750 euros por orinar en la calle y hasta 3.000 por organizar rutas de borrachera: Barcelona busca poner coto al incivismo

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este viernes el proyecto de reforma de modificación de la Ordenanza de Civismo. El proyecto tiene como objetivo endurecer las multas a las conductas incívicas, reducir las bonificaciones por pronto pago y actualizar el listado de conductas sancionables de la anterior ordenanza aprobada hace 20 años. El proyecto ahora está en las mesas de los diferentes partidos políticos y deberá debatirse en las comisiones de presidencia de junio y julio. La nueva norma no se aprobará en el pleno hasta finales de año por lo que todo apunta que entrará en vigor en primavera de 2026.

El individuo que sea interceptado hoy por la Guardia Urbana de Barcelona orinando en la vía pública se enfrenta a una multa de 300 euros que se puede quedar en 75 euros si paga rápido acogiéndose a una bonificación del 75% por pronto pago. Cuando la nueva ordenanza entre en vigor, la multa, dependiendo de donde se realice la micción, será de entre 300 y 750 euros y solo se podrá acoger a una bonificación de pronto pago de entre el 50% y el 40%. Con el botellón y los grafitis, la Ley Orgánica de Protección Ciudadana -la bautizada como ley Mordaza- no permite endurecer la sanción de la horquilla de 100 a 600 euros aunque con la nueva ordenanza la bonificación será de entre 50% y 40% (antes era del 75%). Pese a la limitación de la Ley Mordaza, el Ayuntamiento ha encontrado una grieta en la norma para aumentar la sanción en el caso de los grafiteros ya que obligará a los incívicos a asumir el coste de la limpieza. En cuanto al botellón, el equipo de gobierno ha conseguido añadir una conducta sancionable que es la promoción de rutas etílicas. Ello será castigable con una multa de 1.500 a 3.000 euros o se penalizará a los participantes de los botellones, si hay menores de edad entre ellos, con multas de 750 a 1.500 euros.

La comisionada de convivencia, Montserrat Surroca, ha destacado este viernes que además de novedades como “la obligación de asumir los gastos de la limpieza” a los grafiteros, también, se ha añadido la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por medidas alternativas o educativas en caso de que aquellos que cometen la infracción pertenezcan a colectivos vulnerables.

Surroca ha defendido la incorporación de artículos para castigar los actos contra la dignidad y la libertad e indemnidad sexual. “Si podemos tramitar por la vía administrativa algunas conductas pueden acabar facilitando una denuncia”, mantiene Surroca en referencia a conductas como “exhibicionismo, masturbaciones, manifestaciones o expresiones verbales degradantes o humillantes, tocamientos…” que no quieren que quede impune en la ciudad de Barcelona. “Si estos actos acaban en denuncias penales y hubiera una sentencia absolutoria podríamos recuperar la vía administrativa para que sea castigable aquellas conductas que no queremos en la ciudad”, ha argumentado.

“También hemos aprovechado la reforma para actualizar algunas conductas relacionadas con ruidos y animales. Hemos incorporado la obligatoriedad de diluir las micciones de los animales”, ha informado la comisionada. Otra de las novedades que añade la ordenanza es la posibilidad de que las personas no residentes en España puedan abonar la sanción a los agentes de la Guardia Urbana en el mismo momento que se le impone la multa.

El teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, ha anunciado que ha habido conversaciones con todos los grupos municipales, a excepción de Vox para redactar la nueva ordenanza. “Nuestra voluntad es llegar a pactos y acuerdos con todos los partidos y queremos integrar todas las observaciones que nos lleguen pero no queremos ni que se pierda ni perder tiempo”, ha argumentado. “Nos preocupa que no se cobren las sanciones, queremos aumentar el régimen sancionador y, paralelamente, aumentar la campaña de civismo”, ha asegurado Batlle. “Hay multas vinculadas al botellón que sí se pagan pero las del comercio ambulante cuesta más”, ha reconocido Surroca. “Las medidas alternativas a las multas no se han incorporado en el decreto y se deberán añadir posteriormente. Un ejemplo sería que los grafiteros tengan que limpiar las pintadas pero lo tenemos que seguir trabajando”, ha asegurado la comisionada de convivencia.