El Govern invertirá 18,6 millones de euros en reforzar el sistema de ciberseguridad catalán

La digitalización de la vida pública y privada es un hecho y como consecuencia nuestros datos están más expuestos que nunca. Bajo esta idea, el Govern ha anunciado una inversión récord de 18,6 millones de euros para reforzar el sistema catalán de ciberseguridad. El enfoque planteado va más allá de mejorar su efectividad para dar respuesta a ataques informáticos como el que sufrió el Hospital Clínic en marzo de 2023, ya que también se quieren escudar el sector público y los datos particulares.

Según la directora de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña (ACC), Laura Caballero, el sistema actual es “robusto” y neutraliza la mayoría de ciberataques. En 2024, se identificaron 6.900 millones de ellos —un 38% más que en 2023—, de los que solo 3.372 derivaron en incidentes que la Agencia tuvo que gestionar. “Nuestros servicios públicos están bien protegidos, pero queremos alcanzar la excelencia”, asegura el Consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, que celebra que con este despliegue económico “se sientan las bases de una estrategia de ciberseguridad en Cataluña”.

Aunque Caballero advierte que el riesgo cero “no existe”, reivindica que el objetivo del plan es trabajar en la prevención y crecer sobre la situación actual: “Queremos incrementar la madurez del sistema ante los retos globales a los que hay que hacer frente, y lo importante será poder mantener el proyecto a largo plazo”, señala.

Los más de 18 millones de euros de la partida provienen de los fondos europeos Next Generation y se ejecutarán durante los próximos 12 meses, algo que Caballero califica de “oportunidad única” para dar el salto cualitativo necesario. La estrategia cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) —entidad que depende del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública—, y está impulsada por el órgano que dirige Dalmau y la ACC. El proyecto coincide con el proceso de digitalización de la Administración, impulsado por el mismo ejecutivo.

Dalmau asevera que es difícil competir en ciberseguridad en condiciones de igualdad con el sector privado debido a la cantidad de recursos que invierten, brecha que pretende reducir con este paquete económico. En este sentido, justifica la importancia de reforzar este ámbito, alegando que supone un “pilar estratégico y debemos estar preparados ante la amenaza global de los ciberataques”.

El sector sanitario como prioridad

La directora de la ACC menciona que el ámbito sanitario es prioritario debido a los datos que contiene, “que son sensibles porque se les puede sacar un rédito económico muy elevado”. De hecho, Caballero detalla que los datos médicos “están mejor pagados que los bancarios en el mercado negro”, según los informes que posee la Agencia. Además, describe la importancia de proteger los hospitales al tratarse de “infraestructuras críticas”, en caso de que alguien quisiese dañar el país.

El ciberataque masivo del Clínic en 2023 es solo la punta del iceberg de lo crítico que es el ámbito sanitario frente a los intentos de ‘hackeo’, ya que en 2024 se registraron 1.257 millones de ataques de este tipo. El consejero apunta que se invertirán más de 4 millones de euros en ampliar la cobertura más allá de la red hospitalaria (actualmente protegen 68 hospitales del SISCAT), reforzando también la atención primaria y los centros sociosanitarios y de salud mental.

El plan contempla la creación de una plataforma de formación profesional continua en ciberseguridad para cubrir la falta de profesionales en este ámbito, cifrada en 13.500 personas. Caballero advierte que esta brecha incremente anualmente en un 12,8%.

En materia de tecnología cuántica, durante el próximo año se invertirán más de 4 millones de euros para sentar una base en este ámbito que sea el punto de partida para contribuir en que se siga desarrollando esta tecnología emergente a nivel europeo y para hacer frente a la amenaza de países externos que también están en la carrera cuántica.

En cuanto a la concienciación ciudadana, desde la Agencia explican que las ciberestafas representan la gran mayoría de la cibercriminalidad, y un 67% de las cuales son cargos bancarios fraudulentos que llegan a través de mensajes con enlaces maliciosos o llamadas que después derivan en estos. Por este motivo, se impulsará un sistema o aplicación de acceso ciudadano que sea capaz de detectar la fiabilidad de este tipo de enlaces.

Este sistema puede presentar una limitación en cuanto a las llamadas, aunque Caballero asegura que desde la Agencia están en contacto con los operadores telefónicos para atacar el problema desde otra vertiente.

Las otras líneas de actuación incluyen el diseño de planes de acción para los Ayuntamientos de municipios con más de 50.000 habitantes y otras entidades locales, así como la inversión de más de un millón de euros para reforzar la ciberseguridad de las pymes del sector TIC.