La jueza de la dana socava el relato de Mazón al preguntar si sus efectivos cumplieron con la vigilancia del barranco del Poyo

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ha pedido al director general de Medio Natural y Animal de la consejería de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, Luis Gomis, información sobre si “los recursos puestos a disposición para la vigilancia del barranco del Poyo fueron utilizados, y en qué momento cesó la utilización de dichos efectivos”. Y le da un plazo de cinco días.

La nueva providencia de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra es consecuencia del informe que le remitió el director general en el que reconocía que “los agentes medioambientales forman parte del Plan Especial de Inundaciones y como consecuencia de ello, tienen encomendada (a la par que otros organismos) el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables”. Entre ellos, el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento en poblaciones de L’Horta Sud causó la mayor parte de los 227 muertos (y un desaparecido) de la catástrofe.

En su informe, Gomis señala que a las 11:54 horas del 29 de octubre se dirigió al “director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias” para comunicarle la colaboración de los agentes y que estos quedaban a su disposición para la “intervención” establecida en el plan de inundaciones. En aquel informe, sin embargo, no consta que Gomis recibiera ninguna respuesta a su ofrecimiento por parte de la citada Agencia, que dependía entoces de Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias, número dos de la consejera de Interior, Salomé Pradas, ambos destituidos e imputados en el caso. De ahí, el nuevo requerimiento de la jueza.

El informe de Gomis y la nueva petición de la jueza socavan el relato de la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, del PP, que siempre defiende que la alarma a la ciudadanía no se envió antes de las 20.11 de aquel día porque no tenían datos de la fatídica crecida del barranco del Poyo y responsabiliza de ello a la Confederación Hidrográfica del Júcar por considerar que no informó en el Cecopi.

No obstante, la Generalitat también tenía asignadas labores de vigilancia sobre el terreno, como se indica en el plan de inundaciones citado por el propio Gomis. Y todavía más, cuando la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias decretó la alerta hidrológica a las 12.20 del 29 de octubre, tras un aviso de “aumento del caudal” del Poyo en Riba-roja por parte de la Confederación.

De hecho, bomberos forestales, dependendientes de la consejería de Pradas, sí fueron a “medir escalas”, a contrastar el aumento del caudal del barranco del Poyo a su paso por Chiva, bajo el mando del inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset. Pero fueron retirados sobre las 15 horas, una hora y media antes de que se desatarán las inundaciones, al bajar el nivel del agua y por las “ganas de comer”, según afirmó Basset en su comparecencia en la comisión de la diputación de Valencia. Unos días después tuvo que rectificar y sostuvo que se marcharon por “decisión técnica” ante la respuesta airada de los bomberos que enseñaron su factura de compra de unos víveres para continuar sus labores de vigilancia.

La jueza, además, ha citado a declarar como testigos el 7 de mayo a siete funcionarios de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, relacionados fundamentalmente con Protección Civil, y a dos trabajadores de la concesionaria del 112, Ilunion.

La delegada del Gobierno y obviar “la competencia autonómica”

En un nuevo auto, que también se ha dado a conocer este martes, la magistrada ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé. Es la segunda vez que lo hace durante la instrucción. Bernabé declaró como testigo el pasado 14 de abril.

Ruiz Tobarra, que responde así en un auto notificado este martes a la solicitud presentada por una acusación popular, fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Consell es “el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias”.

“Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central”, añade la instructora, entre otras consideraciones, según informa una nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. “En la reunión del Cecopi parecía que los presentes permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior en el que se demoró la toma de decisiones. Parece un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó, y en el que, quienes entraban, perdían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación”, asegura la jueza.

La juez ha dictado también hoy otros dos autos. En uno de ellos rechaza la solicitud de otra acusación popular dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16,30 y las 23,59 horas del 29 de octubre. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.

El órgano judicial también ha notificado una providencia donde se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la Dana y de la renuncia de una representación letrada para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de 64 de los fallecidos.

Esa providencia dispone asimismo la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes por el Instituto de Medicina Legal (IML) sobre secuelas psíquicas y daños morales de familiares de fallecidos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha, desde que inició la investigación por la gestión de la Dana, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe.

En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.