Sin víctima ni rastro del dinero: así se archivó la causa por la ‘venta’ de una menor a una familia de Mollerussa

La investigación judicial sobre la menor presuntamente vendida por su familia de Corella (Navarra) a una familia de Mollerussa (Lleida) ha acabado, como ocurre a menudo con los matrimonios infantiles, en fracaso. El juez de Tudela (Navarra) se ha visto abocado a archivar de forma provisional la causa después de que la adolescente, de 14 años, lo negara todo en su declaración: dijo que estaba con la nueva familia de forma “voluntaria”, negó que la hubieran casado con un joven de 21 años y rechazó que la estuvieran obligando a mendigar.

Sin declaración de la víctima, la falta de otros indicios sólidos (el supuesto pago de 5.000 euros no se ha podido acreditar y los padres se acogieron a su derecho a no declarar) llevaron al magistrado a cerrar el caso. Las medidas de protección han decaído también y la menor ha vuelto, supuestamente, con su familia, fuera en cualquier caso del radar de la Administración, que no puede intervenir más allá de que los servicios sociales catalanes o navarros hagan seguimiento de su situación.

La Fiscalía de Navarra está estudiando el procedimiento para valorar si presenta recurso contra el archivo, según han explicado a este diario fuentes del ministerio público. Pero el final abrupto de la causa penal no sorprende a los investigadores. Los matrimonios infantiles concertados a cambio de una suma de dinero que se detectan en España, especialmente entre la comunidad gitana rumana, suelen tener el mismo recorrido: sin consecuencias penales. Ha ocurrido con la menor de 14 años y en casos similares en Cuenca y Ciudad Real, explican responsables en la lucha contra la trata de seres humanos. “Entendemos la decisión del juez de sobreseer el caso, pero la frustración que sentimos es enorme”, cuentan esas fuentes.

El caso de la menor criada en Corella, un pueblo navarro de menos de 9.000 habitantes, parecía haber empezado con buen pie: con una confesión espontánea del delito de trata de seres humanos con finalidades de matrimonio forzado. El pasado 25 de agosto, agentes de la policía local identificaron en la calle al padre, que explicó que había vendido a su hija por 5.000 euros a un gitano rumano residente en Mollerussa. Ese día, la madre añadió que la adolescente estaba viviendo en Francia con su ‘marido’. El caso quedó en manos de la Guardia Civil, que un mes más tarde tomó declaración a una supuesta amiga de la madre, a quien ésta le había contado que vendieron a la menor por esa cantidad de dinero y también por “cinco botellas de whisky y algo de comida”. La testigo entregó fotos publicadas en Facebook de la ceremonia en la que, supuestamente, la menor contrajo matrimonio con el joven.

Aunque la menor ya estaba residiendo en Mollerussa con la familia política, no hubo noticias de ella hasta el 4 de octubre, cuando un vecino de Les Borges Blanques (Lleida) la vio a la puerta de un supermercado pidiendo comida y avisó a la policía. Los compradores fueron a la comisaría y se presentaron como tíos de la chica para llevársela, pero los Mossos comprobaron que la Guardia Civil había emitido una alerta de protección. La adolescente quedó desde ese momento bajo la tutela de la Generalitat catalana y las cinco personas que supuestamente participaron en la transacción fueron detenidas.

La investigación se frustró el viernes, cuando, como perjudicada, la menor declaró que vive “de forma voluntaria” con “sus tíos y un primo” en Mollerussa. Preguntada por las fotos de Facebook, dijo que no eran de su boda sino de “una celebración familiar” distinta. Ante la contundencia de ese relato, los hechos del atestado policial no se han podido acreditar por la falta de “elementos que lo corroboren periféricamente”, dice la resolución judicial. La testigo, la que entregó las fotos, solo tiene información de referencia, mientras que el silencio de los padres echa por tierra su locuacidad ante la policía local. “Lo que dicen en sede judicial es lo que vale”, recuerdan fuentes judiciales.

La tradición y la ley

La declaración de una niña de 14 años, dependiente de su familia e imbuida de sus tradiciones, no puede ser la única prueba, advierten las fuentes consultadas. “Habría que ver qué atención ha recibido ante de declarar, si se le ha explicado cómo sería su vida si denuncia o qué recursos se pondrían a su disposición una vez fuera de la protección del núcleo familiar”, explica Carme Vinyoles, de la asociación Valentes i Acompanyades, que lucha contra el matrimonio forzado. Vinyoles considera que se podrían haber hecho “más indagaciones” antes de cerrar el caso.

En algunas comunidades de gitanos rumanos, el pago de cierta cantidad de dinero al acordar una boda entre familias se considera una dote. Los matrimonios a edades muy tempranas siguen siendo una realidad, pese a que la edad de consentimiento legal en España (16 años) convierten en agresión sexual cualquier relación que la menor navarra tuviera con su pareja. “La costumbre no es una base de derecho”, recuerda un alto responsable policial de la lucha contra la trata de seres humanos. Pese a los esfuerzos de los agentes para “objetivar” las situaciones de matrimonio forzado (rastreando, por ejemplo, los pagos), muchas veces caen en saco roto por la opacidad de esos pagos o por el contexto en que se producen.

“Sin declaración de la víctima, es difícil seguir un proceso y más cuando no hay testigos ni prueba indiciaria. Es triste pero es así”, afirman fuentes judiciales, que admiten la “desprotección” en que puede quedar la menor. La gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad, ha afirmado este lunes que “hay muchas claves que analizar” en el caso y ha recordado que los matrimonios forzados, aunque son “poco habituales”, son “casos de violencia sexual”.