Más de 2.000 personas exigen en Huelva “saber la verdad” sobre el accidente de Adamuz por respeto a las víctimas y para evitar otra tragedia
Los supervivientes y familiares de los fallecidos en el siniestro critican a todas las administraciones por la falta de respuesta eficaz


Huelva reclama respeto y justicia para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas y 152 resultaron heridas el pasado 18 de enero. Pero también exige la verdad sobre las causas del siniestro porque, con ella, se podrán dirimir responsabilidades y, sobre todo, establecer las medidas que eviten otra tragedia similar. Bajo estas premisas y con el lema “Memoria, verdad y justicia”, más de 2.000 personas (calculadas a partir del aforo del lugar final de concentración) se han manifestado este viernes, en absoluto silencio y desafiando a la lluvia, a lo largo del kilómetro de distancia entre la estación de tren y la céntrica plaza de las Monjas de la capital onubense. Mario Samper, portavoz de las víctimas, entre las que incluye a los 440 supervivientes y sus familias, ha aprovechado para criticar a todas las administraciones, sin distinguir entre los partidos que las gobiernan, por la falta de respuesta eficaz al primer choque de dos trenes de la alta velocidad en España y el tercero más grave desde 1972.
“Me habéis robado a mi hijo”, rezaba la pancarta de una de las manifestantes. Secundaba el sentido del mensaje Francisco Albarrán desde la estación a la que nunca llegó su sobrina, de 45 años, y la cuñada de esta. “Solo pido ya justicia”, dijo. “Estoy”, respondía escueta y lacónica otra joven manifestante a una compañera que le preguntaba por su estado.
La marcha, que ha transcurrido sin incidentes y sin un solo grito de reproche, se ha convocado como homenaje popular (la representación política ha estado relegada), pero también para exigir medidas que garanticen la seguridad ferroviaria a partir del esclarecimiento del origen del siniestro. “Que se sepa la verdad va a redundar en beneficio de todos porque servirá para implementar los sistemas que sean necesarios para que esto no vuelva a ocurrir”, ha explicado Samper.
Desde la misa funeral celebrada el 29 de enero en Huelva, de donde era la mayoría de las víctimas, con la presencia de los reyes, los representantes de los afectados se han reunido con el consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto (PP), y con el ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), hace diez días. Tras la primera, la Junta ha designado al abogado onubense Jaime Mora como comisionado para las víctimas.

Mora ha asegurado que “estará a disposición de todos los afectados por esta desgraciada tragedia que tan duramente golpeó a Huelva y a Andalucía”. “Las puertas de la Administración autonómica están abiertas permanentemente para escuchar las demandas y necesidades de las víctimas y de sus familiares y trasladar estas al Gobierno andaluz”, ha añadido.
Pero Samper critica que se incorpore una nueva figura sin competencias para afrontar las consecuencias psicológicas, jurídicas, laborales y sociales del accidente. Solo podría intervenir en asuntos de asistencia sanitaria, pero esta tampoco ha mejorado y se gestiona con las deficiencias habituales del sistema, según el portavoz: “No puede ser que una persona que tiene dos rodillas rotas pida cita para el traumatólogo y le llegue, como a cualquier andaluz, para dentro de seis meses. Si este señor [Mora] está para redirigirnos a otras administraciones, no nos hace falta”.
Tampoco ha satisfecho a las víctimas el encuentro de la pasada semana con Óscar Puente, quien se ha comprometido a viajar a Huelva para reunirse con ellos, pero aún no ha fijado fecha. Samper ha relatado que el ministro se limitó a repetir lo que ha dicho en otros foros. “Le trasladamos una serie de preguntas y reivindicaciones, pero hasta ahora no nos han contestado. Seguimos igual”, ha lamentado. También cuestionan las víctimas la oficina creada en Transportes tras el accidente de Angrois por carecer de protocolos de actuación efectivos.
Una de las demandas que la asociación dirigió al ministro fue la consideración del siniestro como accidente laboral para permitir mayores prestaciones para los afectados, así como el acceso a pensiones de incapacidad, viudez u orfandad más elevadas. La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, anunció el jueves que se tramitará “en breve” el cambio normativo en este sentido: “Esta misma medida se aplicó por la dana [de Valencia] y creemos que es de justicia hacerlo también ahora”, aseguró.
El pilar fundamental de apoyo entre las víctimas y familiares sigue siendo el grupo de WhatsApp en el que están agrupados, pero reclaman asistencia especializada, según detalla Samper: “Nos estamos peleando constantemente con los seguros de Renfe y de Iryo, con trámites burocráticos que son complejos. Solo dos personas han recibido un adelanto de las indemnizaciones. Pero hay otras que están en la cama sin poder moverse o con miembros amputados o encerradas en sus habitaciones porque sienten terror, por el trauma psicológico que han padecido. No tenemos ayuda de nadie”.
La comunicación más estable la mantienen con representantes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). A partir de sus informaciones, Samper cree que las hipótesis sobre las causas objetivas del accidente están centradas en una fisura en la vía ocurrida 22 horas antes del siniestro y que no fue detectada por los sistemas de prevención. Pero quedan por dirimir las responsabilidades de que esto sucediera. Durante la protesta, el portavoz ha hablado directamente de “negligencia”.
Los representantes de las principales formaciones políticas han respetado la convocatoria apartidista de la asociación y han respaldado la manifestación “a título personal”, como ha manifestado la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez: “Lo hemos dicho desde el primer momento: estamos al lado de las víctimas, respetamos lo que han pedido en todo momento. Cada socialista, a título personal, individual, ha podido secundar la manifestación”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la consejera de Inclusión Social, la popular Loles López, quien ha mostrado su “máximo respeto” a la manifestación y sus objetivos: “Huelva y las familias necesitan saber qué ha ocurrido y, sobre todo, que nunca vuelva a suceder. Es lo que todos queremos”.
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