ERC y Junts piden a Colau que compre el gimnasio Sant Pau para evitar su desahucio

Se acerca el 20 de enero, cuando está previsto el desahucio del Gimnàs Social Sant Pau en Barcelona. Mientras el entorno se prepara para movilizarse si llega el desalojo y hay negociaciones en varios frentes para evitarlo, los grupos municipales de ERC y Junts pidieron este jueves al gobierno de la alcaldesa Ada Colau que expropie (los republicanos) o que compre (Junts) el inmueble.

El Sant Pau, en la ronda que lleva el mismo nombre, en el Raval tocando a Sant Antoni, es un símbolo de la Barcelona que, sin ruido pero durante ocho décadas, se ha ocupado de los vecinos con menos recursos. Además de su papel como instalación deportiva —donde muchos usuarios no pagan cuotas— desde la crisis del coronavirus atiende cada día a 170 personas sin hogar con servicio de duchas, ropero (por un convenio con el consistorio) y comida. Ahora mismo, por lo tanto, funciona como equipamiento público y su desalojo sería un golpe difícil de entender para parte de la ciudadanía y difícil de explicar para el gobierno municipal.

La instalación, que formalmente se constituyó en cooperativa cuando sus antiguos propietarios quisieron cerrar, funciona sin contrato de alquiler desde el pasado verano. De ahí la orden de desalojo. Ernest Morera, miembro de la cooperativa, asegura que están “tranquilos”. “Se está trabajando y negociando con la propiedad para evitar el desahucio”, afirmó y recordó que han pedido un aplazamiento al 30 de abril.

Desde el distrito de Ciutat Vella, fuentes municipales explicaron que el concejal Jordi Rabassa se reunió con la propiedad y tiene previsto hacerlo de nuevo este jueves. La propiedad, Samaranch viñas, Julia y CIA CB, declinó ayer hablar.

Hasta llegar a las actuales negociaciones in extremis, el futuro del Sant Pau hace años que cuelga de un hilo. En 2018 el consistorio compró una finca contigua que fue un primer paso para salvarlo, pero no el definitivo. El pleno municipal aprobó también la compra del edificio del gimnasio y la protección de la casa fábrica y pese a distintas fases de negociación no se ha materializado. En varias fases el consistorio quiso comprar, fue reticente a hacerlo, la propiedad también lo fue a vender e incluso han intervenido entidades sociales en las negociaciones.