El Govern sigue realizando pagos indebidos a extutelados mientras revisa casos antiguos

El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat continúa realizando pagos indebidos a jóvenes extutelados mientras todavía está en marcha la revisión de expedientes de años anteriores. Aunque estas ayudas ya no dependen de la antigua DGAIA (ahora rebautizada como DGPPIA), sino de la Dirección General de Prestaciones, el cambio en el modelo de gestión está generando disfunciones que afectan directamente al cobro de las prestaciones. El principal problema es que el circuito de comunicación sobre la vida laboral y los ingresos de los jóvenes, que son los principales condicionantes de la ayuda, se atasca, en muchos casos, cuando la información llega al Departamento.

El funcionamiento es el siguiente: los educadores sociales del Servicio de Avaluación de Prestaciones (SEVAP) elaboran informes en los que detallan su situación laboral actual y alertan de si es necesario aumentar, reducir o extinguir la prestación. Sin embargo, cuando esta información se traslada a la Generalitat —concretamente a la Dirección General de Prestaciones, que debe validarla— se produce un efecto embudo y los expedientes quedan bloqueados durante un tiempo.

Es entonces cuando aparecen las disfunciones: hay jóvenes que deberían haber dejado de cobrar la ayuda hace meses y siguen percibiéndola; otros han encontrado un empleo a tiempo parcial y su prestación debería haberse reducido. El problema también se produce en sentido contrario: chicos y chicas tutelados por la Generalitat que cumplen 18 años y tienen derecho a la ayuda, pero cuyo trámite queda encallado. En estos casos, muchos acaban recibiendo de golpe miles de euros con carácter retroactivo, una cantidad que no siempre saben o pueden gestionar adecuadamente.

Los trabajadores del SEVAP, servicio que Derechos Sociales subcontratata a la Fundación Resilis, lamentan a SER Catalunya que en su momento se les señalara por los pagos indebidos (4,7 millones según la Sindicatura de Cuentas) mientras ahora hay este atasco administrativo desde la Generalitat que, a su parecer, muestra que la culpa del escándalo de los pagos indebidos no fue culpa suya ni de los extutelados.

Fuentes de este servicio señalan que buena parte de los técnicos encargados de validar los expedientes están actualmente revisando casos antiguos para comprobar qué jóvenes cobraron prestaciones de forma indebida en años anteriores.

El Govern reforzará el personal

Desde el Departamento de Derechos Sociales admiten que el cambio en la gestión de las ayudas es complejo y requiere tiempo. También reconocen que no disponen de toda la información actualizada sobre altas, bajas o modificaciones de las prestaciones para jóvenes extutelados, aunque aseguran que no hay expedientes formalmente paralizados.

El Departamento está pendiente de la incorporación de una treintena de nuevos profesionales a la Dirección General de Prestaciones. El objetivo es agilizar los trámites y evitar el cuello de botella en las validaciones finales, que está provocando nuevos pagos indebidos y retrasando el acceso a la ayuda de quienes sí tienen derecho a ella.

Declaraciones responsables obligatorias

Paralelamente, los educadores sociales alertan de que la Generalitat está endureciendo los requisitos exigidos a los jóvenes hasta límites que consideran inasumibles. Denuncian que Derechos Sociales obligará a los chicos y chicas que viven en pisos tutelados gestionados por la DGPPIA a firmar cada mes una declaración responsable en la que certifiquen tanto su situación laboral como su lugar de residencia.

La medida pretende evitar nuevos pagos indebidos, pero los profesionales que acompañan a estos jóvenes advierten de que, en muchos casos, es prácticamente imposible de cumplir. Recuerdan que dentro del colectivo de extutelados hay personas con adicciones, conductas de riesgo o autolesiones, en situaciones de extrema vulnerabilidad, lo que convierte la simple firma mensual de un documento en una auténtica odisea.

Inicialmente, Derechos Sociales también había comunicado a los trabajadores de la Fundación Resilis que ellos mismos deberían firmar una declaración responsable validando los datos de los jóvenes. Finalmente, el Departamento ha dado marcha atrás y ha descartado exigir este requisito a los educadores sociales.