La defensa jurídica de los Mossos choca con el sindicato de letrados de la Generalitat

La defensa jurídica de los Mossos d’Esquadra es un tema espinoso que se arrastra desde 2021 en el Departamento de Interior. Ese año, el entonces consejero Joan Ignasi Elena (ERC) decidió que los letrados que hasta entonces dependían del Departamento de Interior colgasen directamente del Gabinete Jurídico, en Presidencia. La decisión respondió a un pacto con la CUP y culminó después de la polémica por varias peticiones de penas elevadas contra personas vinculadas al independentismo: mientras los letrados de los Mossos les acusaban, sus mandos políticos les apoyaban. Al llegar el PSC al Gobierno, uno de los primeros compromisos del nuevo director de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, fue recuperar ese gabinete jurídico. Pero lo hizo además con mayor ambición: a través de un decreto, creó una subdirección general con la voluntad de asesorar y supervisar todas las actuaciones de la policía catalana, no solo los juicios con mossos implicados, dependiente del director.

De esa manera, el Departamento de Interior revertía una decisión tomada por ERC, y creaba una estructura mayor. Pero la asociación sindical Fòrum d’Advocacia de la Generalitat ha recurrido el decreto porque considera que invade las competencias de los letrados de la Generalitat y ha pedido que su aplicación se paralice cautelarmente. El recurso “se ha llevado a cabo después de un examen muy cuidadoso de cómo afecta la norma a las funciones y atribuciones” de los abogados de la Generalitat, recoge el sindicato en un comunicado. El pasado 26 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó su solicitud al considerar que no “acredita suficientemente los daños y perjuicios de difícil o imposible reparación” si se esperan que se resuelva el fondo de la demanda.

La nueva subdirección general dependiente de la Dirección General de la Policía catalana tiene una ambición superior al antiguo asesoramiento que ERC desgajó en 2021 del Departamento de Interior. Antes, los letrados dependían del Departamento y solamente se vinculaba al director el servicio de asesoramiento jurídico. Con el nuevo decreto, la subdirección depende por completo de la Dirección General de la Policía, con dos ámbitos claros: el penal, con un área de asesoría y otra de defensa legal, y otra administrativa. La subdirectora general es Mari Pau Martí, que salió de Interior cuando ERC eliminó su figura, y el responsable del área penal es Josep Lluís Florensa, cuya habilitación también fue revocada, y pasó a defender a mossos d’esquadra a través del sindicato SAP-Fepol.

La voluntad es que la recién creada Subdirección General de Asistencia y Asesoramiento Jurídico imprima un sello de calidad a todo aquello que provenga de los Mossos d’Esquadra, explican fuentes del área. Y añaden que la filosofía del nuevo equipo que acabe diseñándose -todavía está en proceso de implantación- no se dedique únicamente a defender a mossos d’esquadra en juicios. “Se aspira a los servicios jurídicos más especializados posibles para tener una organización policial pionera”, explican esas mismas fuentes, que defienden el rigor jurídico en todo aquello que haga la institución de los Mossos, con una “máxima seguridad jurídica”. Incluso se contempla la posibilidad de que haya abogados adscritos a unidades concretas, como podrían ser las delitos económicos, asesorando y apoyando a los Mossos. “Se trata de adoptar acciones de mejora, que permitan aumentar el prestigio del cuerpo”, resumen.

La asociación Fòrum d’Advocacia sostiene, en cambio, que el decreto aborda una estructura que “no puede regular, y mucho menos cambiar”, porque considera que afecta a la ley que regula la organización de los servicios jurídicos de la Generalitat. E insiste que esos letrados ostentan la defensa jurídica de la Administración, con la garantía de que “la actividad administrativa se subordine al interés general”, con respeto “a los derechos y las libertades de la ciudadanía”. Por ello, “sin pretender polémicas inútiles e innecesarias”, consideran que tienen “la obligación moral, profesional y sindical” de impugnar el decreto.

En su petición de medidas cautelares, añaden además que existe un “perjuicio estructural e institucional” con la creación de “nuevas estructuras jurídicas dentro de la Dirección General de la Policía” con unas funciones que “corresponden al Cuerpo de Abogacía de la Generalitat”. Asimismo, alegan que el cambio “de gran alcance” puede generar situaciones “consolidadas muy difíciles de revertir” como el hecho de que las personas habilitadas en la subdirección general del Departamento de Interior pudiesen pedir “la equiparación salarial y funcionarial” respecto de los letrados de la Generalitat. El Departamento de Interior niega la mayor y sostiene que siempre han existido abogados habilitados, que además funcionalmente dependen de Presidencia, que es quien tiene la última palabra para nombrarlos o cesarlos. Y que todo el diseño de la estructura garantiza “la plena sujeción” a las directrices del Gabinete Jurídico.