El tren de Sant Feliu de Llobregat: la rama catalana de los presuntos amaños de Ábalos, Koldo y Cerdán

“Te queda Sant Feliu”, dice Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, al dirigente socialista, en una conversación captada por la Guardia Civil a finales de 2020 en el marco de la investigación sobre las irregularidades detectadas en las adjudicaciones de obra pública. Lo que quedaba, entienden los investigadores, era el cobro de una mordida pendiente que, según se desprende de García, el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, no había repartido con el resto del grupo.

Hacía exactamente un año que Adif, la empresa pública vinculada al ministerio encabezado por el propio Ábalos, había adjudicado a Acciona Construcciones el proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) por 51,7 millones de euros que acabaron siendo finalmente 62.

Lo que entonces fue un paso adelante en la remodelación urbanística del municipio, una reividicación histórica de los vecinos, ahora es uno de los focos de investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), revelados el miércoles por la noche, que se han llevado por delante a Cerdán en pleno escándalo por las presuntas mordidas en obras públicas a lo largo de los últimos años. El caso de Sant Feliu es uno de los principales casos de irregularidades que la Guardia Civil investiga en Cataluña.

El soterramiento de las vías era una petición de los vecinos de Sant Feliu desde los años ochenta por la elevada siniestralidad vinculada a un paso a nivel cerrado definitivamente en 2022. Finalmente, la redacción del proyecto se acabó en 2009, aunque la licitación no llegó hasta 2019. Según la UCO, el 30 de mayo de 2019 la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, informó a Koldo García del resultado de la apertura de ofertas económicas en Sant Feliu, “siendo la de Acciona la novena más barata”, apuntan los agentes. La apertura de las plicas con las propuestas económicas, cuya ponderación resultaba el 60% en la calificación final; se abrireron aquella misma mañana. El resto de criterios, no evaluables mediante fórmulas, pesaban un 40%. Acciona obtuvo la mayor puntuación final con una nota de 39,24 sobre 40.

Las primeras previsiones cifraron el proyecto en unos 120 millones de euros y posteriormente se rebajó hasta los 71. Las obras se adjudicaron finalmente por 62 millones, que corrieron totalmente a cargo del Estado a pesar de que inicialmente la previsión era que el Ministerio asumiera el 50% del coste; y la Generalitat y el Ayuntamiento el 50% restante. “La licitación es 100% Adif”, consideran fuentes del consistorio barcelonés, que defienden estar convencidas de que “ningún gestor” del ente municipal “está implicado”.

Las obras empezaron pocos meses después, en octubre de 2019, un proceso que el propio Ayuntamiento calificó como “la culminación de 40 años de reivindicación social e institucional”. El proyecto aspiraba a “transformar” la fisionomía de la ciudad, “eliminar” el peligro del paso a nivel, “mejorar” la movilidad de las personas y “reducir” la contaminación acústica y ambiental.

Pero detrás del interés social había también intereses particulares. En las conversaciones interceptadas por la UCO, Koldo lamenta a Ábalos de que Cerdán no ha compartido todos los cobros vinculados a la trama. “Te quedan Sant Feliu y El Mayor”, dice, en referencia al municipio murciano donde también se habían adjudicado obras públicas.

La Unidad Central Operativa (UCO) señala Cerdán como el responsable de repartir las mordidas y le atribuyen la gestión de 620.000 euros en contraprestaciones económicas.

La adjudicación de Sant Feliu es una de las cinco de las que resultó adjudicataria Acciona Construcción (cuatro de ellas en el marco de una Unión Temporal de Empresas) por importe global de 537 millones de euros: dos en Murcia, una en Logroño y otra en Sevilla. A raíz de la investigación, el Tribunal Supremo reclamó a la empresa los correos de un excargo que contactó con Koldo.