La crisis de las pinturas de Sijena salpica al Museo de Lleida y llega al Parlament

La batalla judicial por las pinturas románicas de Sijena conservadas y expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) se había ceñido durante años básicamente a un conflicto entre los gobiernos de Cataluña y de Aragón. Pero en cuestión de días la polémica ha acabado extendiéndose más allá, para salpicar al Museo de Lleida y al Parlament. Cómo cumplir la sentencia del Tribunal Supremo conocida el 28 de mayo, que parecía ser el último eslabón para acabar trasladando los murales del siglo XIII extraídos del monasterio sigenense en 1936 para asegurar su preservación, está creando una crisis de incierto final que señala al Govern.

ERC solicitará la comparecencia en el Parlament de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que fue directora general de Patrimonio Cultural en el Govern de Pere Aragonès, para que dé explicaciones horas después de que el prestigioso especialista Alberto Velasco anunciara su dimisión del plenario del Museo de Lleida por lo que considera una “posición indigna y reprobable de la Generalitat”, titular del recinto, en el caso de las pinturas de Sijena. El académico y demanda la dimisión de Hernández y de otros dos altos cargos.

Velasco defiende la misma posición que la mantenida hasta el momento por los conservadores del MNAC y la suscrita por todos los patronos —entre ellos la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona— del museo: desmontar la reconstrucción de los antiguos murales (apenas un 65% del total es original), transportarlos a Aragón y ubicarlos en una sala en la que se modifiquen las condiciones ambientales actuales no se puede hacer “sin ponerlas en riesgo”. Una vez conocida la sentencia del Supremo, la jefa del equipo de restauración, Carme Ramells, fue más gráfica al mencionar los riesgos: el traslado iba a activar “una bomba de relojería” con efectos funestos para los restos murales del XIII.

El viernes por la noche, Velasco anunció que abandonaba el museo y colgó en la red social X una carta donde explicaba sus argumentos: “La Generalitat está actuando contra los intereses del MNAC (y del país)”. En declaraciones a EL PAÍS reiteró las acusaciones y consideró necesaria la dimisión de Hernández, del secretario general de Cultura, Josep Maria Carreté, y del director general de Patrimonio, Joaquim Borràs. A ellos responsabiliza de las presuntas presiones que están recibiendo los técnicos del MNAC para que asuman peticiones del Gobierno de Aragón pese a que habían defendido que la decisión final debía atenerse únicamente a cuestiones técnicas.

El patronato del museo decidió el lunes crear una comisión con especialistas nombrados por las tres administraciones presentes en el MNAC, la jefa de restauración y conservación del museo y técnicos del Gobierno aragonés, que aceptó la propuesta. El grupo de trabajo se conformó el miércoles y el viernes el Gobierno aragonés calificó de “excesivo” el calendario de nueve meses que propuso la Generalitat para hacer la devolución. El Govern ha mantenido un mutismo absoluto sobre la materia en las últimas semanas. Según publicó El Punt-Avui, la Generalitat habría aceptado eliminar en una de las actas del grupo de trabajo una referencia a la fragilidad de las piezas a instancias de los técnicos aragoneses. Nadie ha negado hasta ahora ese hecho.

Mientras, la dirección del MNAC, que apenas se ha referido al caso a través de un par de comunicados, espera una cuestión que considera primordial para su defensa. Se trata de la presentación de un incidente de ejecución de sentencia antes de que concluya el tiempo voluntario para acatar el fallo, fijado para el día 26. Quiere conocer cuál es la opinión del titular del juzgado acerca de que no cuenta con capacidad técnica para realizar el traslado sin dañar las valiosas pinturas y qué soluciones aporta sobre el cómo hacerlo y quién debe responsabilizarse. La respuesta podría servir como defensa de los técnicos en caso de posibles daños en el traslado.

Mientras llega ese documento al Juzgado de Huesca, ERC intentará que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y su secretario de Estado, Jordi Martí, comparezcan en el Congreso para dar explicaciones sobre la posición del Gobierno en el caso. De momento, su única tesis era que se tenía que acatar el fallo y así lo manifestó en el comunicado del MNAC del lunes, aunque dejando claro que pese a tener esa voluntad, no había capacidad técnica para hacerlo.

La petición de comparecencia en el Parlament llega después de que la Cámara aprobara una moción de Junts que instaba al Govern a agotar la vía judicial y a “interponer una incidencia de ejecución, y si es necesario, explorar y tomar otras acciones legales disponibles” ante la sentencia. La moción se aprobó con el sí de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y AC. Aquella comunión, ya formulada en una declaración de la cámara el pasado día 5, está ahora en entredicho.

Este viernes, el patronato del MNAC dijo en un comunicado que el grupo técnico sobre las pinturas (con miembros de los gobiernos central, catalán y aragonés, Ayuntamiento de Barcelona y MNAC) ya había hecho dos reuniones en el museo. Según explicó el Gobierno aragonés, la Generalitat habría presentado un calendario de nueve meses para efectuar las obras, periodo considerado excesivamente prolongado.