El Gobierno catalán suspende la construcción de 70.000 viviendas en el litoral

Cataluña frenará, al menos durante un año, la construcción en 3.500 hectáreas de 30 municipios costeros que tienen una proyección urbanística de 70.000 nuevas viviendas, entre Malgrat de Mar (Maresme) y Alcanar (Montsià). Es la mayor moratoria a la construcción en el litoral catalán y, a efectos prácticos, supone que todos los proyectos urbanísticos y licencias de edificación que sobrevuelan las zonas afectadas han quedado congelados, pendientes de revisión. La moratoria es la consecuencia inmediata de la aprobación ayer, por parte del Govern, de un anteproyecto del Plan Director Urbanístico, que sigue la estela de otro aprobado para la Costa Brava y que vetó 15.000 potenciales viviendas.

El PDU es también el mismo instrumento urbanístico que se aprobó para el Alt Pirineu, y ahora se extiende al resto de la costa catalana, menos al área metropolitana, que tendrá una regulación propia. El director general de Ordenación del Territorio, Agustí Serra, explicó ayer que el plan tiene que ver con “la tarea de revisión que está haciendo el Govern sobre el planteamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad”. La realidad es que la Generalitat ya admitió la pasada semana, a través de un estudio oficial, que la mala ordenación está llevando al litoral catalán “al límite”. Diversos expertos consultados por EL PAÍS inciden en esta idea y alertan de que la sobreurbanización sin control en zonas inundables y aisladas frente al mar serán cada vez más frecuentes por el cambio climático. El último y más reciente ejemplo fue la inundación de Alcanar (Montsià) y Ulldecona, a principios de mes.

El nuevo plan, a parte de aplicar la moratoria, tendrá por objetivo revisar los planes urbanísticos de una gran parte del litoral catalán. En total, serán revisadas 5.000 hectáreas de terrenos urbanizables de 41 municipios (entre ellos los 30 donde ya sobrevuelan proyectos urbanísticos ahora paralizados). La moratoria no afectará a los proyectos que ya estaban en desarrollo. Durante los próximos meses la Generalitat estudiará junto a los 41 municipios afectados las zonas susceptibles de ser vetadas a la construcción. El proceso se iniciará con un periodo de audiencia al que le seguirá otro para presentar informes y alegaciones. Finalmente, se perfilará el plan director final, que recogerá las restricciones finales y los vetos, y será aprobado por la Generalitat. El proceso puede dilatarse meses.