Abdul y Zhora, mayores, vulnerables y enfermos, se quedan en la calle dos días después de caer la moratoria de desahucios

Abdul y Zhora, de 76 y 72 años, él con una dolencia en la espalda y ella enferma de cáncer con tratamiento en cuidados paliativos, han sido desahuciados este jueves de su casa en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). El lanzamiento se ha producido dos días después de que cayera en una votación en el Congreso de los Diputados apoyada por Vox, PP, PNV y Junts la moratoria que impedía desahuciar a familias vulnerables. El caso de la pareja, que no llega a los mil euros de ingresos sumando dos pensiones, es un clásico en la crisis habitacional: se compraron una casa vieja en una empinada urbanización a principios de los 2000, dejaron de poder pagar la hipoteca, la entregaron al BBVA en una dación en pago, y les hicieron un alquiler social que acabó en manos del fondo Divarian.

“No han dejado de pagar ni un solo día, pero están sin contrato desde 2023”, explica su hijo, Adils, que pese al ofrecimiento de pasar dos noches en el centro de emergencias sociales de Barcelona, se ha llevado a sus padres a Esparreguera, donde vive. La familia ha pedido no aparecer en fotos, en un desahucio con presencia de dos furgonetas de Mossos d’Esquadra.

El Ayuntamiento de Sant Vicenç está al corriente del caso y renovó el informe de vulnerabilidad en noviembre pasado. “Si no hubiera caído la moratoria no se podría desahuciar”, lamenta. Sus padres no han querido recoger nada: “Les da mucha vergüenza. Están convencidos de que tienen razón, que no tienen por qué marcharse, y no quieren hacer las maletas”, dice el hijo, que, a escondidas, ha buscado un piso de alquiler para sus padres, pero nadie les quiere alquilar, con unos ingresos tan bajos. Zhora tenía este jueves sesión de quimioterapia en el hospital de Bellvitge y no ha querido ir.

A Paula Cardona, abogada del despacho Col.lectiu Ronda, el caso le llegó la semana pasada y ha hecho lo que ha podido para salvar el caso, pero el fin de la moratoria ha sido la puntilla. “Podrían haber entrado en la moratoria”, lamenta, aunque el juzgado no consideró la situación de vulnerabilidad en un intento anterior de desahucio. Ahora, sin moratoria, la situación se complicaba de entrada. “Lo que demuestra este caso es que la moratoria no cubría a okupas [como han dicho los partidos de derechas] y que a quien beneficia es a los fondos de inversión”, lamenta tras pasar mucho rato colgada al teléfono intentando salvar la situación con la abogada de la propiedad.

El lanzamiento de este jueves no era el primero al que se enfrentaban Abdul y Zhora. “El 19 de noviembre tenían señalada por primera vez el lanzamiento, pero al ver la juez la situación de mi madre, en plena quimio, con un 70% de discapacidad y la ayuda de una bombona de oxígeno para respirar”, no lo ejecutó, explica Adils. El alquiler que pagan es de poco más de 100 euros y la casa parece de autoconstrucción. “Ellos se han ofrecido hasta para pagar más de la mitad de las pensiones, 450 euros”, detalla el hijo, que no puede albergarlos en su casa, un piso pequeño, con cuatro hijos y a 50 kilómetros.

La abogada explica que el juzgado ha argumentado que la situación de vulnerabilidad de la familia no se deriva de la pandemia, como fijaba la primera moratoria. “Pero ha habido sucesivos motivos en las prórrogas: el volcán de la Palma, la inflación derivada de la guerra de Ucrania y ahora el texto se refería al ‘escudo social para las personas en situación de vulnerabilidad’”. “A algunos jueces no les basta con el informe de vulnerabilidad, se agarran a cuestiones técnicas cuestionando los informes en cuestiones como que falta el documento del padrón, cuando es obvio que si la familia ha sido atendida por servicios sociales es porque lo tiene”.

“He pedido prórrogas, pero desde ayer la moratoria no está vigente”

“He pedido prórrogas, pero desde ayer la moratoria no está vigente”, se desespera Cardona. “Al no poder citar la moratoria para frenar el desahucio, ayer miércoles hice un escrito en el que tuve que citar legislación europea, porque la única normativa que les protegería es europea y España, que la ha vulnerado varias veces, no la ha trasladado a normativa”. Cardona explica que otro paraguas legal que les habría cubierto, la 24/2015, conocida en Cataluña como ley antideshaucios, también les hubiera cubierto, pero fue tumbada por el Tribunal Constitucional. “Hace dos años este caso se hubiera parado”, constata. “Tenemos las manos atadas”, lamenta ante casos como este.