Ni solos ni abandonados: el ardid para dejar a menores marroquíes en manos de la Administración

La detención de 30 padres y madres marroquíes en Tarragona que hicieron pasar a sus hijos como si fueran menores no acompañados ha abierto un debate en el sistema de protección a la infancia en Cataluña. La Generalitat y la Policía se han conjurado para acabar con una práctica que califican de “fraude”, ya que supone dejar bajo tutela de la Administración a menores que ni están solos ni abandonados, sino que tienen a sus padres viviendo cerca de ellos y con capacidad para prestarles apoyo. Para las familias, el ardid es una vía hacia la prosperidad: sus hijos adolescentes llegan de forma segura a España, reciben manutención, alojamiento y estudios de forma gratuita y obtienen con celeridad permisos de residencia y trabajo.

Los arrestados habían llegado con sus hijos a España (en avión, coche o barco) con visados de turistas y los habían llevado hasta las puertas de una comisaría o un centro de menores para que la Administración se hiciera cargo de ellos. Los padres, mientras tanto, se quedaban a vivir de forma irregular en España y mantenían contacto fluido con sus hijos. En algunas ocasiones, llegaban a visitarles en los centros de acogida, algo poco compatible con una situación de abandono. “Eso no es un menor no acompañado”, constatan fuentes policiales.

Los casos destapados en Tarragona han supuesto un gasto de 1,5 millones de euros que la Generalitat piensa reclamar a los padres en vía judicial. “Es un fraude. Se ha demostrado que estos menores no están solos, sino que tienen una familia detrás que se ha aprovechado del sistema”, explica un alto responsable del Departamento de Derechos Sociales, que dirige la consejera Mònica Martínez Bravo. Los 22 menores en esa situación perdieron la tutela y fueron devueltos a sus padres.

Las familias marroquíes que se instalan en España mientras hacen pasar a sus hijos por menores extranjeros no acompañados son “una minoría”, por lo que no hay “alarma”, pero sí “preocupación”, agregan esas fuentes. Hay menos de un centenar de expedientes bajo sospecha frente a los cerca de entre 2.000 y 2.200 menores solos que cada año acoge Cataluña, aunque las fuentes consultadas coinciden en que es un problema que se da en el conjunto de España. En una iniciativa que también es un aviso a navegantes, la policía detuvo a los padres por abandono familiar, fraude a la administración y favorecimiento de la inmigración ilegal, aunque fuentes de la Fiscalía matizan que este último delito difícilmente podrá seguir adelante porque requiere de ánimo de lucro.

Hay otra variante: padres que también acompañan a sus hijos a España, pero luego se vuelven a su país. Esa es una zona de grises, coinciden las fuentes consultadas. Ni los padres pueden ser perseguidos penalmente en España, ni los adolescentes apartados del sistema de protección. “A todos los efectos, son menores sin familia y en situación de desamparo, por más que los hayan traído los padres y que mantengan contacto telefónico con ellos. Es una mala praxis, sí, pero no dejan de ser menores solos, estamos obligados a atenderlos”, indican las fuentes de Derechos Sociales.

El visado, un factor clave

EL PAÍS ha reconstruido, a través de distintas fuentes conocedoras del proceso, una práctica que comienza en el seno de los hogares marroquíes, cuando los padres y sus hijos adolescentes (casi siempre varones) mantienen una conversación sobre la necesidad de salir de Marruecos por falta de perspectivas de futuro. Los chavales, por lo general de entre 15 y 17 años, no solo conocen los planes de los padres, sino que muchas veces son quienes los proponen: no quieren estudiar o trabajar en su país, sino instalarse en Europa en busca de una mejora de su situación económica. Las familias solicitan entonces un visado como turistas y, cuando lo consiguen, emprenden viaje todos juntos, en coche o en avión, hasta España. Cataluña es uno de los puntos de llegada preferentes: no solo por la extensa comunidad marroquí instalada aquí, sino también como punto de conexión con Francia.

Los padres acompañan a sus hijos hasta una comisaría o un centro de menores, y una vez dentro éstos explican que han llegado solos a España y que se encuentran en situación de desamparo. En la mayoría de ocasiones, los padres se quedan a la espera en la calle, pero se han dado también situaciones surrealistas: Alami recuerda el caso de unos padres que explicaron a la policía que acababan de encontrarse al chico abandonado; cuando los agentes pidieron la documentación, constataron que eran familia. Dada su minoría de edad, se activa el sistema de protección a la infancia, que les permite instalarse en un centro y obtener el permiso de residencia y, posteriormente, de trabajo. “Los padres los abandonan aquí con la esperanza de que sean atendidos: comida, techo y estudios. El objetivo final de esa trampa es obtener la residencia legal por la vía rápida”, explican fuentes de extranjería.

El problema es antiguo, y tanto la Generalitat como la Policía han detectado los casos (puntuales) por la existencia de visado. En todos los expedientes bajo sospecha, la entrada de los menores se ha hecho con las familias de forma legal, mediante un visado de turista, a diferencia de lo que ocurre con los menores solos que entran “de forma irregular, en pateras o bajo camiones, arriesgando sus vidas”, explican fuentes policiales. En 2023, en Tarragona, los técnicos detectaron un número significativo de casos, lo que dio origen a una investigación que ahora se ha saldado con la detención de 30 padres y madres.

Mohamed Alami, presidente de la asociación de amigos del pueblo marroquí Itram, señala que es un problema antiguo para el que ya hay soluciones. “Hemos escrito al presidente del Gobierno, al ministro del Interior... Es muy fácil. La policía tiene el control de fronteras. Pues bien, si una familia entra con tres hijos, ha de salir con tres hijos”, explica Alami, quien incide en que las familias que llevan a cabo esta práctica son “de clase media” y “de clase media baja” en Marruecos.

El resquicio legal es para las familias una oportunidad, tal vez única, de brindar a sus hijos un porvenir con seguridad. “Son familias que se gastan lo que no tienen para conseguir el visado de turista y que sus hijos lleguen aquí sin tener que arriesgar la vida”, cuenta Laia Costa, jurista y activista. “Se van por el mismo motivo por el que nuestros jóvenes de clase media se van de España”, agrega Costa, “para prosperar”.