El juez tumba la denuncia de la federación catalana de vela a la Ufec
La sentencia considera que la entidad liderada por Gerard Esteva, acusada de “engaño o de falsear la contabilidad”, no realizó “ningún enriquecimiento injusto” en la gestión de un centro de vela


La justicia ha rechazado la demanda de la Federación catalana de vela (FCV) a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Ufec), a quien reclamaba 73.000 euros por una deuda vinculada a la gestión del Barcelona Internacional Sailing Center (Bisc), un centro deportivo de vela. El juez considera que la entidad presidida por Gerard Esteva no realizó “ningún enriquecimiento injusto”. Tras la sentencia favorable, la Ufec ha reivindicado a través de un comunicado su gestión: “La entidad cumple todas las normas de transparencia, cumplimiento normativo, auditoria de cuentas y buen gobierno. Las puertas de la entidad están abiertas a las partes interesadas que quieran contrastar la información”.
La FCV había acusado al presidente de la Ufec, Gerard Esteva, “o de engañar a la federación para lucrarse o de falsear la contabilidad de la Ufec” en la explotación del Bisc. Esteva, expresidente de la FCV, trasladó la gestión del centro a la Ufec cuando dio el salto a la presidencia de esta entidad, pero quiso devolver la explotación de la instalación tras cerrar esta con pérdidas, según los demandantes, a cambio de que la federación asumiera el 50% de las deudas (73.000 euros). La denuncia señala que Esteva presionó a los dirigentes de la FCV “retrasando” los pagos de las subvenciones pendientes y que, ante la situación de ahogo económico, “la FCV se vio forzada a asumir las pérdidas”. La FCV consideraba que la Ufec “falseó” la contabilidad tras presentar un beneficio de casi 300 euros en su explotación, cuando las pérdidas superaban los 146.000 euros, según le había comunicado la propia Ufec. Esta defiende que “el objetivo era ayudar a la Federación a gestionar sus costes de una gran instalación”.
Ahora la justicia da la razón a Esteva. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Barcelona, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, considera que la la acción “está caducada” tras haber pasado cuatro años desde el contrato de liquidación al que acordaron la Ufec y la FCV, en 2017. El documento, además, considera que la FCV conocía las pérdidas en la gestión del Bisc tras haber negociado las condiciones de la liquidación y que, por lo tanto, “no es de recibo que ahora defienda que no pudo conocer hasta 2017 las circunstancias que ahora fundamentan su acción”.
Los testimonios admiten que “se aplicó una contabilidad segmentada y que las pérdidas se distribuyeron entre los diferentes centros”, según recoge el documento, pero el juez considera que “no queda acreditada la existencia de un error vicio ni de un enriquecimiento injusto”. El texto también subraya que el actual presidente de la FCV, Xavier Torres, “podía conocer de propia mano los datos contables de la Ufec porque al mismo tiempo formaba parte del Consejo Directivo de la Ufec”.
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