La mayoría de las reparaciones de daños por catástrofes no incluye medidas que eviten su reproducción

Desde el pasado verano, España ha sufrido una sucesión de catástrofes. A los incendios le siguió un persistente e inédito tren de borrascas y temporales que ha destrozado campos, pueblos y playas. Y así va a seguir siendo, ya que el consenso generalizado es que estos eventos serán más frecuentes e intensos por los efectos del cambio climático. Los Gobiernos se han lanzado a reparar los daños causados, con una dotación que supera los 10.000 millones de euros, para llegar a tiempo a las épocas de mayor número de visitantes con las infraestructuras en orden. Sin embargo, muchas de estas actuaciones no han previsto la recurrencia de los fenómenos y no han incluido en las obras las mejoras preventivas. Volverá a suceder porque son catástrofes de ida y vuelta.

“El objetivo no es solamente paliar los daños, sino impulsar la reconstrucción de los lugares, de las infraestructuras que han quedado afectadas”, señaló María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta, cuando aún era vicepresidenta del Gobierno y anunció una partida de 7.000 millones para Andalucía y Extremadura, dos de las regiones más afectadas. El presidente de la Junta andaluza y también candidato por el PP, Juan Manuel Moreno, mantuvo el mismo argumento al asignar una partida de 1.780 millones, que posteriormente ha incrementado: “El objetivo es adelantar al máximo las medidas de choque para lograr una normalización lo antes posible de la vida cotidiana en las áreas que han sido afectadas por la borrasca”.

Pero las actuaciones en algunas áreas no incluyen medidas de corrección, por lo que los daños volverán y la inversión habrá tenido efectos efímeros. Según escribe Eloísa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en la colección Ciencia para las Políticas Públicas (Science For Policy), “cuando las decisiones no incorporan evidencia, producen efectos negativos, que van desde el despilfarro presupuestario hasta la incapacidad de resolver los problemas públicos”.

En este sentido, Luis Morales Carballo, socioecólogo y embajador del Pacto Climático Europeo, explica: “Estamos instalados en la cultura de la reparación y de la emergencia, no en la prevención y en el largo plazo. Pero el coste de no hacerlo es mucho mayor que el de adaptarnos a la realidad del cambio climático”.

Así se está actuando en tres de los frentes más afectados por las catástrofes:

Litoral

Los temporales se ceban especialmente con las costas urbanas, con menor capacidad de adaptación y resiliencia que las naturales, según los seis coordinadores del documento del CSIC Riesgos y amenazas de los eventos marinos extremos. “Afrontar este problema requiere un enfoque integral que combine la construcción de defensas costeras, la restauración de ecosistemas naturales, el reabastecimiento de arena, la planificación urbana adecuada y la educación comunitaria”, reza el informe.

El alcalde onubense de Almonte, Francisco Bella (del partido independiente Ilusiona), admite que los trabajos en Matalascañas, la playa de su municipio, “son obras que se han declarado en emergencia para recuperar la normalidad”. Suponen una inversión de más de 11 millones de euros y se emplean en la reposición de arena y reconstrucción del paseo marítimo.

Los trabajos, a un ritmo acelerado, han conseguido ya reconstruir parte del paseo marítimo que ha destrozado el mar y Bella asegura que estará listo en el verano. Sin embargo, las obras reproducen el esquema que el informe del CSIC considera más vulnerable: “las zonas urbanas donde una parte de la playa ya es rígida y no tiene capacidad de adaptación”.

Bella explica que esta situación se ha trasladado al Consejo de Participación de Doñana (la playa está dentro del parque natural) para “hacer un estudio más pormenorizado, que se añadirá a los que ya existen, para buscar una solución más de futuro”. “Lo que no sería viable”, advierte el alcalde, “sería una expropiación para recuperar una línea litoral diferente a la que hay ahora mismo. Necesitamos una solución estructural definitiva en el ámbito del consenso político”.

Inundaciones

A Bella le contradice Luis Morales Carballo, que cuestiona esta inviabilidad de recuperar las zonas naturales tal y como eran y equipara la situación del litoral con muchas de las zonas afectadas por las inundaciones de este invierno: “Habría que desocupar y aceptar que es suelo inundable, que hay equipamientos y viviendas que se hicieron en zona en donde no se tenía que haber construido. Lo hemos visto en Palma del Río [Córdoba] o en la vega del Guadalete [Cádiz]. Parchean porque no quieren enfrentarse al problema sociopolítico de tener que tirar viviendas y devolver al río su espacio”.

El socioecólogo aboga en el ámbito urbano por ciudades esponjas, que reaprovechen los cauces históricos. “Empezamos a dar unos pasos muy tímidos, a pesar de que los beneficios son evidentes. Pero lo son a largo plazo y superan el mandato de un alcalde o una legislatura”, lamenta.

Para los operadores públicos de agua agrupados en la asociación Aeopas, “el riesgo se conoce, pero no se actúa en el modelo territorial ni en la política de inversiones”. “No es un problema de planificación, es un déficit de prioridad política y de capacidad de ejecución”, lamenta el gerente de la entidad, Luis Babiano, en línea con Morales Carballo.

El representante de los operadores públicos señala numerosas deficiencias que impiden afrontar lo que en el plano técnico y teórico ya se conoce. Señala la fragmentación en la toma de decisiones y en la financiación, la falta de disciplina urbanística y vigilancia en zonas inundables, déficit de personal en los organismos responsables y la falta de una “cultura del riesgo” en la población, que no asume el peligro de vivir en un territorio expuesto o de sellar suelos e impedir los ciclos habituales de anegaciones para crecer urbana o agrícolamente.

Babiano señala que el “escenario operativo con el que trabajan los planes de emergencia” es conocido. “El problema no es reconocerlos, sino que muchas infraestructuras y servicios esenciales fueron diseñados para unas condiciones que han dejado de ser las actuales. Lo que antes se consideraba extraordinario está ocurriendo con mayor frecuencia y reduce la capacidad de respuesta del sistema”, advierte. El portavoz de los operadores públicos reclama un nuevo modelo de gestión que, frente a las inversiones para paliar daños, los evite a partir del conocimiento que ya se tiene.

Incendios

De las más de 350.000 hectáreas que ardieron el pasado verano en España, más de un 10% se concentró en Las Médulas. Siempre será tarde para muchos vecinos que perdieron sus viviendas y sus formas de vida, pero, al menos, en este caso se ha creado un grupo de asesoramiento multidisciplinar para que este patrimonio mundial afronte futuras emergencias en mejores condiciones.

Javier Madrigal, ingeniero de Montes, profesor y titular del Instituto de Ciencias Forestales del Centro Nacional INIA-CSIC, forma parte de este equipo y se muestra satisfecho: “Las medidas que se han ido ejecutando han sido con el aval científico de nuestras recomendaciones”.

Madrigal coincide con el resto de implicados en los análisis de catástrofes en que, “ante cualquier tipo de emergencia, la reparación suele ser más cara que la prevención”. Los trabajos de recuperación del espacio están previendo la erosión o la contaminación de acuíferos de abastecimiento. Ahora se mira el territorio desde una estrategia de evaluación de riesgos, prevención, restauración e incluso intervención de urgencia, ya que el fuego puede volver a ocurrir y, en ocasiones, es necesario.

Lo advierte el documento sobre incendios de la colección del CSIC Ciencia para las Políticas Públicas del que Madrigal es coautor. “Son parte de nuestros ecosistemas, pero hay zonas que los padecen con más frecuencia e intensidad de lo que están acostumbradas a soportar. Pero hay otras partes en las que hay menos incendios de los que debería”, explica.

“Nosotros”, añade el científico, “estamos proponiendo la recuperación del uso del fuego, en este caso de forma prescrita, controlada y planificada, para favorecer precisamente los hábitats y reducir el peligro de incendio o de grandes incendios en zonas donde se quema muy poco. Está pasando por ejemplo el Sistema Ibérico, en el Central, en alguna zona de Castilla la Mancha y en Andalucía. Somos muy buenos apagando los incendios pequeños, pero en una situación con una meteorología muy extrema, ese combustible está disponible y un gran fuego es muy difícil de apagar”. A estos incendios controlados habría que añadir manejos de desbroce mecanizado y el pastoreo de ganadería extensiva en zonas estratégicas.

Si el siniestro se termina registrando, Madrigal propone la combinación de actuaciones de restauración activa y pasiva, pero advierte de que hay que analizar los procesos desde el punto de vista de los tiempos de la vegetación, muy superiores a los de una legislatura. No hay una receta única y cada espacio requiere una estrategia.