El Govern busca encajar la petición de ERC de más espacios de soberanía en el pacto de las cuentas

El Gobierno catalán y Esquerra Republicana cumplen dos semanas navegando el pacto que alcanzaron para darle más tiempo a la negociación presupuestaria. Algunas declaraciones públicas de estos últimos días, a veces contradictorias, muestran que no todo está completamente alineado y que el camino hasta el 31 de julio, la fecha límite que se fijaron para llegar a un acuerdo, será largo. De momento, socialistas y republicanos han definido los equipos que abordarán tanto el contenido de las cuentas como el cumplimiento de los acuerdos de investidura. Pero el sí final a las cuentas, insisten en ERC, dependerá de que se ponga en la mesa un avance real en la ganancia de “espacios de soberanía”, ante su compromiso de aparcar la exigencia de la cesión de la gestión del IRPF. La clave está en qué entiende por ello el Gobierno de Salvador Illa y qué le puede ofrecer, sabiendo además que hay riesgo de que sean los únicos presupuestos aprobados esta legislatura.

El tiempo extra para intentar pactar las cuentas implicó que ERC flexibilizara los tiempos de su exigencia de más soberanía tributaria, una pieza indispensable en su relato político. Los republicanos insisten en que no renunciarán a un punto que, entre otras cosas, ya habían acordado el Gobierno y la Generalitat en la Comisión Bilateral del verano pasado y cuyo calendario de implementación comenzaría en 2.031. Otra cosa es que se muestran abiertos a adaptarse con tal de que todo llegue a buen puerto, aunque sin perder de vista que el próximo año son las elecciones municipales y eso lastre la posibilidad de que haya nuevos Presupuestos en 2027. “Si hay avances en soberanía, habrá Presupuestos”, aseguró hace dos semanas el portavoz del partido, Isaac Albert.

La pelota está en el techo del Ejecutivo catalán, desde no no se deja de repetir un nuevo mantra: cualquier punto a negociar se tiene que limitar al ámbito de la Generalitat y hay que sacar al Gobierno central de la ecuación. “Agradecemos [a ERC] que la negociación presupuestaria se circunscriba a aquello que tiene que ver con Cataluña y a los que podamos hacer desde Cataluña”, remarcó hace una semana la portavoz del Ejecutivo, Sílvia Paneque.

Dentro del acuerdo de investidura, de hecho, hay otros puntos que podrían encajar en el espíritu que reivindica ERC. Sin embargo, el Ejecutivo central siempre juega algún tipo de rol en su facilitación. Tal sería el caso de la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, un ente que se encargaría de centralizar las competencias propias de la Generalitat relacionadas con la política aeroportuaria (urbanismo, medo ambiente, consumo, etc.) e iría en la línea de darle más peso a los intereses catalanes.

Si bien ya se han intercambiado papeles sobre esta carpeta con el Gobierno central, la duda es el margen que podría para poder concretarse. El pasado viernes, un acuerdo similar suscrito entre el Gobierno y el Ejecutivo vasco derivó en una sonora respuesta de Aena, que criticó en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la supuesta incidencia en la gestión podía “afectar el funcionamiento del modelo aeroportuario español en detrimento de los legítimos intereses de Aena y de sus accionistas públicos y privados”.

Otra carpeta que está encarrilada pero que aún no tiene asegurada la luz verde es la de la creación del consorcio de inversiones, que busca acelerar la ejecución de los proyectos. Esta iniciativa se vehiculó finalmente como una proposición de ley en el Congreso, registrada por ERC hace un mes. El trámite en la Mesa está pendiente de que el Gobierno central emita su informe perceptivo (tiene un mes para hacerlo) y después depende del turno de debate en el pleno. El texto, aunque firmado en solitario, recoge el trabajo conjunto entre ambas administraciones y los republicanos. El escollo es si se consigue tener la mayoría suficiente en el Congreso, una situación similar a la que frustró el intento de ERC de usar esa misma vía para blindar el aumento de la responsabilidad tributaria con la cesión del IRPF.

La vuelta a la casilla de salida con las cuentas también será aprovechada para actualizar el posible efecto de la guerra en Oriente Medio. El proyecto de las cuentas que al final se retiró implicaba unos 10.000 millones de euros adicionales y los dos suplementos de crédito han estrechado el margen que tendrán las futuras cuentas, donde además se han de recoger los acuerdos ya acordados con los Comuns.