La pugna por Bellaterra: “Somos un barrio que no da problemas, rico y con mucho terreno”

La vida en la elegante urbanización de Bellaterra pasa tranquila. Los pocos que pasean un jueves por la mañana, muchos de fuera, lo hacen en la plaza del Pi, que concentra los escasos comercios: un supermercado, una peluquería, una entidad bancaria, una farmacia o una inmobiliaria con una oferta de casas que no bajan del millón de euros. Pero la placidez que se respira es solo aparente. “La situación es muy tensa”, comenta una trabajadora, no residente, de un comercio. La propuesta impulsada por una comisión vecinal para que Bellaterra —a unos 20 kilómetros de Barcelona y plagada de torres con piscina— deje de pertenecer a Cerdanyola del Vallès y se integre en la vecina Sant Cugat del Vallès, con mayor nivel de renta, despierta opiniones enfrentadas entre los vecinos y las formaciones políticas.

Durante su cita en la peluquería, Ana María, de 80 años, defiende enérgicamente la iniciativa: “El cambio es urgente. Hace 40 años que vivo aquí y ves agujeros en la calle o los cables de la electricidad colgando. Y para ir a Cerdanyola el bus casi hace un tour por toda Cataluña. Cerdanyola nos tiene abandonados”. A su lado, María (nombre ficticio) añade otros agravios: “Tenemos recogida de basura puerta a puerta y a veces no pasan, así que me la llevo para tirarla en Cerdanyola para que no la cojan los jabalíes. Y si tengo que pasear o alguna actividad de ocio voy a Sant Cugat, Cerdanyola es un pueblo muerto, no tiene nada”.

Sol Martínez, de 55 años, tiene una opinión muy distinta. “Siempre hemos sido de Cerdanyola, no sé por qué tenemos que cambiar. Los servicios están bien, vivimos en una urbanización y se piden cosas, como un ambulatorio o una escuela, que después nadie usará. Tenemos escuela e instituto público en la Autónoma, pero aquí la gente lleva los niños a la privada. Aquí hay gente muy aburguesada y quieren cambiar a Sant Cugat por un tema de estatus, los ricos quieren ir con los ricos. Pero entonces, que se vayan a vivir a Sant Cugat”, explica mientras sorbe un café en la cafetería de la plaza. Mientras la renta bruta media de Cerdanyola es de 39.042 euros, la de Sant Cugat asciende a 66.073, según datos de la Agencia Tributaria de 2023. Otra vecina, que no se identifica y se marcha con urgencia, añade que su preocupación, como sanitaria de profesión, es que el cambio supondría dejar de tener el Taulí de Sabadell como hospital de referencia para pasar a la Mutua de Terrassa.

Bellaterra nació hace un siglo como una urbanización de casas de veraneo. Los anhelos de autogobierno ya vienen de lejos. En 1993 solicitaron, sin éxito, convertirse en municipio. Sí lograron, en 2009, constituirse como Entidad Municipal Descentralizada, lo que le permitía tener una especie de pequeño ayuntamiento, dirigido por un cargo electo elegido por los propios vecinos en las elecciones municipales. En 2015, los vecinos votaron en una consulta independizarse de Cerdanyola, pero tampoco se hizo realidad, así que en 2018 cambiaron de estrategia y nació una comisión de vecinos para pedir la integración en Sant Cugat, una opción que apoyó el 61% de los habitantes.

Cerdanyola rechazó iniciar el proceso de segregación y la Comisión presentó un contencioso, que ganó en 2022, obligando al Consistorio a tramitar su petición. Ello implica que los dos ayuntamientos y entes supramunicipales implicados (consejo comarcal, la Diputación de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona) han elaborado sus respectivos informes valorando la viabilidad de la operación. Cerdanyola ultima el suyo, pero ya rechaza la secesión, mientras Sant Cugat lo ve viable técnicamente.

Integración en Sant Cugat

“Nos quieren porque somos un barrio que no da problemas, rico, porque generamos superávit y con mucho terreno”, sintetiza Miquel Vázquez, presidente de la Comisión de vecinos Bellaterra Sant Cugat, promotora del cambio. Vázquez resume las razones en la distancia territorial, la mala relación con el Ayuntamiento y la vinculación con Sant Cugat. “No estamos conectados con Cerdanyola porque está la Universidad Autónoma por medio y la autopista; tampoco hay transporte público, cuando con Sant Cugat nos distancian dos paradas de tren. Además, la mayoría de vecinos tiene sus hábitos de consumo, ocio y servicios básicos ligados a Sant Cugat. A ello se añade la falta de inversión del Ayuntamiento: no tenemos ni CAP, ni biblioteca ni escuela pública. Todo ello deriva en una mala relación con el Ayuntamiento, no hay conexión emocional con Cerdanyola y su Gobierno no nos representa”.

Uno de los argumentos que más enarbolan los defensores de la segregación es el déficit fiscal. Según el informe económico del Ayuntamiento de Cerdanyola incorporado en el expediente de segregación de Bellaterra, los vecinos de esta urbanización aportan, solo de ingresos por el IBI, 2,5 millones, mientras que en servicios obligatorios el Consistorio invierte 2,2 millones. A ello hay que sumar los ingresos por otro tipo de impuestos y tasas, lo que lleva a Vázquez a hablar incluso de “expolio” por parte de Cerdanyola.

El alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, no comparte los argumentos y recuerda que “la sociedad es así, de redistribución”, y ve el caso de Bellaterra como “un precedente peligroso, para que las zonas de alto poder adquisitivo se unan; lamentablemente, es una cuestión de clase”. Cordón es consciente del malestar y asegura que se ha abierto un proceso de diálogo. “Son gente que desprecia Cerdanyola, pero queremos hacerles cambiar de opinión. Estamos acabando de negociar un nuevo convenio para dotarlos de más financiación, triplicando los 600.000 euros actuales, y dándoles más competencias. También hemos iniciado mejoras de los servicios, así la gente verá pronto los cambios. Queremos iniciar una etapa de entendimiento y sin tribunales”.

Cordón incide en que Cerdanyola no quiere perder territorio y que Bellaterra es una “zona estratégica, es un corredor verde con Collserola” y admite que, con el descenso de ingresos, las cuentas municipales “se verían afectadas”. Con todo, el alcalde no concreta cifras a la espera del informe que están preparando y que prevén llevar al pleno de febrero o marzo.

Sant Cugat, en cambio, anhela la anexión. “Ganamos una estación de ferrocarriles [y con ella ya serían ocho], tendríamos frontera directa con la UAB y una serie de vecinos que ya son fans de Sant Cugat”, explica el teniente alcalde de Relaciones Institucionales, Jordi Puigneró. El concejal no prevé que la repentina llegada de 3.000 nuevos vecinos impacte en los servicios municipales. “La ciudad ya está preparada porque ya hacen vida aquí y la ciudad tiene recursos. La verdad es que este es el punto que menos nos preocupa”.

Ambos ayuntamientos han protagonizado esta semana un duro intercambio de acusaciones. Cordón tildó de “deslealtad institucional” a Sant Cugat por el informe de anexión favorable “basándose en intereses económicos y electorales” y critica que su ciudad vecina ponga tantas trabas en el padrón municipal con los inmigrantes, pero a los vecinos de Bellaterra les ponga “una alfombra roja”. Puigneró defiende que se trata de un “documento técnico” y que hasta ahora Sant Cugat se había mantenido al margen de un conflicto que es ajeno a ellos. “Que Cerdanyola mire por qué hay parte de su territorio que hace 25 años que quiere irse”, remata.

El futuro encaje

El proceso debe resolverse con el pronunciamiento de la Generalitat de aquí a unos meses, que seguramente acabará con el recurso de la parte descontenta con la resolución. En todo caso, un punto que puede ser clave en el futuro es el encaje que tendría Bellaterra en Sant Cugat. La actual normativa ya no permite a los municipios crear nuevas EMD. “Tenemos que ver cómo encajaría, si como barrio, consejo de barrio u otra cosa”, apunta Puigneró.

Este punto crea fricción entre los mismos vecinos de Bellaterra. El presidente de la EMD lo ve como una línea roja, porque así se decidió en la consulta de 2018, y ve un agujero normativo. “No está tan claro que se pierda la EMD cuando hay un cambio de municipio porque no hay antecedentes y la jurisprudencia no está clara, todo son interpretaciones”, apunta Riba. En cambio, para Vázquez la prioridad es dejar Cerdanyola a toda costa y pide una nueva consulta sobre este aspecto.