El policía que mató a la perra ‘Sota’ y el dueño del animal cierran la causa penal tras una mediación

La historia de la perra Sota, abatida de un disparo en la cabeza por un policía local en Barcelona en diciembre de 2018, parece haber escrito su último episodio. El suceso provocó una jornada de graves disturbios en la ciudad con cinco detenidos, despertó la indignación de las entidades animalistas, forzó a la alcaldesa Ada Colau a prometer justicia y motivó la apertura de una investigación penal: contra el agente de la Guardia Urbana por haber disparado, y contra el dueño del animal, Tauri Ruusalu, por haberle golpeado presuntamente con un patinete al ver a Sota tendida en el suelo y sin moverse. Ahora, tras un largo proceso de mediación que ha incluido reuniones entre ambos, el conflicto se ha cerrado.

Víctimas y acusados al mismo tiempo, el policía y el dueño del animal se sometieron a un proceso de justicia restaurativa hace más de tres años que ha llegado a buen puerto. El juzgado de Barcelona que investigaba los hechos ha validado ese camino, que cuenta también con el beneplácito de la Fiscalía, y ha archivado la causa penal abierta por los delitos de maltrato animal (contra el policía) y de atentado a agente de la autoridad (contra el joven), según el auto al que ha accedido EL PAÍS. Durante la mediación, “se logró un consenso en el que ambas partes manifestaron su deseo de dejar atrás la situación vivida y no reclamarse nada el uno al otro, solicitando expresamente el archivo de las actuaciones”, recoge la resolución.

El acercamiento ha sido posible gracias a sus abogadas, Paz Vallès (del guardia urbano) e Inés Guardiola (del dueño de Sota), que creen en la justicia restaurativa —un sistema que se abre paso poco a poco en España— como vía alternativa para solucionar conflictos fuera de los juzgados. Una vez cerrada la instrucción, y con sus clientes ya a un paso del banquillo, pidieron al juez someterse a una mediación para “confrontar puntos de vista” y alcanzar “acuerdos sobre el modo de reparación”. El juez lo autorizó remitiéndose, a falta de una norma estatal, a una directiva de la UE que contempla el acceso de las víctimas a servicios de justicia restaurativa.

El policía y el dueño partían de posiciones muy distantes, pero a lo largo de tres años se han reunido en diversas ocasiones y, con ayuda de un equipo experto, han hallado un consenso sobre lo ocurrido y han coincidido en las ganas de dejarlo atrás. “Ha habido un trabajo profundo de análisis de los hechos, responsabilización, reflexión y reparación” que ha acabado con acuerdo, por lo que “seguir con el procedimiento judicial es innecesario”, opina Vallès. Guardiola subraya, por su parte, que el caso de Sota ha sido “excepcional” ya que, por lo general, aunque haya mediación sigue celebrándose un juicio, un trámite que las dos partes han podido ahorrarse en pese a que estaban a un paso del banquillo de los acusados.

No todo el mundo estaba de acuerdo, sin embargo, con dar carpetazo al asunto La asociación animalista Libera y el partido político Pacma, que ejercían la acusación popular, reclamaban seguir adelante con la causa “al margen del acuerdo privado” entre las partes y con el argumento de “la defensa de intereses colectivos”. El juez Hugo Novales, titular de la sección de instrucción 4 de Barcelona, recuerda que el principio que debe regir en la vía penal es el de “mínima intervención” y señala que la muerte de Sota no puede considerarse un atentado difuso al bienestar animal, sino un daño infligido a un ser en particular.

Versiones opuestas

El conflicto que los protagonistas humanos de esta historia dejan atrás ocurrió un mediodía de diciembre de 2018 en la Gran Via. Tauri Ruusalu era un joven nómada de origen estonio que vivía en las calles de Barcelona y vendía pulseras para sobrevivir. Había llegado a la ciudad como mochilero un año antes. Iba siempre acompañado de Sota, diminutivo de Minesota, un mestizo de labrador. Ese día, como siempre, el animal no llevaba correa. Un agente de la Guardia Urbana que patrullaba la zona se lo indicó a Ruusalu y le pidió que se identificara. Se produjo un enfrentamiento. Sus relatos sobre lo que ocurrió a continuación eran opuestos.

El policía aseguró que el joven se mostró reacio a identificarse y acabó azuzando a Sota hasta que el animal le mordió en el brazo e intentó alcanzarle también el cuello, de modo que no tuvo más remedio que disparar: un único disparo que acabó con la vida del animal. Más tarde, en su declaración ante el juez como investigado, añadió que disparó “por miedo”. Un informe de asuntos internos avaló la actuación del agente: “La intervención fue defensiva y proporcional”.

Ruusalu replicó que la perra nunca le mordió (el auto del juez concluyó que Sota “llegó a morder” al policía “en el codo izquierdo” y le desgarró la chaqueta) y denunció que el agente apuntó a la cabeza y disparó a sangre fría. “Estaba a tres metros, me quedé aterrorizado”, explicó a este diario cuando presentó la denuncia, que se convirtió en una denuncia cruzada: el policía le acusó a él de haberlo golpeado con el monopatín tras la muerte del animal, algo que el joven minimizó no negó en aquella conversación, pero minimizó: dijo que estaba “muy enfadado” y que cogió el monopatín para “defenderse”.

La muerte de Sota llevó a más de 3.000 personas a protestar en la plaza de Sant Jaume, donde hubo gritos de “asesino” contra el policía y muestras de solidaridad con la suerte del animal: “Todos somos Sota”. La protesta se desplazó a las inmediaciones de la plaza de Espanya, donde al ambiente se caldeó. Algunas personas cortaron el tráfico y acabaron arrojando objetos contra la línea policial. Los Mossos detuvieron a cinco personas. La entonces alcaldesa Ada Colau, muy atenta a las reivindicaciones de los colectivos en defensa de los derechos de los animales, recogió el guante de ese malestar y llegó a pedir públicamente “pruebas documentales y testigos” para aclarar lo ocurrido.