Las patronales cargan contra el aplazamiento electoral pero evitan recurrir

Las patronales, como los sindicatos, veían la cita electoral del 14 de febrero como la mejor fórmula para poner fin a la parálisis que sufre la Generalitat. El aplazamiento hasta finales de mayo ha generado gran malestar en Foment del Treball y Pimec, que este fin de semana barruntaban la posibilidad de recurrir ante los tribunales la medida, una decisión para la que convocaron a sus respectivos comités ejecutivos para este lunes. Finalmente han decidido evitar dar ese paso, pero sí han constatado en esas reuniones el enfado existente entre sus socios.

Foment ha acusado al Govern de actuar con “desidia por la falta de planificación para facilitar con total seguridad sanitaria la jornada electoral” y que Cataluña sea la única comunidad autónoma que no disponga de ley electoral propia, lo que hubiera permitido agilizar decisiones. Pimec, por su parte, se lamentó de que el ejecutivo tomara una decisión de ese calado sin haber consultado a los agentes sociales.

Las patronales consideran, ya hace tiempo, el actual Govern amortizado y lamentan que la parálisis condene a Cataluña a no disponer de un nuevo ejecutivo que pueda actuar con las luces largas en casi todo este año pese a estar todavía en enero, ya que dan por hecho que con las nuevas fechas el gobierno que salga de las elecciones no tomaría las riendas hasta septiembre próximo. Eso impediría, al menos, tener nuevo Presupuestos este año y lo que ello significa: ni planificación ni unas cuentas adaptadas a las necesidades sanitarias, sociales y económicas acordes de la pandemia. Fomento pone en duda incluso de que la confección de las cuentas pueda llegar a tiempo en 2022.

La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre considera al Govern “débil y dividido” cuando necesita otro de carácter “estable”, pero además califica de “insuficiente y arbitraria” la forma de fundamentar el decreto. Asumen ya el retraso, pero reclaman la convocatoria en cuanto las condiciones epidemiológicas mejoren, “sin tener que esperar al 30 de mayo”.

El presidente de Pimec, Josep González, argumentó la negativa a presentar un recurso contra el aplazamiento “por una cuestión de responsabilidad y sensibilidad social ante la evolución de la pandemia y para no judicializar todavía más la política”. “No estamos de acuerdo con el aplazamiento, pero respetamos las decisiones políticas y no las llevaremos a los tribunales”, explicó a Efe el secretario general de CC OO, Javier Pacheco. UGT también ha mostrado su disgusto con el hecho de haber perdido la oportunidad de votar el próximo mes.