El Govern propone multar a Glovo con 30.001 euros por preguntar la orientación sexual o la etnia en sus entrevistas

Inspección de Trabajo, dependiente de la Generalitat de Cataluña, ha propuesto este miércoles sancionar a la multinacional de reparto a domicilio Glovo con una multa de 30.001 euros por preguntar la orientación sexual, la identidad de género o la etnia en sus cuestionarios de ofertas laborales, según ha adelantado El Periódico. Fuentes del Departamento de Trabajo consideran que este proceso de selección constituye una infracción “muy grave” por discriminación en el acceso al empleo.

Tras la investigación sobre los métodos de contratación de Glovo, que empezó el pasado mes de octubre, la autoridad laboral ha dictaminado que esta práctica vulnera la normativa laboral y que el cuestionario no tiene nada que ver con el propio desempeño de la profesión. La empresa de reparto se ha amparado bajo la premisa de que las encuestas son “totalmente voluntarias, anónimas y no afectan al proceso de selección”.

El cuestionario sigue presente en las ofertas de trabajo en su página web. Contiene preguntas como: “¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su identidad de género?”. Las posibles respuestas son: “Prefiero no contestar”; “Queer / género fluido”; “Hombre”; “No binario”; “Mujer”; “Me identifico de otra manera (especifique, por favor)”. Según la compañía, el propósito de la encuesta es “entender mejor nuestra cartera de candidatos y garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades durante el proceso de selección”. En la página web de la empresa aseguran que el formulario sirve para garantizar que todos los candidatos estén en igualdad de oportunidades.

Desde la empresa aseguran que todavía no han recibido la notificación y que, por tanto, no saben el contenido de la misma. Una vez hecha la propuesta de sanción, es Glovo la responsable de recurrir o no la multa. Desde Treball han concluido que el argumento del anonimato del formulario y su carácter voluntario no es razón objetiva ni suficiente para hacer esas preguntas.

A comienzos de 2023, la multinacional superaba los 205 millones de euros en multas, como las sanciones por obstrucción a la labor del Ministerio de Trabajo y por emplear a repartidos extranjeros sin permiso de trabajo. La Ley Rider, que la Comisión Europea planteó en 2021 pero que no se aprobó hasta marzo de 2024, se hizo para regularizar a los repartidores de estas plataformas digitales y acabar con el fraude de falsos autónomos, Glovo continuó repartiendo con autónomos.