Cuatro guardia urbanos, investigados por quedarse camisetas y bambas del ‘top manta’

Cuatro agentes de la Guardia Urbana de Barcelona permanecen, desde agosto, suspendidos de empleo y sueldo después de que la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI) del cuerpo municipal abriera una investigación contra ellos por haberse apropiado de material (camisetas, zapatillas…) decomisado a vendedores ambulantes ilegales. La propia Guardia Urbana llevó los hechos a la Fiscalía pero el juzgado no ha encontrado ningún delito en la actuación de los agentes. Pese a ello, la investigación interna sigue abierta, los policías están apartados del cuerpo y se enfrentan incluso a la expulsión del cuerpo policial.

Los hechos, adelantados por la Catalunya Ràdio, tuvieron lugar a principios de agosto en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona. La UDAI realiza, de oficio, algunas inspecciones y auditorías en las intervenciones y operativos del cuerpo. Fue en una de esas inspecciones cuando la unidad de asuntos internos detectó, ya en septiembre, que los cuatro agentes podrían estar implicados en la “presunta manipulación negligente de un decomiso”. Los investigadores constataron que en la intervención policial, en la Rambla, algunos manteros abandonaron su mercancía y está no fue correctamente custodiada e incluso alguno de los agentes se podría haber apropiado de parte de esta mercancía.

La UDAI abrió una investigación, castigó sin empleo y sueldo a los cuatro agentes y llevó los hechos a la Fiscalía. “Cuando una investigación se lleva a la autoridad judicial paralizamos nuestro expediente hasta tener una resolución”, asegura una portavoz del Consistorio a EL PAÍS. El juzgado número 6 de Barcelona desestimó el caso al no encontrar suficientes indicios para acusar a los cuatro agentes de un acto delictivo. El juzgado concluye que con las pruebas que ha aportado la UDAI no se puede “construir una cronología completa de lo ocurrido”. El juzgado de instrucción número 6 cierra el caso asegurando que no es posible “hablar de malversación toda vez que los bienes presuntamente apropiados no pueden considerarse patrimonio público, en la forma penalmente relevante, ya que no son de titularidad público”. El juez mantiene que tampoco puede imputarse un delito contra el patrimonio ya que al ser objetos falsificados “carecen de valor económico constatable a efecto de calificación”.

Una vez cerrada la vía judicial, la UDAI ha mantenido la medida cautelar a los agentes -la supresión de empleo y sueldo- mientras sigue el expediente abierto. La UDAI investiga si los cuatro policías pudieron repartirse las prendas. La unidad de asuntos internos intenta averiguar que hicieron los cuatro agentes – que cuando cogieron el material iban totalmente uniformados como policías municipales de la capital catalana- con la mercancía: si se lo quedaron, lo vendieron o simplemente se debe a un error en la cadena de custodia. Lo correcto hubiera sido recoger ese material, catalogarlo, introducirlos en bolsas, precintarlos y trasladarlos a las dependencias policiales.

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