presupuestos autonómicos. En primera fila, se sentaba la presidenta de Les Corts Valencianos, Llanos Massó, de la formación de extrema derecha que niega la acción del hombre como responsable de ese cambio. El president sí ha aludido, no obstante, a que este “evento natural excepcional” se puede repetir: “El riesgo de que un episodio similar se reproduzca en 10 o 30 años o en menos tiempo, existe. Asumamos que no podemos controlar ni hoy ni mañana la intensidad final de unas precipitaciones. Pero preparémonos ya para poder controlar su impacto”.

Mazón ha eludido responsabilidades. Ha subrayado que “no existe en el mundo esa administración que cuente con las herramientas para modular, frenar o evitar que un episodio de lluvias acabe pulverizando récords históricos de precipitación” y ha sostenido, además, que una “hora antes de que el barranco del Poyo se desbordara por completo la información era que estaba completamente seco y con tendencia descendente”.

Sin embargo, la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal por las muertes y lesiones, ha imputado con el aval de la Audiencia de Valencia a los que eran los responsables autonómicos de Emergencias, la exconsejera Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso, además de ofrecer a Mazón declarar voluntariamente. En varios autos ha afirmado que se podrían haber evitado muertes si la Generalitat hubiera enviado antes de las 20.11 la alarma a los móviles de la ciudadanía, ha considerado que se convocó muy tarde el Cecopi para gestionar la emergencia (a las 17 horas) y ha recordado que otras instituciones, como la Universitat de València, actuaron con mayor celeridad y prevención al cerrar sus puertas ya la mañana del 29 de octubre con los avisos públicos de la Aemet sobre precipitaciones torrenciales.

Mazón ha anunciado varias medidas recogidas en el Plan Endavant como una intervención integral en el Poyo y en el río Magro o la implementación de un sistema de correcta identificación y aviso de potenciales inundaciones con la revisión de la normativa de seguridad. También ha propuesto la creación de una empresa mixta entre la Generalitat y el Estado para impulsar la ejecución de infraestructuras hidráulicas y una Agencia Estatal del Agua, con sede en la Comunidad Valenciana.

El Plan Endavant, que ha contado para su elaboración con la consultora PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC), adjudicataria de un contrato de emergencia de 2,2 millones de euros, consta de cuatro ejes: “Revolución en las infraestructuras, en la prevención, en la protección y en la gestión de emergencias”, según ha explicado Mazón

Ha destacado, además, las siguientes medidas: realizar un “test de estrés para identificar zonas de riesgo elevado y definir programa de medidas”; instalar bombas de achique; diseñar rutas de evacuación vertical; formar en protección a los escolares, “al igual que se hace con incendios”, cambiar la ley para que todas las agencias sean responsables de interpretar los datos para que el resto conozca el posible impacto; plantear que los ayuntamientos reporten a Emergencias el nivel del barranco al paso por su municipio cada 60 minutos cada vez que haya alerta naranja o superior.

Gan Pampols ha desgranado con mayor detalle los objetivos del plan y ha incidido también en algunas propuestas, como la creación de un gran parque inundable para contener las avenidas en l’Horta Sud, la instalación de baterías en los ascensores (hay al menos un millar que siguen sin funcionar en la zona afectada), la elaboración de un censo detallado de localización de las personas con movilidad reducida, el despliegue la la conectividad satelital para no perder las comunicaciones, la identificación y marcaje de las carreteras que no se pueden inundar con el fin de poder acceder a la zona cero, o revisar y actualizar la normativa del Patricova (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana), entre otras.