El olivar andaluz en venta: ¿insignia cultural o activo financiero?

“...Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, quién, quién levantó los olivos?, no los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor (...)”. Desgraciadamente, el famoso poema de Miguel Hernández hoy se encuentra con una estampa totalmente diferente. Andalucía se encuentra en medio de una crisis silenciosa pero profunda. Lo que durante siglos ha sido una forma de vida vinculada a la tierra y a la familia, hoy se está convirtiendo, a pasos agigantados, en lo que los inversores llaman el agribusiness. Así lo denuncia un nuevo informe de Greenpeace, que arroja información preocupante sobre cómo el capital, tanto estatal como internacional, está redibujando el paisaje agrario, priorizando la rentabilidad inmediata sobre la sostenibilidad social y ambiental de nuestros territorios.

La mayoría de la producción olivarera es tradicional en secano, con baja densidad por hectárea y con arbolado de porte mediano. O sea, lo que tú imaginas como un olivar cuando cierras los ojos. Sin embargo, una minoría poderosa de entramados de empresas y fondos de inversión está entrando fuerte en la agricultura andaluza, ya que se les ha permitido jugar con otras reglas de juego. Han proliferado por la facilidad en la adquisición de la tierra, más barata frente a zonas como California, por la promesa del beneficio cortoplacista, la facilidad de obtener agua y el apoyo de ayudas públicas como la PAC. Y están entrando con sistemas superintensivos en seto y en regadío, que multiplican por tres las cosechas tradicionales, pero con un coste social y ambiental inasumible para el modelo familiar, en particular, y para la sociedad, en general. Estos fondos están franquiciando el olivar superintensivo con similitudes al modelo inmobiliario de la empresa llave en mano.

Uno de los puntos más críticos de esta realidad es el uso del agua. A pesar de borrascas de alta intensidad como las de este invierno, Andalucía es una tierra con sequías recurrentes. Los grandes fondos buscan lo que denominan safe water, es decir, grandes extensiones de tierra con garantías de suministro de agua. Y eso llega con el beneplácito, por supuesto, de la normativa de los planes hidrológicos, como el del Guadalquivir, que parece haberse diseñado a medida de estos gigantes, otorgando dotaciones de agua de más del doble para el modelo superintensivo frente al tradicional en regadío. Esta minoría, siempre gana: cuando no llueve y la sequía arrecia, el olivar tradicional se queda en mínimos, tanto por falta de lluvia, si es de secano, como por las fuertes restricciones, si es de regadío. Al ser mayoritario, provoca que la cosecha total de aceituna se hunda, disparando los precios. Mientras tanto, el olivar superintensivo en riego (que disfruta de dotaciones, que incluso en época de restricciones permiten obtener una buena cosecha y muchos más árboles por hectárea), sigue teniendo una buena producción. El resultado es que son estos últimos los grandes beneficiarios de las escaladas de precios.

Resulta especialmente escandaloso observar cómo la Política Agraria Común (PAC), diseñada originalmente para complementar las rentas de los agricultores más vulnerables, ha terminado convirtiéndose en un sumidero de dinero público para megagrupos que no necesitan estas ayudas. Las cifras del bienio 2023-2024 son reveladoras. Las sociedades vinculadas a la plataforma global de inversión y gestión de proyectos agrícolas Atitlán percibieron casi 2,5 millones de euros. El holding de origen cordobés De Prado captó más de un millón de euros de la PAC, a través de siete filiales diferentes.

Si hablamos de biodiversidad, el modelo promovido por estos grandes fondos se basa en el monocultivo de unas pocas variedades de aceituna, frente a la riqueza actual de las variedades como picual, nevadillo, hojiblanca…, con mayor calidad organoléptica. Esta variabilidad genética otorga también mayor resiliencia frente a eventos climáticos. La homogeneidad del modelo superintensivo supone un riesgo para los ecosistemas y para la propia supervivencia del olivar.

Esta transformación no está creando riqueza compartida, al contrario, está vaciando las zonas rurales por su mecanización extrema. Andalucía ha sufrido una “sangría laboral” con la pérdida de 180.000 empleos agrarios en solo siete años. Además, en el centro de la cadena, que corresponde con el eslabón de envasadores y comercializadores, hay un oligopolio que estrecha el canal de comercialización muchísimo y que es el que determina los precios “embudo”: mientras las grandes envasadoras y comercializadoras imponen precios que apenas cubren los costes del olivar tradicional, los fondos de inversión se blindan con integración vertical y subvenciones públicas.

Andalucía no puede permitirse que su olivar tradicional, un símbolo de identidad y resistencia, y sus agricultoras y agricultores, sufra este proceso de neoliberalización agraria con intereses especulativos. Es urgente legislar para que “jueguen” con otras reglas. Para empezar, con un reparto del agua basado en criterios sociales y ambientales, con indicadores claros y que garanticen la permanencia de las familias en el territorio, como el que propone el proyecto Hacia una Transición Hídrica Justa en la Agricultura, impulsado por las organizaciones de la Mesa Social del Agua de Andalucía. Por otro lado, urge una reforma de la PAC que deje de financiar a grandes holdings, fondos de inversión, y al modelo superintensivo que destruye el empleo rural, para apoyar a agricultores y agricultoras que realmente lo necesitan y a su transición hacia modelos más sostenibles para las personas y la naturaleza. El olivar andaluz es una insignia de paisaje, cultura y cocina. Se debe apoyar las formas tradicionales y respetuosas con los recursos, no el dividendo de un capital que, cuando el agua se acabe, se marchará a buscar rentabilidad a otro lugar.