Desahucian a siete familias de un bloque del Raval de Barcelona por riesgo de derrumbe
El Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda y Ocupación municipal aportó un informe de Bombers que dice que no hay un riesgo inminente
Las familias que vivían de alquiler en siete viviendas de un bloque del Raval de Barcelona, 15 adultos y dos menores, han sido desahuciadas este miércoles y cuatro de ellas derivadas a centro de servicios sociales porque carecen de alternativa habitacional, según ha indicado el Ayuntamiento de Barcelona. Las otras tres familias desahuciadas han conseguido un alojamiento por su cuenta y en la finca, ubicada en la calle Tigre, 24, quedan ahora otras cuatro unidades de convivencia.
El Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda y Ocupación (SIPHO) de Barcelona está haciendo seguimiento de la situación de las personas afectadas desde el pasado 22 de diciembre, día en que el juzgado de primera instancia número 22 le informó de la ejecución del desahucio, inicialmente prevista para el 23 de diciembre, en cumplimiento de las medidas cautelares interpuestas ante el riesgo de derrumbe.
Según fuentes municipales, el 23 de diciembre el SIPHO se personó en el lanzamiento y aportó a la comitiva judicial el informe de Bombers de Barcelona que indicaba que “hacen falta medidas de reacondicionamiento del inmueble, pero no había un riesgo inminente en el edificio” y también solicitó a la propiedad que suspendiera el lanzamiento, sin llegar a un acuerdo.
“La representación de la propiedad no quiso suspender el lanzamiento, amparándose en el mal estado de la finca y el riesgo que comporta que haya personas viviendo”, por lo que se aplazó hasta este miércoles 7 de enero, ha indicado el consistorio.
La movilización vecinal no evita el desahucio
La protesta vecinal contra el desahucio de estas familias convocada por el Sindicato de Vivienda de Ciutat Vella no ha conseguido impedir que los Mossos d’Esquadra ejecutaran la orden judicial en este segundo intento. Según el sindicato, las familias afectadas tienen contratos de alquiler en vigor, están al corriente de pago y además, hay informes de los bomberos que certifican que no hay riesgo de derrumbamiento.
El sindicato sostiene que el objetivo de la propiedad era que los vecinos se marcharan del edificio para poder rehabilitarlo y alquilar los pisos a precios más elevados. Explican que, durante meses, las familias afectadas han sufrido acoso y que la propiedad no ha hecho actuaciones de mejora necesarias en el edificio y que, incluso, ha rechazado el pago de los alquileres del mes de diciembre.
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