Malestar entre jefes médicos de La Fe de Valencia por negarse el hospital a prolongar sus vidas laborales

Algunos de los médicos con mayor acreditación de La Fe de Valencia están indignados. La nueva gerencia del hospital público de referencia en la Comunidad Valenciana y uno de los principales de España reunió a los jefes de servicio tras ser nombrada en 2023 por la Generalitat, gobernada entonces por el PP y Vox, y les anunció su intención de no prorrogar anualmente sus vidas laborales a partir de su edad de jubilación correspondiente, entre los 65 y los 67 años, hasta los 70. Se avanzaba así el fin de una medida que permite la ley cuando se cumplen una serie de requisitos (empezando por los psicofísicos) y que se venía ejecutando salvo casos puntuales. Dicho y hecho.

En los últimos meses, la gerencia ha comunicado o denegado la autorización para prolongar su actividad a jefes médicos que están inmersos en iniciativas europeas de excelencia hospitalaria, son responsables de proyectos de investigación o han puesto en marcha innovadores programas con éxito. Neurocirugía, Hematología, Oncología, Cirugía Pediátrica o Anestesia son algunas de las áreas afectadas.

Estas denegaciones se producen en un momento en que España sufre un grave problema de falta de médicos. En 2023 había un déficit de especialistas de casi 5.900 profesionales en España, de los cuales 4.502 son de médicos de familia, según el reciente Informe de necesidad de médicos especialistas en España 2023-2035, elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y financiado por el Ministerio de Sanidad. Las jubilaciones forzosas de las citadas jefaturas de La Fe no afectan a medicina de familia o pediatría extrahospitalaria.

Cinco jefes de servicios que acaban de ser jubilados o aún están en activo, consultados por este periódico, coinciden en criticar por “arbitraria” una decisión que genera “falta de equidad” dentro del mismo centro y con respecto a otros hospitales dependientes de la Consejería de Sanidad. La sección sindical de UGT en el Departamento de Salud Valencia La Fe denuncia, por su parte, “la política de personal completamente arbitraria y carente de justificación legal”. La Consejería de Sanidad sostiene que el criterio aplicado en La Fe es el mismo que en todos los departamentos y que se cumple la normativa.

En muchos casos, los sustitutos son designados sin concurso de méritos, a dedo; en algún caso, la plaza se amortiza, según denuncian los profesionales. Algunos ven una caza de brujas contra jefes “molestos”; otros, una gestión personalista del nuevo gerente de La Fe, José Luis Poveda, y hay quien incide en que la decisión ha empezado por este centro, pero que se extiende a otros hospitales valencianos de la Consejería de Sanidad, dirigida por Marciano Gómez, jefe de Servicio de Unidad Médica de Corta Estancia de La Fe en excedencia, de 65 años. Los afectados consideran que las denegaciones suponen una pérdida reputacional y de experiencia acumulada tras años de inversión pública, además de un perjuicio económico para ellos.

El trabajador que cumpla con los requisitos puede recibir como incentivo para prorrogar su vida laboral un suplemento de entre 5.000 y 12.000 euros al año por parte de la Seguridad Social, que se puede cobrar con la pensión o como pago único al jubilarse.

El cirujano pediátrico Juan José Vila Carbó, creador y responsable del programa de trasplante hepático pediátrico en la Comunidad Valenciana, ya ha presentado una demanda judicial contra la denegación el pasado ejercicio de su prórroga cuando iba a cumplir 68 años. “Es una pena y un sinsentido. Habíamos conseguido ser una unidad de referencia en un tema tan complicado como el del trasplante hepático pediátrico, junto con Madrid y Barcelona. Me denegaron la prórroga y el gerente aludió a que tenía malas relaciones con otras unidades, pero sin mencionar con quién ni aportar ninguna prueba”, señala. Sostiene que “no es un problema sanitario ni docente y el perjudicado al final es el paciente”. “Buscan la oportunidad para poner a alguien más manejable”, añade.

Otro caso llamativo de denegación de prórroga, que se dio a conocer en enero, es el del también reputado Guillermo Sanz, que era jefe de servicio de Hematología y director del Instituto de Investigación de La Fe, al que se dedicó sobre todo en los últimos años y para el que logró aumentar un 30% la financiación.

Sanidad niega la discriminación y defiende que aplica el mismo criterio para todos los departamentos de salud: “El criterio establecido por la Consejería de Sanidad para autorizar la prolongación de actividad de facultativos tras los 67 años es el mismo en todos los departamentos de salud y se concreta en la idea de prorrogar sólo en aquellos casos en los que la actividad profesional actual aporta un valor añadido, como puede ser la actividad docente o investigadora en la actualidad, la contribución a la consolidación de proyectos en activo o que la falta de profesionales de una especialidad determinada dificulte la cobertura de la plaza”.

Con respecto a la situación concreta de La Fe, las mismas fuentes de la consejería señalan que desde octubre de 2024 se han solicitado 16 prórrogas por encima de los 67 años, de las cuales ocho han sido favorables: tres jefes de servicio, tres jefes de sección y dos facultativos.

UGT advierte de “la grave irresponsabilidad de la consejería y de la gerencia ante las consecuencias de posibles litigios de médicos afectados”, que podrían acarrear el pago de los sueldos durante el tiempo denegado. La práctica de denegar las prórrogas “contraviene la propia normativa de la consejería, genera una grave inseguridad jurídica y supone un perjuicio irreparable tanto para los profesionales como para la calidad asistencial que recibe la ciudadanía”, apunta la sección del sindicato en el Departamento de Salud Valencia La Fe. La norma establece que la prolongación se autorizará cuando existan necesidades organizativas, “como la dificultad de sustitución del profesional por pertenecer a una categoría o especialidad de difícil cobertura”, según ratificó el propio gerente de La Fe en febrero en una reunión de la Junta de Personal, cuando UGT preguntó por los criterios ante la acumulación de denegaciones.

Las categorías deficitarias se determinan objetivamente en los planes de ordenación de recursos humanos en función del número de candidatos disponibles en las bolsas de empleo. “Dicho plan aprobado en 2022 con el anterior gobierno de la Generalitat ha sido prorrogado en sucesivas ocasiones por parte de esta consejería”, apunta UGT antes de criticar que se esté denegando “este derecho a facultativos de especialidades reconocidas como deficitarias”.

El único motivo relacionado con la capacidad del profesional que el decreto contempla para una denegación es un informe desfavorable de la unidad de prevención de riesgos laborales que certifique que la persona no reúne las capacidades psicofísicas para el puesto. En ausencia de dicho informe, “la denegación por otros motivos subjetivos carece de fundamento”, agrega el sindicato.