Cataluña desplegará ‘mossos’ de paisano en los institutos para reducir la conflictividad

Contar con la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra en los institutos como forma de disuasión ante conflictos o episodios de agresiones y como figura de mediación en casos de violencia. Este es el espíritu de la iniciativa, bautizada provisionalmente por los Mossos como Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (EDUSEG), impulsado por el Departamento de Educación y el cuerpo policial, que se pondrá en marcha este mes de forma experimental en 13 centros de secundaria catalanes. Según consta en el plan al que ha tenido acceso este diario, los agentes irán de paisano y sin arma, su presencia será estable —no es una visita puntual para realizar una charla, sino que contarán con un espacio en el centro—, y se coordinarán con las direcciones para desarrollar programas de prevención.

Hace ya tiempo que diferentes encuestas ponen cifras a los episodios de violencia que se producen en los entornos escolares. En la de convivencia escolar y seguridad realizada por la consejería catalana de Interior el curso 2021-22, el 84% de los alumnos aseguraba percibir violencia en los centros. Pero las cifras más alarmantes revelaban que casi dos de cada tres (64%) decía haber sido víctima de una situación violenta y el 63%, haber sido testigo. Otro dato preocupante es que el 75% de alumnos de secundaria consideran que sufren agresiones sexuales, un porcentaje que se dispara al 84% en el caso de las chicas, mientras que el de chicos es del 65%.

El Departamento de Educación también tiene su propio registro de casos de violencia. Este curso —con datos hasta finales de marzo— ya lleva contabilizadas 5.161 denuncias por diferentes motivos, de las cuales unas 1.700 son por acoso escolar, casi 800 por violencia machista y 570 por agresiones.

Pero no solo los alumnos son víctimas de casos de violencia; también los profesores. Aquí las cifras oficiales no revelan la magnitud del problema, porque muchos docentes no comunican ni denuncian el caso al Departamento ni a la policía. Pero el sindicato Ustec, mayoritario en Cataluña, sí realizó una encuesta entre el profesorado que revelaba que seis de cada 10 docentes denunciaban haber sufrido agresiones físicas o verbales por parte de alumnos y el 30% decía haberlas padecido por parte de familiares. “Tenemos una sociedad compleja, con familias en situaciones complicadas, y los profesores reclaman que se les dé una solución cuando tienen un problema”, asegura Rosa Maria Gallardo, directora de los Servicios Territoriales del Baix Llobregat.

Gallardo explica que, a raíz de casos como el apuñalamiento de un docente del instituto del barrio de La Mina de Barcelona hace un año, que se suma a otros sucedidos meses atrás, planteó a la consejera de Educación, Esther Niubó, la necesidad de buscar una solución, que pasaría por pedir la presencia continuada de agentes de los Mossos dentro de los institutos. “La idea era trabajar, como se está haciendo con Salud, para tener enfermeras en las escuelas. Tenemos que encontrar fórmulas diferentes de gestión que mejoren la complejidad que viven en los centros”, apunta Gallardo.

El plan EDUSEG busca “destinar agentes para tener presencia en el centro educativo de forma estable y constante”, según figura en el plan. La idea es que los agentes, de paisano y sin arma, pasen la jornada lectiva en el centro, “coordinándose con el claustro de profesorado y buscando las formas para realizar prevención y mediación de conflictos”, abunda Gallardo.

La prueba piloto se ha presentado ya estos días en los territorios que la implantarán. De momento, empieza ya en dos institutos concretos con alta conflictividad: uno en el Baix Llobregat y otro en el Vallès Occidental. Cada uno de ellos contará con un agente durante la jornada lectiva. Asimismo, se implanta en los servicios educativos de las comarcas del Alta Ribagorça, Osona y Urgell, donde los agentes se centrarán en institutos de las capitales de la comarca y de municipios cercanos. En total, serán 13 centros, un número que se podría ampliar el curso que viene.

Para los Mossos, el foco de atención de este programa se centra en garantizar la seguridad de alumnos y profesores dentro del centro, pero también actuar en casos de situaciones de violencia que se produzcan en el exterior y entorno cercano al instituto (peleas, consumo de drogas, agresiones…) y que después acaban impactando en la convivencia escolar, según consta en el plan elaborado por la policía catalana.

A final de curso, Educación efectuará una evaluación de la prueba piloto y, si los resultados son positivos, la experiencia se podría ampliar a más centros y municipios. El Departamento es consciente de que se trata de una medida que puede resultar polémica y despertar rechazo en algunos sectores, pero defiende que algunas comunidades y países ya tienen desplegadas iniciativas similares. Y añaden que se trata de una petición de los institutos. “Nos lo piden los docentes, porque necesitan mediación a cosas que salen de los propios centros. Nos piden acompañamiento”, remata Gallardo.

Los centros participantes lo celebran y lo ven como un refuerzo positivo. “Cuando tú das un consejo sobre el riesgo de las redes sociales o el bullying, si quien te da el consejo es alguien de fuera, le haces más caso”, explica el director de uno de los institutos participantes en la prueba, que prefiere que no se identifique el centro. El docente asegura que el claustro de profesores “ha recibido bien” la idea de tener un agente de policía en el centro, que todavía no ha llegado. Tampoco cree que sea un problema para las familias. “Estamos superagradecidos de que venga alguien a echar una mano con la convivencia, que cada vez está más degradada”, asevera el director.

La idea del Departamento de Educación es extender la prueba piloto a otros centros. Para ello, se ha pensado en darle un respaldo normativo a través del Decreto de Orientación Educativa, todavía en fase de información pública y pendiente de ser aprobado. El artículo 22.4 contempla que los centros educativos coordinen sus acciones “para erradicar los casos de violencia con el Departamento de Derechos Sociales y con el cuerpo de Mossos d’Esquadra”. Asimismo, la futura normativa establece, en la disposición final, que los equipos de acompañamiento a los alumnos están integrados, aparte de profesores, orientadores o educadores sociales, por “otros profesionales, vinculados a la orientación educativa”.