La Síndica de Greuges de Cataluña propone que los jóvenes puedan votar a los 16 años

Con 14 años, un menor ya puede ser juzgado penalmente, pero debe ir acompañado por un adulto a un concierto. Con 16 puede abandonar los estudios, pero necesita a los padres para matricularse; también puede trabajar, pero no abrir una cuenta bancaria; y puede decidir sobre sus tratamientos médicos, pero no donar sangre. La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, lo ve como una “incongruencia” y considera que es necesario reformular los derechos y obligaciones de los jóvenes según su edad. En este sentido, propone crear una “primera mayoría de edad” a los 16 años, que permite derechos como el voto, abrir una cuenta bancaria o donar sangre. “Debe hacerse una revisión coherente de las edades y teniendo en cuenta lo mucho que ha cambiado la vida”, ha sostenido Esther Giménez-Salinas, durante la presentación del Informe anual de la infancia 2024.

Las Síndica ha centrado este informe en el edadismo, una forma de discriminación por cuestión de edad, que normalmente se usa en referencia a las personas mayores, pero que, en este caso, se aplica a una infravaloración de los menores. Según el documento, la minoría de edad se asimila a “una infancia inmadura, irresponsable e incompleta” y se considera que la criatura no es capaz de actuar o ejercer sus derechos sin la asistencia de un adulto. Por ello, defiende la necesidad de encontrar “un equilibro adecuado entre la protección de la infancia y el reconocimiento progresivo de su autonomía personal”.

En este sentido, Giménez-Salinas propone rebajar a los 16 años la edad para que los jóvenes puedan votar, pero también afiliarse a un partido político, administrase sus bienes, firmar contratos sin la representación de un adulto o matricularse en cualquier tipo de estudio. De hecho, la posibilidad de cambiar la edad de voto no es nueva, y es una iniciativa que el año pasado se empezó a debatir en el Congreso de los Diputados, a propuesta del Ministerio de Juventud. Además, las pasadas elecciones europeas ya hubo cinco países en que pusieron en marcha el sufragio a los 16 años.

En el ámbito educativo, la Síndica propone ampliar hasta los 18 la escolarización obligatoria, como una forma de reducir el abandono escolar prematuro. Esta propuesta tampoco es nueva y, de hecho, el Consejo Escolar del Estado la ha tenido sobre la mesa recientemente. Asimismo, el informe apuesta por potenciar la FP de grado medio, aumentar las plazas públicas de Infantil2 en las guarderías para dar respuesta a la elevada demanda e impulsar ayudas para que los alumnos vulnerables puedan acceder al ocio educativo, como extraescolares o campamentos de verano.

Discriminación en vivienda y salud

La Síndica también critica la discriminación de la infancia en sectores como la vivienda y el sanitario y reclama que las políticas públicas se hagan bajo una perspectiva de edad, favoreciendo un colectivo tan vulnerable como la infancia.

En este sentido, el informe destaca que el tiempo de espera para lograr una vivienda social es más elevado cuando se trata de una familia con menores: la media para lograr uno de estos pisos es de 618 días cuando hay niños, mientras que es de 460 días cuando se trata de adultos.

La situación de desventaja también se produce en el ámbito sanitario. Según los datos recogidos por el informe, las listas de espera para intervenciones quirúrgicas han aumentado un 4,6% en la infancia y un 14,7% en las listas de consultas externas, mientras que las de pruebas diagnósticas se han mantenido estables, pero superan los porcentajes del resto de población.