Las entidades sociales piden al Govern medidas urgentes en pobreza energética tras caducar el convenio con Endesa

La falta de una alternativa clara tras la caducidad del convenio entre la Generalitat y Endesa en materia de pobreza energética ha puesto en alerta a las entidades sociales. La Taula del Tercer Sector y la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) han reclamado este miércoles al Govern medidas urgentes para encontrar una solución, y piden que se convoque de forma urgente la mesa sobre pobreza energética. El convenio —el único que existía entre una empresa energética y una administración en España— no ha terminado de desplegarse en todo su potencial, pero al menos obligaba a la empresa a cumplir con ciertos compromisos con las familias vulnerables, como por ejemplo la condonación de la deuda que estas acumulan por facturas impagadas, o la instalación de contadores sociales en pisos ocupados para evitar que las familias pinchen la luz y aumente el riesgo de incendio. Estos compromisos quedan ahora en el aire, y las entidades recuerdan que solo se condonó la deuda acumulada entre 2015 y 2021, pero no la de los cuatro años siguientes. El convenio fue firmado en 2021 y tenía una vigencia de cuatro años, que expiraba el pasado 31 de diciembre. Tal como ha avanzado EL PAÍS, el acuerdo caducó sin que ni la empresa ni la Generalitat hayan encontrado todavía una alternativa, aunque afirman que siguen buscando “formas de colaboración”.

La Taula y la APE han expresado en un comunicado su “profunda preocupación por el hecho de que no se haya cumplido el compromiso de desplegar el convenio que regula la pobreza energética”. La firma de este convenio entre Endesa y la Generalitat fue voluntaria, y de hecho ninguna otra empresa del sector, ni de luz ni de gas, ha acepado llegar a un acuerdo similar. La firma, en 2021, se enmarcó en un momento de emergencia energética por el alza de precios tras la pandemia, que se agravó un año después por la guerra de Ucrania, y Endesa aceptó firmar al ser la empresa que más cuota de mercado tiene en Cataluña —el 98% de la distribución eléctrica y algo menos del 50% en la comercialización de energía—.

Tanto la empresa como la Generalitat admiten que el convenio no se renovará y que todavía no han encontrado una forma de colaboración que pueda servir de alternativa. Argumentan que la crisis de precios se ha mitigado, y que ahora, a diferencia de cuando se firmó el pacto, hay herramientas de protección estructurales, impulsadas en el Estado, como el bono social y el escudo social.

Aunque es cierto que la ley 24/2015, y ahora el escudo social, impiden que se corte el suministro a las familias que acrediten vulnerabilidad, las entidades sociales consideran que ni esta medida ni la del bono social son suficientes para luchar contra la pobreza energética, y no se pueden presentar como alternativas al convenio. Las entidades recuerdan que el bono social, un descuento en la factura subvencionado por el Gobierno, tiene una implementación en Cataluña muy por debajo de lo que debería —una cuarta parte de las familias que tendrían derecho a recibirlas por su situación vulnerable no lo recibe—. En Cataluña, según los datos del Gobierno, algo más de 185.000 personas reciben el bono social eléctrico, mientras que la población que sufre pobreza energética es de 1,4 millones de personas. La tasa de pobreza energética es en Cataluña, con datos de 2024, del 17,6%, algo menor que en 2023 (cuando era del 20%) pero todavía muy elevada con respecto a los niveles de antes de la crisis financiera (en 2008 era del 5,9%).

Según la Taula y la APE, para luchar contra la pobreza energética hacen falta convenios como el que ha caducado, o incluso más ambiciosos. “Siempre hemos defendido que es una herramienta pionera y clave para garantizar la protección y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad energética”, señalan las entidades en un comunicado. La falta de un convenio renovado “incrementa la incertidumbre y la angustia de muchas familias que quedan desprotegidas ante un bien de primera necesidad, fundamental para la dignidad y el bienestar de las personas”, apuntan.

Una de las medidas estrella del convenio de 2021 era la condonación de la deuda que acumulaban unas 41.000 familias vulnerables en facturas impagadas entre 2015 y 2021. Endesa aceptó condonar parte de esta deuda y se hizo cargo de 28,1 millones de euros, mientras que la Generalitat asumió 10,6 millones. La condonación de esta deuda se cumplió, aunque con retrasos, pero las entidades recuerdan que queda pendiente la deuda que se ha generado en facturas impagadas entre 2022 y 2025.

Sobre la otra medida estrella, la de los contadores sociales en pisos ocupados por familias vulnerables, Endesa solo ha instalado 117 contadores en este tiempo, una cifra que las entidades consideran muy inferior a la de las familias que tendrían derecho a ello. Los contadores, cuando se instalan, tienen una vigencia de un año, y la falta de convenio deja ahora en el aire que se puedan volver a instalar.