El “no” de Junts deja en el aire el plan de Collboni para reactivar la construcción

La construcción de obra nueva en Barcelona se encuentra casi paralizada desde hace meses por la negativa de los constructores a aplicar la norma municipal que obliga a reservar para vivienda protegida un 30% del total de las nuevas promociones. Los constructores mantienen sus promociones en barbecho con el argumento de que no les salen las cuentas. Y así seguirá después del portazo de Junts per Catalunya a pactar con el alcalde Jaume Collboni (PSC) una flexibilización de la norma que vienen negociando desde hace meses. El desencuentro llegó ayer a cotas máximas con el anuncio de Junts de que se levanta de la mesa de negociación porque considera que Collboni no acepta ninguna de sus exigencias, entre ellas una sustancial rebaja del 4% en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Desde que la norma entró en vigor, en 2018, se han terminado 26 pisos, y el Consistorio ha concedido licencias para edificar hasta 80 pisos públicos más. Hay, además, 50 en trámite. Sin embargo, la obligación de reservar el 30% de superficie para pisos sociales ha hundido la nueva construcción. La norma fue pactada en 2018 con el apoyo de los socialistas y de Junts además de los comunes y ERC. Pero todos excepto los comunes consideran que no ha dado los frutos esperados.

En los últimos meses, la parálisis se ha acentuado porque los constructores consideraban que merecía la pena esperar a que se flexibilizara la medida del 30%. Con el portazo de los comunes primero y, ahora, de Junts, nada apunta a que la situación vaya a mejorar.

“Pusimos sobre la mesa seis propuestas para pactar la flexibilización”, alega Junts, y critica que ninguna de ellas haya sido atendida. El presidente del grupo municipal de Junts per Barcelona, Jordi Martí Galbis, aseguró este martes que “las negociaciones están rotas” en estos momentos.

Martí Galbis ha defendido que la decisión es consecuencia de la incapacidad de Collboni para arremangarse a la hora de negociar un acuerdo y “a la negativa del Gobierno municipal para intentar llegar a aproximaciones” en las medidas que propuso Junts en febrero para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda en la ciudad. Entre esas propuestas estaba reducir en un 4% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en 2026. El equipo municipal sí se había puesto a negociar la rebaja del IBI, aunque en un porcentaje menor al que exige Junts y siempre que la recaudación se compense con un incremento de la tasa turística.

El presidente de JuntsxBarcelona, el grupo municipal más numeroso por haber ganado las municipales en 2023, se ha comprometido a que si en 2027 gobierna la ciudad “en pocos días, aprobará la flexibilización de la reserva del 30% para viviendas de protección oficial” y ha subrayado que, pese a la negativa actual, Junts no dice “no a la reserva del 30 %”.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, advirtió recientemente que si no había un acuerdo en breve, iban a tirar la toalla. “No haremos un debate eterno, hace dos años que discutimos sobre el 30% y hemos debatido suficiente. Si antes del 1 de agosto no hay acuerdo, el tema no se volverá a abrir hasta 2028″, dijo. El Gobierno municipal no anunciará hasta hoy qué postura adoptará a partir de ahora respecto a la política del 30%.

Aunque la apuesta del Gobierno socialista era pactar esta medida con Junts, el resto de grupos tampoco apoyan la propuesta de Collboni, aunque por motivos muy diversos. En las ruedas de prensa convocadas para anunciar las iniciativas que llevan al pleno de este viernes, el resto de grupos de la oposición reiteraron ayer sus posiciones sobre la negociación de la reforma del 30%.

Los comunes, que la semana pasada hicieron público que rechazaban la propuesta que les había hecho el Gobierno municipal, insistieron ayer en que para que la medida “funcione mejor” lo que hace falta es “mantenerse firme”, como ha hecho París, que aplica una normativa parecida.

Por su parte, Esquerra aseguró que no mantienen conversaciones con el Ejecutivo municipal sobre la reforma de la norma de la reserva del 30%. Al respecto, el presidente del grupo del PP, Daniel Sirera, expresó su satisfacción por que se hayan roto las negociaciones entre el gobierno municipal y Junts para modificar la reserva del 30%, una obligación que los populares quieren eliminar completamente y no solo de forma parcial como defiende Junts.