Juristas gallegos piden la suspensión del traslado forzoso de dos magistrados del TSJ que paralizaron proyectos eólicos
Los jueces, entre los que está el exlíder de En Marea Luís Villares fueron criticados por el PP y la patronal tras paralizar varios parques
La asociación progresista de juristas gallegos Xustiza e Sociedade de Galiza ha denunciado públicamente este lunes “los gravísimos hechos” derivados de la decisión de la presidencia del TSJ de esta comunidad que supone el traslado forzoso de dos magistrados, entre los que se encuentra Luís Villares, exlíder de En Marea. Villares y otra jueza, María Dolores López, estaban en la sección tercera, un órgano que ha paralizado decenas de proyectos eólicos con fuertes críticas de la Xunta del PP y de la patronal. Los juristas han solicitado al Consejo General del Poder Judicial la apertura de un expediente informativo, la suspensión de los traslados, un informe sobre la legalidad del procedimiento y medidas “correctoras o disciplinarias”.
La asociación defiende que la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, María Azucena Recio, ha tomado estas decisiones “sin la existencia de criterios objetivos” y pueden suponer una “desviación de poder”, además de la vulneración de la independencia e inamovilidad judicial.
Los dictámenes que han parado provisionalmente parques eólicos responden al aluvión de denuncias de colectivos vecinales y ecologistas por presuntos daños ambientales de estas infraestructuras. Han sido rechazados tanto por la patronal y empresas del sector como por la Xunta y el PP gallego, cuando estaba Alberto Núñez Feijóo al mando y ahora con Alfonso Rueda. Los populares han vinculado las resoluciones de la sección tercera con el pasado político de Villares, que fue candidato a la Presidencia de la Xunta en 2016.
Desde Xustiza e Sociedade de Galiza denuncian que la sección tercera ha soportado durante meses “presiones políticas, empresariales y mediáticas” derivadas de sus resoluciones sobre proyectos eólicos y contratación pública. La asociación progresista advierte de que “la coincidencia temporal entre dichas presiones y los traslados forzosos, unidos a la ausencia de motivación reforzada, genera la apariencia de que la reorganización podría responder a factores ajenos al interés público”.
En los acuerdos adoptados por Recio, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la presidenta explica que “por razones organizativas, se hacen precisos ciertos cambios en la composición personal de las secciones”, debido al “número de procedimientos que se tramitan en cada una de ellas, y por entender que la reestructuración va a reforzar el buen funcionamiento de la sala”.
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