Collboni aprobará la nueva ordenanza de civismo de Barcelona con los votos de Junts y ERC

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, podrá aprobar la nueva ordenanza de civismo antes de final de año con los votos de Junts y ERC. El texto, aprobado en 2005 y pendiente de revisión desde hace una década, aumenta las multas para botellones, venta ambulante ilegal, rutas de borrachera (hasta 3.000 euros) y grafitti, y obliga a sus autores a limpiar las pintadas. Políticamente, para el gobierno municipal del PSC el acuerdo es relevante. El sí de Junts supone el primer pacto de los socialistas con el partido que ganó las elecciones, a quien han aceptado las 12 alegaciones presentadas: cuestiones como fijar un calendario de aplicación, la subida de las sanciones incluyendo la “reincidencia incívica” como agravante o la obligación de limpiar pintadas.

Otra gran reforma que estuvieron a punto de acordar PSC y Junts fue la flexibilización del 30% de vivienda pública, que quedó aparcada en verano pasado. ERC, por su lado, presume de impedir un viraje a la derecha de la ordenanza con medidas sociales. El texto se votará este jueves en comisión y definitivamente el viernes 19 de diciembre, en el último pleno del año.

El líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, ha celebrado que “la nueva ordenanza incorpore el ADN de Junts”, una fuerza que “apuesta por el orden en todos sus aspectos” y acabe con “diez años de plomo” [los dos de la exalcaldesa Ada Colau y el actual de Collboni], marcados por el “desbarajuste, la degradación del espacio público y el incumplimiento de la ordenanza”. Martí ha criticado que entre 2023 y 2024 solo se han cobrado el 16% de las multas.

Las aportaciones de los neoconvergentes también incluyen el compromiso de que el ejecutivo municipal pida al Gobierno fijar mecanismos de cooperación internacional para que los ciudadanos extranjeros multados en la ciudad acaben pagando las multas, y que, en el futuro, los “antecedentes incívicos” consten en los informes de arraigo de extranjeros durante el trámite de obtención de permisos de trabajo. Martí también se ha congratulado de que las aportaciones a la ordenanza “no son una acción aislada de Junts”. “Estamos consiguiendo otras cosas importantes, contribuimos a que pronto nuestra ley de multirreincidencia prospere en el Congreso, así como la que lucha contra las ocupaciones”.

Por parte de ERC, el concejal Jordi Coronas ha recordado que la ordenanza “está desfasada y no es posible garantizar su cumplimiento” y ha explicado las aportaciones de los republicanos: “Priorizar la mediación en las situaciones de conflicto en el espacio público, que se ha revelado un mecanismo más resolutivo que las sanciones; que se amplíe el catálogo de medidas alternativas; y que quede claro que las sanciones por incivismo quedan desvinculadas de los informes de arraigo de migrantes, porque sería discriminatoria”. Por último, Coronas ha destacado que fruto de la negociación presupuestaria con el PSC, el presupuesto, pendiente de aprobación definitiva, incorpora 100 nuevos agentes de la Guardia Urbana.