Vox condiciona su apoyo a los presupuestos del PP en Sevilla al resultado de las elecciones en Extremadura

En una semana, el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz -que gobierna en minoría-, ha pasado de dar por hecho que tenía atado el apoyo de Vox a los presupuestos municipales de 2026 a verse obligado a aplazar el pleno que debatirá su aprobación para ganar tiempo e intentar cerrar un acuerdo que se ha vuelto esquivo. Fue convocado de urgencia el pasado lunes para este viernes pero se demorará hasta el día 23. La razón: la formación de Abascal no quiere una foto que visibilice un pacto con el PP en vísperas de las elecciones en Extremadura, donde el partido está extremando sus condiciones para un apoyo a la candidata popular.

“En toda negociación de presupuestos hay acuerdos políticos paralelos a la aprobación del presupuesto. El PP no tiene nuestro sí”, advirtió la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, el pasado martes, un día después de que el PP les hubiera aprobado 16 de las 18 enmiendas que presentaron a las cuentas municipales del 2026 en la Comisión de Hacienda. Con estas declaraciones, la dirigente del partido de extrema derecha quería desmentir que ambas formaciones hubieran llegado a un acuerdo sobre los presupuestos locales. Es más, Peláez puso sobre la mesa dos condiciones para obtener su respaldo: la eliminación de facto de la zona de bajas emisiones de La Cartuja, desactivando las cámaras de vigilancia -esenciales para poner las multas-, siempre que los niveles de contaminación no superen los establecidos por la Unión Europea; y el refuerzo de los protocolos de identificación del padrón municipal. “No queremos que la inmigración ilegal entre en el padrón”, sostuvo la edil ultra, sin dar datos que respaldaran que ese registro sea una vía de regularización a extranjeros.

Estas dos líneas rojas sorprendieron al equipo de gobierno municipal, que daba por hecho que la aprobación del 90% de las enmiendas presentadas por Vox era un signo evidente por parte del PP para llegar a un acuerdo sobre las cuentas. Fuentes populares aseguran que ninguna de las dos peticiones va a poder ser atendida. En el caso de la zona de bajas emisiones porque se trata de una medida regulada por una normativa europea que comprometería, además, la llegada de fondos europeos para otros proyectos y que, en todo caso, tampoco autorizaría el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que, a las puertas de las elecciones autonómicas, no quiere ver comprometido el marchamo ecologista que lleva abanderando desde que llegó al Gobierno bajo el mantra de su “revolución verde”.

Tampoco tiene el Ayuntamiento competencias en la regulación del padrón, advierten fuentes municipales. “El que tenga un NIF, NIE y DNI y acredite con documentación que reside en un domicilio de Sevilla, tiene derecho a ser inscrito, tanto si es extranjero como si es español”, indican los interlocutores consultados. El equipo de gobierno hispalense interpreta estos dos nuevos requisitos de Vox como una forma de dejar abierta la puerta a la posibilidad de que su dirección nacional se oponga a un acuerdo presupuestos. “La inmigración ilegal y la agenda 2030 son dos de sus argumentos electorales”, abundan las fuentes consultadas, que llaman la atención sobre el hecho de que se trate de condiciones similares a las que el partido de extrema derecha está planteando en otros municipios, como Zaragoza, para aprobar sus cuentas municipales -en la capital aragonesa la eliminación de la zona de bajas emisiones se ha convertido en un elemento de la negociación-.

Los actuales presupuestos son fruto de un acuerdo con Vox que impuso su ideario ultra en materia de políticas sociales. Consiguió hinchar las partidas para grupos antiaborto y programas de fomento de la natalidad, entre ellos una oficina de atención a la maternidad, cuya directora, designada por Vox, es María Pastor, abogada antiabortista que fue como número tres en sus listas del Senado por Sevilla. En esa misma línea han ido las 16 enmiendas transaccionadas por el PP el pasado lunes. Todas conllevan recortes en las partidas del Servicio de la Mujer, planes de igualdad y en cooperación al desarrollo a costa de incrementar las ayudas a la maternidad, dotar de presupuesto al cheque bebé, fomentar a los jóvenes que se dedican al arte sacro, incrementar las actividades en los días de la Inmaculada y San Fernando -patrón de Sevilla-, o afianzar la citada oficina antiaborto. Las cesiones incluyen también la creación de tres nuevos museos: de la Semana Santa, del flamenco y de historia de Sevilla, a costa de los fondos destinados al Festival Internacional de Cine -que Vox siempre ha querido suprimir-.

Con todo, el alcalde hispalense no se encuentra en la misma posición de necesidad respecto de Vox y es consciente de que da igual lo que se negocie -el pasado miércoles estuvieron más de dos horas y medio reunidos y solo sirvió para que Vox forzara el aplazamiento del pleno- porque en el partido quien tiene la última palabra es su presidente, Santiago Abascal. El Ayuntamiento puede jugar la baza de sacar adelante las cuentas a través de una cuestión de confianza vinculada al presupuesto, una herramienta que ya utilizó en 2024 y que la legislación le permite volver a usar una sola vez más durante el mismo mandato, siempre que no sea el último año. Con este mecanismo, podría tener presupuesto para el año que viene y prorrogarlo para 2027.

Para el equipo que lidera José Luis Sanz, no obstante, postergar la aprobación de las cuentas supone un contratiempo porque su intención era tener resuelto este asunto antes de entrar en la recta final del año. “O nos entendemos de aquí al lunes o ya saben”, indican a este diario fuentes de Vox sobre el devenir actual de las negociaciones. El alcance de las cesiones en el consistorio hispalense, además de estar condicionado por los resultados de las elecciones en Extremadura, también podría suponer un problema de cara a la trayectoria electoral del presidente andaluz, que acude al examen con las urnas del año que viene con una mayoría absoluta puesta en cuestión precisamente por la pujanza de Vox, de quien siempre ha abogado por marcar distancias. La última palabra, de todas maneras, la tendrá Abascal.