Instituciones Penitenciarias informa al juzgado sobre el material incautado al asesino de Marta del Castillo

Los padres de Marta del Castillo manifestaron este martes su intención de pedir a Instituciones Penitenciarias que investigara el presunto trato de favor en la cárcel de Miguel Carcaño, el asesino confeso y único condenado por la muerte de su hija el 24 de enero de 2009 y que cumple su pena en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). Lo hicieron durante su intervención en el programa Código 10 de Cuatro que se emitió este martes y en el que se detallaban esos posibles privilegios, como el uso de un teléfono móvil, una tablet o el acceso a wifi que le proporcionaría, de acuerdo con los testimonios recabados en el reportaje, una funcionaria de prisiones. El hecho es que esta institución ya ha abierto una investigación sobre material incautado a Carcaño que ha puesto en conocimiento de un juzgado, tal y como han confirmado a este diario fuentes de Instituciones Penitenciarias.

“Cuando los funcionarios detectan o incautan material prohibido, la Administración hace un seguimiento y analiza los hechos. En caso, además, de que ese material pudiera tener trascendencia penal, se pone en conocimiento del juzgado”, señalan esas fuentes que no precisan, sin embargo, qué tipo de objetos se encontraron en poder de Carcaño.

En el programa de Cuatro, a partir de testimonios de expresidiarios y familiares de reclusos, se aseguraba que el asesino de Marta del Castillo disponía de un móvil, un ordenador y wifi que le habría facilitado una funcionaria de prisiones con la que mantendría relaciones. Las fuentes de Instituciones Penitenciarias indican que la investigación que se ha llevado a cabo sobre ese material incautado no apunta a que la vía de entrada haya sido a través de una trabajadora de la cárcel.

“Hace falta una investigación en serio, como se está haciendo con Ana Julia Quezada”, dijo en el programa Antonio del Castillo, el padre de la joven sevillana, en relación con la investigación por cohecho que un juzgado ha abierto contra un funcionario de prisiones con el que la mujer que asesinó al niño Gabriel Cruz, conocido como El Pescaíto, habría mantenido relaciones sexuales a cambio de obtener un teléfono móvil. Las fuentes consultadas insisten en que, de acuerdo con la investigación abierta, el contexto en el caso de Carcaño sería diferente.

La abogada de la familia de Marta del Castillo, Inmaculada Torres, ha confirmado este miércoles a este diario que los padres todavía no se habían puesto en contacto con ella para trasladarles su intención de solicitar una investigación del presunto trato de favor a Carcaño, pero se muestra favorable a solicitarla. “Si tenía un teléfono móvil, se tendrán que depurar responsabilidades”, ha indicado la letrada, que también ha llamado la atención sobre el hecho de que “presos condenados por delitos muy graves gocen de privilegios” en las cárceles.

Hasta ahora, los padres de la joven sevillana se han opuesto a todos permisos penitenciarios que Carcaño -que terminará de cumplir en 2030 la pena de 21 años de prisión a la que fue condenado- ha ido solicitando en este tiempo y que no le han sido concedidos. También ha pedido que se le embargue el sueldo que percibe por su trabajo en la cárcel y el saldo de la cuenta de peculio para poder pagar así la indemnización de 340.000 euros por el daño moral causado por la muerte y desaparición de Marta.