La burocracia y la inflación encarece un 50% el coste de construcción de nuevas escuelas en Cataluña

Los retrasos salen caros. La burocracia, la lentitud de la Administración y la inflación disparada de los últimos años (que ha encarecido los materiales) hará que el Departamento de Educación se tenga que rascar más el bolsillo para tirar adelante la construcción de nuevas escuelas. El Govern ha aprobado este martes la actualización de cinco convenios con ayuntamientos, que habían sido firmados inicialmente hace cinco años y que entonces sumaban un coste de 14,7 millones, pero que ahora se disparan a los 22,6 millones, de los cuales el Departamento asume 17,7 millones, y el resto los ayuntamientos. Todos ellos son casos en que las obras no se han iniciado y tampoco hay fecha prevista, ya que en la mayoría no existe ni proyecto constructivo, así que las cifras podrían subir todavía más.

En detalle, dos de los casos afectan a escuelas que actualmente están en barracones y en que el plan es construir un edificio para albergar las aulas. Uno de ellos es la Fanals d’Aro de Castell i Platja d’Aro, en módulos desde 2008, pero que al recibir el proyecto arquitectónico se vio que los 3,5 millones previstos se había quedado cortos y se duplica hasta los 6,9 millones. De los cinco convenios, este es el que se podría materializar antes porque es el único que cuenta con proyecto, explican fuentes del Departamento de Educación. El segundo es el Carme Guasch de Figueres, en módulos desde 2006; aquí se ha alargado el convenio hasta finales del 2029, pero el importe se mantiene en 5,8 millones, aunque Educación no descarta que sea necesario revisar la cantidad cuando se diseñen los planos.

Los otros tres casos hacen referencias a ampliaciones de edificios ya existentes: el Mont-roig de Balaguer (cuyo coste pasa de 2,2 a 3,7 millones), La Parellada de Santa Oliva (de 1,2 pasa a 2,3 millones) o el instituto escuela Lluís Piquer de Parets del Vallès (de dos a cuatro millones).

Asimismo, el Govern ha aprobado un sexto convenio, en esta ocasión con el Ayuntamiento de Castellar del Vallès para rehabilitar la cubierta -con muchas goteras- de la escuela Emili Carles-Tolrà, un edificio de 1934 y cuya reparación tendrá un coste de 700.000 euros.

Especialistas de FP

La consejera de Educación, Esther Niubó, también ha comparecido este martes en comisión parlamentaria para hablar de la asignación de plazas en la FP y del nuevo Decreto de Orientación educativa. En cuanto a la Formación Profesional, Niubó ha anunciado que antes del mes de mayo quieren crear una nueva bolsa de profesorado, pero en esta ocasión destinada a paliar la falta de perfiles muy especializados. La consejera ha puesto algunos ejemplos: “Tenemos problemas en Mecánica, pero también a veces nos piden profesores especialistas en postres de chocolate veganos, en operadores de grúa o de fotografía subacuática”.

Niubó también ha destacado el éxito del proceso de inscripción de la FP y el hecho de haber concentrado el calendario para que los alumnos supieran si tenían plaza durante el mes de julio. Con todo, ha admitido problemas en la fase de repesca de septiembre, en que el proceso pasaba de ser telemático a presencial, cosa que generó colas kilométricas en algunos institutos. “Somos conscientes de estos problemas y estamos mirando cómo solucionarlo para que el año que viene no se repita”, ha asegurado.

Pero uno de los puntos que los partidos de la oposición más han recriminado a Niubó es el retraso en la aprobación del nuevo Decreto de orientación educativa, que debe servir para dotar de estos especialistas a escuelas e institutos y desplegar una medida clave en la lucha contra el abandono escolar prematuro. Los partidos también han lamentado que la nueva normativa no concrete ni la dotación de personal ni la ratio mínima de orientador por alumno.

La consejera ha negado retrasos y ha asegurado que el decreto, en exposición pública desde mayo, está siguiendo los procesos necesarios. Asimismo, ha avanzado que la intención es que el Govern lo apruebe durante el primer trimestre de 2026. El proyecto de normativa no concreta cifras, pero sí lo hace la memoria económica que lo acompaña: apunta a una inversión de 232 millones durante siete cursos y prevé la incorporación de 500 orientadores en las etapas postobligatorias y 500 más para los centros concertados. Asimismo, incluye la contratación de 2.000 técnicos de integración social y 1.200 educadores sociales para escuelas de primaria, públicas y concertadas.

Niubó no ha querido comprometerse con ninguna cifra y ha asegurado que la magnitud y velocidad de implantación del decreto dependerá de los Presupuestos. “El decreto está a punto, pero estamos esperando saber la disponibilidad presupuestaria para poder hacer un despliegue más o menos rápido”, ha rematado.