Por un acuerdo interprofesional catalán

El Acuerdo Interprofesional de Cataluña (AIC) es el instrumento que los agentes sociales más representativos podemos desarrollar en materia de negociación colectiva y diálogo social, para adaptarla a la realidad del mercado de trabajo de Cataluña, a sus condicionantes y potencialidades, así como las diferentes realidades de su tejido productivo. Es el instrumento de vertebración de la negociación colectiva para los ámbitos territoriales con diálogo social territorial propio que emula en ellos lo que representa el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Entre sus objetivos tiene hacer posible el progreso social y económico a través de lo que conocemos como el marco catalán de relaciones laborales, ese espacio de diálogo y concertación que permite ajustar la realidad socioeconómica del país a la regulación de cuestiones de diversa índole y, en este caso, a la negociación colectiva. Su función, como en el caso de la AENC, es la de fijar unas condiciones generales que luego los agentes sociales vamos a llevar a la negociación de convenios colectivos de los distintos sectores, y en muchos casos, resolviendo cuestiones que, por novedosas o bien por complejas, podemos llevar ya enfocadas a dichos ámbitos.

Lamentablemente, este convenio de convenios, pese a tener un texto muy avanzado y tras más de sesenta reuniones de trabajo y dos años de negociación, no ha prosperado. El AIC venía a dar respuesta a todas aquellas necesidades reales de nuestro mercado de trabajo y ha dejado pendientes temas importantes, como la prioritaria aplicación del convenio colectivo autonómico respecto del estatal que tenía una salvaguarda a la que parecía imposible de renunciar; solo con el acuerdo unánime de los cuatro agentes sociales podía prosperar. Sin embargo, a pesar de ello, y de los antecedentes que existen de acuerdos similares, no fue posible que todos nos sumáramos al acuerdo que la mayoría defendíamos.

Se abordaban también cuestiones como salarios, productividad, con la apuesta por su mejora, la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de las mipymes, los derechos y deberes en materia de digitalización, así como trasladar la desconexión digital que ya tenemos trabajada en el Acuerdo Marco Europeo, en un momento donde el trabajo híbrido y la transformación tecnológica se imponen. Especialmente este último punto, junto con el teletrabajo y las cuestiones que van surgiendo con su avance, nos interpelan a resolver los vacíos que trae a muchos puestos de trabajo su falta de concreción.

En un contexto complejo, condicionado por la crisis sanitaria y las multicrisis que la han acompañado, se había llegado a un preacuerdo que finalmente no todos han podido refrendar. Es una verdadera pena, pues somos de la opinión que quienes tenemos el derecho de ser agentes sociales más representativos también tenemos la responsabilidad de garantizar las medidas y los acuerdos que nos hagan progresar en la línea de lo que exige nuestra economía y nuestra sociedad y, especialmente, la realidad socioeconómica de cada uno de nuestros territorios.

Podemos hablar, pues, de una oportunidad perdida o reto pendiente. Ahora solo podemos seguir trabajando desde la concertación y el diálogo social para intentar rescatar consensos y continuar diseñando las mejores propuestas, sumando esfuerzos para un futuro prometedor en el que las mipymes sigan siendo las protagonistas; no en vano son mayoría y demasiado a menudo se habla de ellas, pero no se les permite hacerlo siempre con voz propia. Eso sí, en Cataluña lo hacemos.

Josep Ginesta es secretario general de Pimec

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