“La dirección nos presionó para que echáramos a Espinosa de los Monteros”, asegura un exdirectivo de Vox

José Francisco Garre (Torre Pacheco, 53 años) ha pasado en 24 horas de vicepresidente del Comité de Garantías de Vox, el órgano encargado de velar por los derechos de los afiliados y sancionar disciplinariamente a quien incumpla los estatutos del partido, a supuesto corrupto. La formación ultra difundió el pasado viernes un comunicado en el que le califica de “traidor”, le acusa de haberse vendido al PP y le exige que devuelva su acta de concejal por haber llegado a un pacto de gobierno con el alcalde de Torre Pacheco (Murcia), el popular Pedro Ángel Roca, del que su partido dice haberse enterado “por la prensa”.

Garre reconoce que no consultó a la dirección de Vox antes de sellar el acuerdo, pero agrega que hace tiempo que había pedido permiso para abrir negociaciones con el PP, con el que su formación gobierna en otros ayuntamientos de la región como Cartagena, Lorca, Molina de Segura o La Unión. “Lo sabían de sobra. Lo planteé al principio de la legislatura y luego en varias ocasiones. Siempre me decían que no era el momento, que había que aguantar y esperar. La situación era ya desesperada, porque el ayuntamiento estaba bloqueado y hay contratos importantes, como la recogida de residuos sólidos, el mantenimiento de parques y jardines o el agua, que han vencido o están a punto de hacerlo. Hablé con mis compañeras [concejales de Vox], y salvo una, las otras dos estuvieron de acuerdo en dar ese paso. En la pasada legislatura teníamos cierta libertad, pero ahora el partido funciona manu militari”, explica Garre, en conversación telefónica con EL PAÍS.

Vox no le acusa solo de pactar con el PP a espaldas al partido, sino que también le imputa irregularidades económicas. “Hace unas semanas se le requirió desde la dirección de Vox para que justificara el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden del entonces portavoz en la Asamblea [murciana], José Ángel Antelo, apenas días antes de que este traicionara también a Vox”, señala el comunicado del partido. “Pese a que Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado por igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió.”

Garre, abogado con 22 años de ejercicio, prepara ya una querella por injurias contra Vox por lo que considera un intento por manchar su honorabilidad. No sabe quién ordenó las transferencias, sostiene, pero sí que responden a un pacto alcanzado en 2023 con el actual portavoz en la asamblea de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, quien se comprometió a pagarle una iguala por prestar asesoramiento jurídico a los concejales de Vox en la región, elaborar informes y borradores de proyectos de ley y dirigir procedimientos judiciales a nivel autonómico y nacional.

Los dos pagos que cita el comunicado corresponden a sus honorarios del primer y segundo semestre de 2025, añade. “Hay factura en ambos casos, el importe está perfectamente justificado y declarado a Hacienda”, agrega. Garre subraya que ese asunto ya lo trató con la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, con quien habló primero por teléfono y luego en persona en la sede del partido en Murcia. “Le di todas las explicaciones y me pidió disculpas”, sostiene. “Me dijo que no conocía mi trabajo, que había preguntado al equipo jurídico y le habían dicho que estaban muy contentos conmigo. Me dio las gracias”.

Reconoce, sin embargo, que las insinuaciones de supuestas corruptelas no le han sorprendido, porque ya vio cómo se filtraron acusaciones contra el exlíder murciano de Vox, José Ángel Antelo, desde instancias del partido. “Son comportamientos cuasimafiosos”, denuncia. “Si las denuncias que hacen son ciertas, tienen que llevarlas al juzgado. Y si no, ¿qué necesidad hay de atacar a alguien en lo personal, de poner en la picota a su familia, cuando ya te has cargado su carrera política? El objetivo es amedrentar a la gente pero a mí, que pensaba marcharme sin hacer ruido, me han indignado".

―¿Cómo no lo vio antes si formaba parte del comité nacional de garantías que ha purgado a ex dirigentes como Espinosa de los Monteros, Ortega Smith, García-Gallardo o el propio Antelo?

“Yo formaba parte del Comité de garantías desde 2020. En esa época no había injerencias y trabajábamos con plena libertad. Se produce un punto de inflexión en 2022. Se celebra la asamblea general y advertimos de que en la candidatura [oficial] al Comité Ejecutivo Nacional [que encabeza Santiago Abascal] hay dos candidatas ―una de ellas Montse Lluis― que no cumplen los requisitos estatutarios para formar parte de la dirección. El CEN las exime de cumplir esos requisitos y las incorpora. Es cosa de ellos, nosotros hemos cumplido con nuestra obligación de ponerlo de manifiesto”, explica.

“A partir de ese momento vemos un cierto intento de control del Comité de Garantías, que hasta entonces había sido bastante imparcial, no del todo porque es un órgano del partido, pero intentábamos actuar con objetividad”, agrega.

El momento “más surrealista”, según sus palabras, se produce cuando llega una denuncia contra el exportavoz del partido en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros por supuesto tráfico de influencias “Todos los miembros del comité, excepto una, estábamos de acuerdo en que ahí no había infracción alguna, hacemos una resolución [exculpatoria] y nos la echan para atrás. Nos hacen volver a deliberar una y otra vez. Incluso nos meten en una reunión al responsable del Comité de Cumplimiento, Juan de Dios Dávila [dependiente de la Presidencia del partido], que nos presiona insistiendo en que sí hay infracción. Nos presenta un informe jurídico de un abogado externo al que se ha contratado para que diga que, en contra de la opinión del fiscal, que ha archivado dos veces la denuncia, la conducta de Espinosa puede considerarse delito. Como si eso pudiera impresionarnos a nosotros, que también somos abogados. Al final, pese a las presiones, nos mantenemos firmes y no se le sanciona”.

―¿Qué se buscaba con el expediente?

“Que lo expulsáramos del partido. Al principio las denuncias eran entre afiliados, un coordinador contra un concejal o viceversa, pero de pronto nos empiezan a llegar denuncias firmadas por la secretaria general adjunta y eso ya impone. El mensaje era claro: si denuncio es porque quiero que lo echéis”.

Garre explica que se abstuvo en el expediente contra Antelo por su amistad con él, pero reconoce que el trato que se le dio le distanció del partido. “No se puede ordenar a alguien que dimita. Esa orden es ilegítima”, alega. Respecto a Javier Ortega Smith, sostiene que contra él se utilizó una técnica antigua: “Primero lo acosas y, cuando explota ante la prensa, lo expedientas por dañar la imagen pública del partido, que es una falta estatutaria. Creo que en su caso prima la libertad de expresión”, argumenta.

Mientras hablaba con este diario el pasado viernes, Garre recibió la visita de la Policía Judicial en su casa. “Es por un tema muy grave que he denunciado. Pero la investigación está en marcha y me han pedido discreción. Solo espero que mi expartido no tenga nada que ver”, concluye enigmático.