El Govern aportará 5,7 millones anuales adicionales hasta 2029 para mejorar el turno de oficio

El Govern y el Consell de l’Advocacia Catalana (Cicac) han formalizado este martes un acuerdo que prevé una aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales durante 4 años, entre 2026 y 2029, hasta alcanzar un total de 22,8 millones para reforzar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita en Cataluña, ha informado el Departamento de Justicia en un comunicado.

El servicio de Asistencia Jurídica Gratuita es el sistema por el que las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para costearse un abogado pueden acceder a la justicia en igualdad de condiciones, y que les proporciona asesoramiento jurídico, defensa y representación legal en procedimientos judiciales.

El acuerdo entre el Govern y el Cicac tiene como objetivo recuperar progresivamente el 31% del poder adquisitivo perdido desde 2011 como consecuencia de la falta de actualización de los módulos de compensación económica de las actuaciones profesionales del turno de oficio.

En el caso concreto de 2026, la voluntad del Govern es que esta aportación adicional de 5,7 millones de euros se haga efectiva mediante una adenda en el convenio de colaboración con el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), como mecanismo operativo para hacer llegar los recursos al sistema del turno de oficio.

Además, prevé que los recursos adicionales se destinen directamente a la retribución de las actuaciones profesionales de los abogados del turno de oficio, a la actualización de los módulos y guardias y a la mejora de la asistencia al detenido, y se espera que el incremento presupuestario tenga un “impacto directo y tangible” en el funcionamiento del servicio y en la calidad de la atención a la ciudadanía.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por el presidente del Cicac, Rogeli Montoliu, en un acto en el Palau de la Generalitat al que también ha asistido el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

Espadaler ha manifestado que la firma de este acuerdo político es “un acto de justicia”, que permite recuperar los recursos económicos del turno de oficio que habían quedado prácticamente congelados desde 2011.

Salvador Illa ha dicho que “garantizar una buena justicia es sinónimo de garantizar una buena democracia y un buen estado de bienestar” y ha añadido que con la firma de este acuerdo se da respuesta a una demanda histórica de la Abogacía, en sus palabras.

Montoliu ha señalado que el acuerdo supone un “doble reconocimiento”: por un lado, reconoce que la justicia gratuita es un servicio público fundamental y, por otro, que este servicio sólo puede funcionar si los abogados que lo prestan son respetados.