‘Consellers’ famosos a golpe de marrón

Salvo excepciones, los consellers y ministros saltan a la fama a golpe de marrón. A veces involuntariamente y a veces por sus propios méritos. La mayoría de españoles conoció a Salvador Illa como el ministro de la pandemia, el conseller González Cambray se convirtió en personaje de Polònia (TV3) cuando los profesores le montaban protesta tras protesta y lo ponían a caldo, y Boi Ruiz pasó a la historia como “el conseller de los recortes sanitarios”. Y así, tendríamos una lista interminable. El siguiente caso, me temo, será el de Mónica Martínez Bravo, consellera de Drets socials i inclusió, a quien ha estallado en la cara el escándalo de la niña que estaba tutelada por la DGAIA y fue víctima de una red de pederastas junto a otros menores. El desastre de ver cómo una persona monitorizada, por decirlo así, por la Generalitat vivía un calvario semejante durante dos años sin que nadie se diera cuenta ha acabado de hundir la reputación del sistema público de acogida de la infancia vulnerable. Al tirar del hilo del caso de las agresiones sexuales han vuelto a aparecer deficiencias en las contrataciones de servicios, quejas por la gestión de las retiradas de tutelas y un pinchazo general a la hora de afrontar un mundo progresivamente complejo. Se han puesto sobre la mesa las denuncias de algún trabajador de la misma dirección general y la Síndica de Greuges ha proclamado: “hace demasiados años que pienso que el sistema cambiará y no cambia”. Y personas del ámbito de la educación social comentan que la institución se ha burocratizado y ha perdido una cierta empatía hacia las personas afectadas, en un terreno en el que esta proximidad personal resulta especialmente clave.

La consellera, pues, se ha visto de pronto arrojada a la guerra política, porque el caso de la niña agredida se ha convertido en el nuevo pretexto para las acusaciones mutuas entre parlamentarios. Este miércoles, la consellera y el president Salvador Illa han recibido estopa de Vox, PP, Junts y la CUP. No se sorprenderán si les comento que el portavoz ultra, Ignacio Garriga, ha logrado meter en el mismo saco la red de agresores sexuales dirigida por un catalán de apellido Lapeña y los inmigrantes. No venía a cuento, pero no iba a dejar pasar una oportunidad. Mònica Sales, de Junts, ha calificado el escándalo de “crisis de país sin precedentes” sin tener en cuenta todos los años en que la DGAIA estuvo bajo mandato de consellers de su partido. Y lo cierto es que un terremoto que ha estallado ahora, pero llevaba años incubándose, tiene necesariamente una responsabilidad múltiple. Illa ha hablado de “refundar” el organismo, y una comisión parlamentaria deberá aclarar lo sucedido. Martínez Bravo ha defendido su decisión de hace meses de cambiar la cúpula de la dirección general. También ha creado grupos de trabajo para aplicar reformas en unos meses. Ahora veremos si supera la prueba y logra no pasar a la historia como “la consellera del follón de la DGAIA”.