El Govern aprueba la unidad antidesahucios pactada en mayo con los comunes

El Govern de Salvador Illa dará luz verde este martes la creación de una unidad antidesahucios para acompañar a las personas que se ven obligadas abandonar su vivienda e impulsará el Registro de grandes tenedores ineludible para quien disponga de más de cinco propiedades. La puesta en marcha de ese fichero requiere siete días de exposición pública y se aprobará a fin de mes. Con las dos medidas, el Ejecutivo catalán cumple los dos compromisos que había cerrado con los Comunes el pasado 5 de mayo para combatir la especulación y facilitar el acceso a la vivienda. La coalición de izquierdas había advertido al Govern de que no negociaría los nuevos Presupuestos si no desplegaba los acuerdos contemplados en los suplementos de crédito. Jéssica Albiach, líder de la bancada, ha subrayado que siguen pendientes de ejecutarse asuntos relativos a educación, salud y movilidad. “Primero que cumplan y luego nos sentamos a negociar”, ha recalcado.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y Albiach y la diputada de los Comunes, Susana Segovia, se han reunido este lunes por la tarde en la sede de dicho departamento. La puesta en marcha de esos dos puntos de los acuerdos la han escenificado en solitario las dos dirigentes de la coalición de izquierdas. Los Comunes exigían desde hace meses que se creara la unidad antidesahucios, similar a la que existe en el Ayuntamiento de Barcelona, pero el Govern ha ido demorando su aprobación. El Ejecutivo otorgará a la unidad el nombre de Servicio de Protección y Estabilidad Residencial (SPER). El plan comporta una inversión de 40 millones de euros divididos en cuatro años. Cataluña, según ha subrayado Albiach, encabeza la lista de comunidades con mayor número de desahucios con 7.381 casos (un 3,2% más que el año anterior).

La previsión es que la unidad la integren 50 personas, que recibirán el nombre de referent de l’habitatge (RAH). Los agentes se encargarán de acompañar a las familias desde el momento en que están en riesgo de ser desahuciadas (tres de cada cuatro es por impago del alquiler) hasta el momento del lanzamiento. “Pedimos que la Generalitat intervenga antes y no con los mossos y la Brimo”, ha dicho Segovia. El segundo acuerdo sobre este fichero consiste en que la ley obliga a las personas con más de cinco propiedades a apuntarse en ese fichero, bajo amenaza de multas de entre 9.000 y 90.000 euros. El Registro servirá a la administración para cumplir la Ley de Vivienda, conocer el precio máximo que pueden fijar en el alquiler, la obligación de ofrecer un alquiler social en caso de desahucios y si deben abonar el Impuesto de Transmisión Patrimonial por la compra de nuevas casas.

Segovia sostiene que la Generalitat debe intervenir con celeridad y previsión en casos de desahucios de personas vulnerables. “Cuando pedimos que la Generalitat intervenga, nos referimos a que lo haga antes y no con los Mossos d’Esquadra y la BRIMO en el momento en el que ya se está llevando a cabo el desahucio”, ha subrayado. La portavoz adjunta de los Comunes ve fundamental actuar desde el momento en el que se detecta el riesgo de pérdida de la vivienda hasta el refuerzo del asesoramiento jurídico a las personas desahuciadas mediante la modificación del programa Reallotgem para que dé mejores resultados.

El servicio, además, pone énfasis en el acompañamiento integral con la creación de la figura del Referente de Vivienda (RAH) y un refuerzo de los servicios locales para la prevención y el apoyo. La mediación activa con la propiedad y las entidades financieras y una mejora en la coordinación y seguimiento de los casos entre las diferentes unidades de la Agencia Catalana de la Vivienda.

El acuerdo para el Registro de grandes tenedores prevé agilizar el proceso sancionador en aquellos que no lo cumplan, pero la prioridad es la transparencia en favor de los inquilinos. “La idea es que una vez aprobado el registro se abra un portal de rápido acceso en el que introducir el NIF o el DNI del dueño de la propiedad y comprobar si está inscrita en él”, ha explicado la diputada. Ese fichero también contempla pedir una serie de datos a los grandes tenedores como la cantidad y el tipo de inmuebles y su ubicación, pero siempre en consonancia con la protección de datos.

El Govern y los Comunes sellaron estos acuerdos en vivienda en el tercer suplemento de crédito pactado para mitigar la falta de Presupuestos, que en global ascendieron a 4.000 millones de euros. El Govern admitió la semana pasada que no puede negociar las nuevas cuentas por la falta de un acuerdo en financiación que le reclama ERC. Pero tampoco podrá hacerlo con los comunes por la acumulación de independientes. Albiach ha sostenido que no tiene sentido negociar cuando el Ejecutivo todavía no ha cumplido en diversas materias. La formación de izquierdas está pendiente de que se inviertan las partidas para reforzar las clases de catalán, matemáticas e inglés; extender los comedores sociales en secundaria y la escuela inclusiva.

“¿Tiene sentido sentarse con el Govern cuándo todavía hay acuerdos como los acordados en los suplementos de crédito o en materia de salud, educación y movilidad? La respuesta es no", ha afirmado tajante la diputada, escéptica con la decisión de Illa de estudiar el veto de la venta especulativa de pisos. “Se está especializando en grandes anuncios”, ha señalado, aunque ha apuntado que es buena noticia que se exploren medidas en vivienda.