Un técnico de la Generalitat declara ante la jueza que Mazón podría haber asumido el mando único en la dana

Un técnico de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha reconocido este viernes ante la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que el president, Carlos Mazón, podría haber asumido el mando único en la gestión de la catástrofe que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción el pasado 29 de octubre, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

J. Villanueva, responsable de servicio de la Agencia Valenciana de Emergencias (Avsre), ha comparecido ante la magistrada en calidad de testigo. Y, por esta condición, tiene la obligación de decir la verdad y contestar a todas las partes.

En su intervención, ha explicado que, tras la crisis de la covid, se modificó la ley para que el presidente de la Generalitat asumiera el control de una catástrofe que comportara una emergencia catastrófica. “Se debió haber aprobado la emergencia nacional [en la dana], tal y como ocurrió con el apagón”, ha expresado. Esta condición puede ser autorizada por el Ministerio del Interior tras consultar con las Comunidades Autónomas.

Durante la riada, tras activar el nivel 2, el mando único de la catástrofe recayó en la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que está imputada en la causa junto al que fuera su número dos, Emilio Argüeso. Pradas fue le encargada de autorizar el envío del mensaje masivo a móviles que se ha convertido en el epicentro de las pesquisas. Y que se coló en los terminales a las 20.11 horas, cuando ya había decenas de personas fallecidas, desaparecidas y atrapadas en plantas bajas y garajes. Si la notificación se hubiera enviado antes y mejor (el mensaje no pedía subir a las primeras plantas], el número de muertos habría descendido, según la instructora.

Villanueva ha admitido ante la jueza que la administración autonómica no tenía decretada a las 12.00 horas del 29 de octubre la emergencia. “Se declaró la situación uno en una zona determinada, pero el resto de las áreas se encontraban en preemergencia”. Pese a esta falta de previsión, organismos estatales advirtieron del riesgo de la tromba con más de una semana de antelación. La Agencia Estatal de Meteorología apuntó nueve días antes de la catástrofe de los primeros indicadores del riesgo. Y, la misma jornada de la gota fría, a las 7.36 horas, emitió un aviso rojo, el máximo de la escala y que se aprueba ante una previsión de lluvias de más de 180 litros por metro cuadrado.

En su declaración, el testigo ha reconocido que el plan de emergencias autonómico no fija la convocatoria “preventiva” de un Cecopi, órgano que coordinó la tragedia, pero “se podía haber convocado”. El dispositivo del 29 de octubre –en el que participaron representantes de 29 administraciones estatales, autonómicas y locales- arrancó a las 17.00 horas. El 112 –la centralita de emergencias de la Generalitat- recibía desde las 16.40 horas decenas de llamadas de auxilio desde las poblaciones de Chiva o Cheste, donde nace el barranco del Poyo, epicentro de la inundación tras su desbordamiento.

El profesional que ha comparecido en el juzgado se incorporó al centro que coordinó la crisis a las 12.30 horas. Y ha reconocido que el Plan de Emergencias no asigna ninguna función especial a la Delegación del Gobierno en Valencia y que su responsable, la socialista Pilar Bernabé, actuaba solo como representante de la administración central. Desde que arrancó la instrucción el pasado noviembre, Bernabé se ha convertido en la diana de las acusaciones populares de extrema derecha. La Audiencia de Valencia rechazó esta semana la citación como investigada de la socialista, tal y como pedía la asociación Hazte Oír. La instructora ha insistido en que la autonómica fue la administración que debió gestionar la tragedia.

El testigo ha admitido que el día de la acabó su turno a las 17.20 horas. Y que carecía de funciones operativas.