La Audiencia de Valencia confirma la imputación de la exconsejera de Mazón durante la dana

Varapalo a la principal responsable del Gobierno de Carlos Mazón en la gestión de la dana que dejó 228 muertos y una senda de destrucción el pasado octubre. La Audiencia de Valencia ha confirmado la imputación de la que fuera consejera de Justicia e Interior durante la inundación, Salomé Pradas.

La decisión ratifica el fallo de la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga penalmente la riada, Nuria Ruiz Tobarra. La magistrada otorgó el pasado marzo la condición de investigada a Pradas por su gestión de la catástrofe en el marco de una causa que rastrea los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente. Las pesquisas mantienen también imputado al que fuera número dos de la exconsejera durante la inundación, Emilio Argüeso. Ambos fueron destituidos por el president, Carlos Mazón, cuatro semanas después de la tragedia.

La Audiencia de Valencia ha rechazado también una querella de Hazte Oír contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y otros cargos de este organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Y se ha negado a citar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé.

En el auto que confirma la imputación de Pradas, la sección segunda de la Audiencia de Valencia rechaza el recurso de esta exdirigente en el que pedía el sobreseimiento. La resolución ratifica los argumentos de la jueza de instrucción que imputó a la popular el pasado 10 de marzo al considerar que no adoptó “medidas de autoprotección de la población”. La jueza se refiere con esta expresión a una clave que planea en el epicentro de sus pesquisas: el envío tardío de la alerta masiva a móviles. Un mensaje que llegó a las 20.11 horas, cuando había decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Según la magistrada Ruiz Tobarra, si la notificación se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas. Organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtieron del riesgo extremo de la dana más de 12 horas antes de la alerta de la Generalitat al activar el aviso rojo, el máximo en la escala, a las 7.35 horas del 29 de octubre.

Ahora, la Audiencia sostiene que existen indicios que apuntan a que la exconsejera cometió una “omisión relevante” en la gestión de la tragedia y que, por su condición de encargada de Justicia e Interior, era la máxima responsable de prevenir las consecuencias de la riada. “La decisión de citar como investigada a la señora Pradas se revelaba procesalmente inevitable”, razona la resolución de la Audiencia.

El tribunal esgrime, además, que Pradas manejaba información sobre el incremento de los caudales por las lluvias torrenciales y que la Ley de Protección Civil le atribuía el mando único en la gestión de la emergencia.

En el recurso de Pradas que ahora ha tumbado la Audiencia, la exconsejera defendía que la catástrofe se podía haber mitigado con obras en el barranco del Poyo, epicentro de la inundación. Que no existió un “mando único” en la gestión de la tragedia y que el Cecopi –el órgano que coordinó la crisis de la riada- tenía una “dirección dual”, en la que figuraban instituciones estatales, como la delegación del Gobierno o la CHJ. También sostenía la defensa de Pradas, que ejerce el exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Eduardo de Urbano, que resultaba “disparatado” conectar la actuación de la exconsejera durante la dana con los fallecimientos. Una tesis que la jueza de instrucción ha desmontado con vehemencia en autos y providencias.

Cuando la magistrada imputó a Pradas y a Argüeso, el pasado 10 de marzo, abrió también la puerta a la declaración voluntaria como investigado de Mazón. Una posibilidad que el president rechazó. El barón popular se ha negado a desvelar los detalles de lo qué hizo la tarde de la gota fría. Se sabe que comió desde las 15.00 horas en el céntrico restaurante valenciano El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Y que desembarcó en el Cecopi a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta masiva a móviles.

La CHJ emitió información cada 10 minutos

Por otra parte, para justificar la no imputación del máximo responsable de la CHJ, como solicitaba la acusación popular de Hazte Oír, la Audiencia de Valencia esgrime que este organismo estatal midió cada 10 minutos el caudal del barranco del Poyo a través del del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Y que este indicador se podía consultar a través de Internet.

Para desmontar la tesis de que la Confederación no advirtió de la magnitud de la tragedia, el tribunal añade que la dimensión de la dana también fue reportada por la Aemet y el 112, la centralita de emergencias de la Generalitat, que recibió casi 20.000 llamadas el día de la tragedia. Los operadores de este servicio fueron informados del desbordamiento del Poyo desde las 16.40 horas, cuando vecinos de Chiva y Cheste, donde nace la rambla, se comunicaron con la centralita para alertar de que “el agua salía por los enchufes”.

En el desfile de testigos que relatan a la jueza cómo vivieron la aciaga jornada, la magistrada ha escuchado este jueves una voz que apuntala la tesis de la falta de previsión de la Generalitat. Un técnico de emergencias autonómico ha revelado que cinco días antes de la tragedia, se abrieron tres casos por “fenómeno meteorológico adverso”. Las previsiones afectaron a Alicante, Castellón y Valencia. El testigo ha defendido que la reunión del Cecopi sobre la dana –que arrancó a las 17.00 horas del 29 de octubre, cuando ya se había desbordado el barranco del Poyo a su paso por Chiva- se celebró tarde. A su juicio, se debería de haber organizado un “Cecopi preventivo” con antelación, según fuentes presentes en su comparecencia. También ha relatado que el departamento de Emergencias autonómico desconoció la retirada de los bomberos que controlaban el caudal del barranco del Poyo.

Al comparecer como testigo, el técnico tiene la obligación de decir la verdad.