PP y Vox se tantean en el Congreso ante la nueva etapa de pactos autonómicos

PP y Vox ya hablan el mismo lenguaje sobre sus pactos de estabilidad y duraderos para gobernar juntos en Extremadura, Aragón y Castilla y León y empiezan a tomarse la medida también en el Congreso. Ahora, tras la última cita electoral y antes de que arranque la campaña en Andalucía, parecen mostrar más prisa por entenderse y no manifiestan claras diferencias de fondo. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, no tuvo problemas en reconocer este martes que los posibles acuerdos en el Congreso deberían de servir de “gran guía de lo que podemos hacer en las comunidades autónomas”. Su homóloga de Vox, Pepa Millán, ratificó que habrá pactos autonómicos pero matizó que no deberían ser directamente extrapolables a la Cámara baja aunque luego se apoyaron en varias iniciativas de la agenda de las derechas parlamentarias, como ampliar la prisión permanente revisable, sobre inmigración o una defensa de los cristianos perseguidos por el mundo y sobre todo en Nigeria.

El lenguaje de las portavoces del PP y Vox en el Congreso se asemejó tanto este martes aún de resaca electoral en Castilla y León que parecían del mismo partido. Ni se insultaron, ni se atacaron, ni se lanzaron los serios reproches de las últimas semanas. Coincidieron en el mismo diagnóstico: que los electores han mandatado que en Castilla y León debe haber un gobierno de derechas. Pepa Millán reafirmó que habrá gobiernos conjuntos y ambas remarcaron que los mismos tendrán que ser sólidos y para cuatro años. La representante del PP lo plasmó sin ambages: “La derecha no está para competir, está para construir una alternativa real a Sánchez en toda España”. Luego solo se permitió subrayar que ha sido la estrategia de bloqueo hasta ahora de Vox la que ha girado tras comprobar su techo del 19% del voto en Castilla y León. La dirigente ultra puso más énfasis en que las negociaciones continúen como hasta ahora más discretas.

El matiz llegó cuando se planteó a la portavoz de Vox si esos entendimientos que ahora se vislumbran ya en Extremadura, Aragón y Castilla y León significan un entente también en el Congreso. Millán no quiso llegar tan lejos aún. Explicó que las dinámicas parlamentarias permiten en el día a día de la Cámara diferentes tipo de acuerdos. A Muñoz esa precisión le pareció evidente, pero abogó por demostrar en el Congreso que pueden entenderse en muchas otras materias porque es lo que dictan sus electores.

El PP, para retomar esa línea de apaciguamiento con puntos concretos en los que retratar a todos los demás pero también a Vox, llevó al pleno la discusión de una proposición de ley para ampliar los supuestos en los que se prevé la pena de prisión permanente revisable y ahí propugnó que se pueda aplicar también a los casos en los que se haga desaparecer el cadáver de la víctima y cuando haya reincidencia en el delito de asesinato. La portavoz popular en ese asunto, Macarena Montesinos, tiró de sentimentalismo al apuntar entre los presentes en la tribuna de invitados a Marisol Burón, madre de Marta Calvo, y a Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, víctimas de tremendos crímenes. Montesinos argumentó en favor de aumentar esas penas que desde que gobierna Pedro Sánchez han aumentado los homicidios dolosos un 68%, un 52% los secuestros y un 81% los de identidad sexual.

UPN y Vox les respaldaron sin matices. Junts votó en el bloque del no porque cuestiona esos agravamientos como “una barbaridad contraria a los principios del derecho penal”, como ya hizo cuando el PP trajo esa misma iniciativa en 2022. El PSOE, que entonces sí la tomó en consideración, este martes se apuntó con otros socios habituales a rebajar el retrato catastrofista de la inseguridad en el país de la derecha e interpretaron ese planteamiento ahora en sus ganas legislar a “impulsos, en caliente, a brochazos y para hacer ruido y buscar titulares”. Jon Iñarritu, de EH Bildu, lo definió como “populismo punitivo”. No prosperó porque recogió 172 votos a favor y 174 en contra.

No fue la única iniciativa de la agenda cada vez más común en la que coincidieron PP, Vox y UPN, aunque el resto quedaron pendientes ya solo de las votaciones. Los populares impulsaron así una insospechada proposición no de ley sobre la defensa de los cristianos perseguidos en el mundo y a la acción internacional para frenar las masacres por motivos religiosos. La diputada del PP, Maribel Sánchez, denunció con énfasis la persecución mundial a la comunidad cristiana, especialmente en Nigeria. Algunos portavoces incluso de derechas, como Maribel Vaquero, del PNV, o Marta Madrenas, de Junts, creyeron oportuno recordar el principio universal de la libertad religiosa del país en general y no una identitaria o ideológica. La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, emplazó al PP a averiguar si entre los ciudadanos de Líbano o Irán bombardeados ahora por EEUU o Israel pueda haber también algún cristiano.

El siempre recurrente debate sobre la inmigración irrumpió a continuación como consecuencia de otra moción del PP, en la que se pedía parar la iniciativa legislativa popular que hace casi dos años tomaron en consideración y que pretende la regularización de más de medio millón de inmigrantes que llevan tiempo ya en España, como incidió el PNV. Un proceso de regularizaciones que apoyan decenas de organizaciones, asociaciones y ONG, también católicas, y que ya ejecutaron en el pasado ejecutivos del PP.

Vox no solo la refrendó sino que la enmendó para endurecerla al exigir la eliminación de las referencias a los principios “fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo” con el objetivo de recuperar la soberanía nacional en esas competencias porque entienden que “la política bipartidista dictada desde Bruselas sólo ha provocado una invasión migratoria que hoy sufren los españoles”. Y le añadió ideas para endurecer los procedimientos de expulsión, de regularización, para facilitar las deportaciones. Junts, en ese punto de frenar la regularización y su incidencia en Cataluña, coincidió con las derechas nacionales. PSOE, Sumar, ERC, Podemos y EH Bildu cuestionaron las propuestas del PP por “hipócritas” y por ceder en su “competición racista” con Vox.