La Universidad de Barcelona lleva el ‘caso Flecha’ a Fiscalía al detectar delitos “muy graves” que encajan con un “grupo coercitivo de alto control”

La Universidad de Barcelona ha trasladado este lunes a la Fiscalía las acusaciones por coerción sexual y psicológica, denunciadas por 16 mujeres contra Ramón Flecha, catedrático emérito de Sociología y director de CREA (Community of Research on Excellence for All), un centro de investigación especializado en los casos de violencia sexual en las universidades y que ahora el campus ve indicios que encajan como un posible “grupo coercitivo de alto control”. El campus abrió una investigación interna a raíz de la denuncia de las víctimas, unas pesquisas que no han finalizado, pero ante la “gravedad” de los hechos narrados y la coincidencia del relato, el rector Joan Guàrdia ha optado por avanzarse a la conclusión y tomar medidas, entre ellas también, la suspensión de trabajo de dos profesores de la UB y la retirada del cargo de catedrático honorario a una tercera persona.

El caso se dio a conocer en julio, cuando 14 mujeres denunciaron en un escrito al rector el abuso de poder y coerción sexual reiterado ejercido por Ramón Flecha durante más de dos décadas. Las denunciantes —alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas— relatan haber “mantenido relaciones sexuales con Flecha en un contexto de clara desigualdad jerárquica y bajo un patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral”, según su escrito.

En la carta, las mujeres detallan el modus operandi del catedrático: el primer contacto se producía en el entorno académico. A las alumnas les ofrecía entablar una relación personal, normalmente acompañadas de ofertas para integrarse en CREA, participar en sus proyectos, integrarlas en algún departamento universitario o guiarlas en su doctorado. Los contactos se hacían “a través de citas, cafés o encuentros informales, o eventualmente en el marco de tutorías”. En los encuentros, Flecha realizaba preguntas íntimas para analizar sus traumas o conflictos anteriores, para pasar a insinuaciones y, finalmente, contacto físico y relaciones sexuales “mantenidas de forma simultánea con varias de ellas”, combinándolas con proposiciones de proyectos o asistencia a congresos. Pero la coacción no se acababa aquí, según la denuncia, ya que el catedrático les indicaba “cómo debían vestir, cómo debían comportarse e incluso qué y cuánto debían comer y/o beber”.

La carta también insinúa que el centro de investigación tenía un comportamiento similar a una secta -algo que ya fue denunciado, investigado y archivado en 2016-, en que mujeres del mismo CREA validaban el comportamiento de Flecha y, si lograban salir del centro e intentan denunciar lo que habían vivido dentro, se iniciaba “una campaña no solo de desprestigio sino de descrédito profesional”.

Por su parte, el catedrático siempre ha defendido su inocencia y se ha presentado como “víctima” por las denuncias contra la violencia de género que ha denunciado, señalando a compañeros de la universidad, durante años. Flecha dejó oficialmente la dirección de CREA en 2006, pero seguía, en la práctica, liderando el centro, según se puede comprobar en las publicaciones y relatan los testimonios.

La universidad, en un primer momento, aseguró que no podría actuar porque la carta recibida en junio solo era “una petición de información, pero no una denuncia”, y se desvinculaba del caso porque el CREA era un centro no adscrito a la UB desde 2015 (aunque entonces se dijo 2020). Pero tras la denuncia formal de las mujeres, que al final han sido 16, el rector tomó tres medidas: la suspensión temporal de Flecha, activar una comisión de investigación y suspender toda actividad que el centro de investigación pudiera organizar en edificios de la UB.

La comisión, formada por tres especialistas en violencia de género y acoso institucional, empezó su investigación en septiembre. Desde entonces, ha tomado declaración a 11 testimonios, todas víctimas. Aunque el procedimiento no ha finalizado -calculan una duración mínima de 18 meses-, los declarantes relatan “hechos muy graves” y que implican a personal de la UB, según fuentes del campus. El informe provisional realizado por la comisión da por probada la veracidad de los testimonios y concluye que los hechos relatados encajan con conductas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias que podrían encajar con un grupo de coercitivo de alto control (que implica un liderato fuerte y después una cúpula que ayuda a desarrollar estas conductas).

Con estas evidencias, el rector ha comunicado este lunes a la comunidad universitaria una serie de decisiones. Por una parte, se eleva el caso a la Fiscalía para que inicie, si lo considera, un procedimiento penal. Si ello sucediera, la universidad se personará como acusación particular en el caso. Por otro lado, se decide tomar medidas contra las personas más señaladas por los testimonios: además de Flecha, dos profesores más de la universidad -cuyos nombres no revela el campus-, que serán suspendidos de trabajo, pero no de sueldo (porque no hay una resolución firme). Asimismo, se suspende la condición de catedrático honorario a un tercer docente, ya jubilado.

Asimismo, la comisión continuará su investigación, porque falta los testimonios de los acusados (aunque el trabajo de los expertos podría paralizarse si se abre la causa judicial). Otras medidas en ofrecer soporte y acompañamiento psicológico a las personas afectadas e intentar evitar que los implicados en el caso puedan usar sus méritos profesionales y académicos para participar en procesos de selección de personal y asciendan de categoría, un extremo que la UB admite que todavía debe estudiar bien para no incurrir en ilegalidades.

El claustro exigió una respuesta

El rector Joan Guàrdia ya avanzó el pasado 12 diciembre que tomaría medidas, a pesar de que la investigación no había finalizado, durante la celebración del claustro de la universidad, a petición de la Asamblea feminista del campus. En el encuentro, el rector explicó que ya en noviembre la comisión le pidió que “dada la reiteración y gravedad de los hechos”, se activara “una resolución más rápida y no esperar a que el proceso finalice”.

La Asamblea feminista también incidió que no se trata de “un caso aislado, sino que sigue un patrón sistemático de abuso de poder sostenido durante décadas y amparado por un sistema universitario que no quiso pararlo a tiempo”. Y es que esta no es la primera vez que CREA es foco de investigación. El centro ya fue denunciado en 2004 por la gestión de becas, el funcionamiento interno del grupo y la gestión económica del centro; y en 2016 “por comportamiento sectario y abusos psicológicos” por la denuncia de una persona, según la UB. Ambas investigaciones fueron archivadas por la Fiscalía, porque se concluyó que “no había hechos constitutivos de delito ni había pruebas objetivas de infracción penal”. A pesar de la similitud de la denuncia actual con la de 2016, fuentes del campus esperan que ahora prospere porque “se han tipificado bien los delitos” y por una mayor sensibilidad social ante estos hechos.

Se duplican los casos

Durante el claustro también se presentó el informe sobre la gestión de casos en el ámbito de la igualdad y no discriminación. El documento indica que, en 2025, la UB ha gestionado un total de 98 casos (60 más que en 2024, lo que supone más del doble), de los cuales 46 fueron consultas, 44 quejas y 8 denuncias. El campus atribuye este notable incremento a un “aumento de la confianza de la comunidad educativa” en la universidad. Prácticamente todas estas últimas hacen referencia a casos de acoso y agresión sexual y los denunciados son todo hombres, seis de los cuales estudiantes, un profesor y un administrativo.

Las consultas mayoritarias son por temas formativos, aplicaciones del protocolo y recursos para las víctimas de violencia de género. En cuanto a las quejas, abundan las relacionadas con conductas machistas y por acoso y violencia de género. Según el informe de las denuncias recibidas entre 2024 y 2025, dos han acabado en la vía penal en los tribunales. Asimismo, entre 2023 y 2024 se abrieron cinco expedientes disciplinarios (ninguno este año), que supusieron la suspensión de trabajo en caso del personal universitario y de los derechos del estudiante. El informe también indica que hay 17 personas atendidas por la unidad de psicología del campus.