Del acoso ‘online’ a las amenazas de muerte: las políticas visibilizan la violencia que sufren

“El día que te vea por Madrid te meto un tiro en la cabeza, feminazi comunista de mierda. No te gusta promover la violencia???? Pues la vas a tener, malparida, hijaputa”; “Muerte a ti y a todos los inmigrantes”; “O paras, o vamos a buscaros”. Son tres de las amenazas que dos hombres arrestados esta semana en Toledo y Xirivella (Valencia) enviaron durante meses a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en forma de mensajes privados a través de la red social Instagram. El primero, español de 49 años y con antecedentes policiales por delitos comunes como robos, hurtos o agresiones, lo hizo entre finales de octubre y principios de diciembre. El segundo, también español de 30 años y sin antecedentes, llegó a enviarle hasta 300 textos llenos de insultos e intimidaciones que escribió entre septiembre y finales de noviembre. Fuentes conocedoras de la investigación destacan que hacía un gran consumo de propaganda de ultraderecha.

Belarra denunció en diciembre los mensajes por los que han detenido a estos dos hombres, según fuentes de Podemos. Pero no son los únicos. La Policía tiene conocimiento de más episodios de amenazas especialmente violentas, reiteradas o que incluyen datos personales de la líder de la formación, indican. En el partido ven en estos ataques el fruto de una estrategia de la derecha y la extrema derecha para “radicalizar, especialmente, a hombres jóvenes y de mediana edad” con la intención de “sacar del debate público a las mujeres de izquierdas”, aseguran.

Dirigentes políticas como Belarra, la eurodiputada Irene Montero y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, han denunciado recientemente el acoso machista y las amenazas que sufren por ejercer como representantes públicas. Una campaña a la vez denigrante que afecta históricamente también a periodistas y activistas, como son los ejemplos recientes en España de Cristina Fallarás o Sarah Santaolalla.

Aunque no hay estadísticas oficiales que permitan deducir que el acoso a líderes políticas ha crecido en los últimos tiempos, son numerosos los informes de organismos nacionales e internacionales que llevan tiempo analizando la violencia digital contra las mujeres (sin discernir ideología), un fenómeno que busca “silenciar sus voces, controlar su participación en línea y la construcción de sus perfiles, así como limitar la presencia” y “restringir el ejercicio de los derechos políticos”, tal y como define el documento elaborado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) Violencia digital contra las mujeres en la vida política, que vio la luz en noviembre pasado.

Por el 8 de marzo, el Ministerio de Igualdad también ha hecho público un dosier en el que se concluye que el 58,2% de las eurodiputadas ha sufrido violencia online y el 46,9%, amenazas de muerte o violación. El Gobierno señala que este tipo de ataques tienen una finalidad “disciplinadora orientada al silencio de las mujeres y la erosión de la calidad democrática”.

“Si es creciente o no, no lo sabemos. Pero estamos en un momento de visibilización de un problema que es sistemático, estructural y que le pasa a todas las mujeres que están en política”, asegura Elisa García Mingo, profesora e investigadora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. “Se trata de una estrategia de desmantelamiento del proyecto político del feminismo. Poner en duda sus logros y dañar a sus representantes para que abandonen”, añade la experta, que cree que esta violencia afecta particularmente a quienes se erigen en altavoz de este movimiento.

Sin llegar a las amenazas, Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, cuenta cómo, aunque siempre había recibido mensajes de acoso a través de redes sociales, el volumen y grado de insulto se elevó hace un mes después de unas declaraciones en radio y televisión sobre la okupación. “Colocaron mis cortes e imágenes en páginas como Forocoches y podcast de extrema derecha. A partir de ahí todo se multiplicó, atacando mi discurso y mi físico. Recibí cientos de mensajes privados en Instagram, vejatorios. Sentí miedo por la exposición pública”, reconoce. Hernández subraya que “no existen filtros que te protejan” de ese tipo de contenidos, con un sesgo machista que no afecta a los hombres que están en política.

Hace menos de dos semanas, Rita Maestre denunció que llevaba más de un año recibiendo en su vivienda familiar visitas indeseadas de hombres buscando sexo porque había alguien que había puesto su dirección en un canal de Telegram. En su caso, el acoso le llegó por la difusión de datos tan privados como el lugar en el que vive con sus hijas de corta edad y su pareja a través de una aplicación de mensajería, pero las amenazas pueden llegar de múltiples frentes.

La exministra Irene Montero hizo público que una persona que decía pertenecer a un grupo neonazi iba a cometer un atentado yendo a su casa a matarla. El autor de estas amenazas, que la Policía investiga, remitió un mensaje a una batería muy diversa de direcciones de correo electrónico, entre las que había un instituto, una psicóloga, diferentes museos y medios de comunicación. El autor del mensaje decía pertenecer a la red terrorista 764, fundada en Texas e influenciada también por doctrinas satánicas, y haber estado internado en un hospital psiquiátrico cuando era más joven y vivía en México. En el correo, contaba su intención de cometer “una venganza contra la sociedad” junto a otros “camaradas” acudiendo a la vivienda de la eurodiputada en Madrid con armas de fuego adquiridas legalmente hace unos años. “También fabricamos explosivos”, añadía. La exministra solicitó protección al Ministerio del Interior.

Las peticiones de protección tras amenazas se tramitan a través de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. “Tiene que haber una denuncia previa”, explica un portavoz del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. “Se realiza una valoración del riesgo, pero nunca se dice la conclusión [si se adopta protección o no] porque comprometería la seguridad de la persona”, añade. “Nunca sabes si las amenazas van a hacerse realidad”, explicaba en una entrevista reciente una inspectora de Policía especializada en investigar este tipo de delitos cometidos en redes sociales. La agente puso como ejemplo el caso de una militante de Vox que recibía constantemente mensajes de un hombre que realmente estaba cerca de ella. “Por eso”, incidía, “se investigan todas”.

Interior no tiene datos desagregados de cuántos casos de acoso a través de redes sociales terminan generando un ataque real, ni tampoco pueden precisar cuántas denuncias de amenazas a través de Internet corresponden a figuras públicas, como representantes políticas, periodistas o activistas, añaden las mismas fuentes. El último informe de cibercriminalidad, de 2024, recoge que las amenazas y coacciones suponen un 1,5% de los 464.801 ciberdelitos registrados ese año. Aunque su peso es mucho menor, los policías que se encargan de rastrear estos delitos en internet destacan el gran impacto personal que tiene en las víctimas, el sufrimiento y el miedo que les ocasiona. En los últimos cinco años, las amenazas y coacciones a través de internet han ido subiendo, aunque también ha habido altibajos. En 2020 se conocieron 14.066 casos, y en los años siguientes las cifras han superado los 17.000, salvo en 2022, que bajó a 15.982.

Detrás de este tipo de comportamientos hay personas que se sienten impunes, ocultas bajo esos perfiles. Los agentes encargados de investigar estos casos, que suelen estar especializados en ciberdelincuencia, comprueban las direcciones IP o realizan seguimientos. Algunas veces resulta imposible localizar el terminal del que salieron los mensajes. Otras, se les interroga como investigados y, en los más graves, como ha ocurrido esta semana con el caso de Belarra, son detenidos. Estos arrestos se dan cuando las amenazas son creíbles o se teme que puedan hacerse realidad. “Si alguien se siente amenazado, debe denunciarlo”, insisten las fuentes policiales consultadas, que se lamentan que se trate de un delito que penalmente no tiene grandes consecuencias. La Audiencia de Tarragona condenó en 2019 a un tuitero a pagar una multa de 400 euros e indemnizar con 250 euros a la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldrán, por llamarla “mala puta” y amenazar con agredirla. Este caso, considerado leve, se saldó con una multa, pero la ley prevé penas que van de uno a cinco años para los casos más graves.

“Son delitos muy difíciles de perseguir y cuando se busca la colaboración de las plataformas es complejo”, reconoce García Mingo, que aboga por una mayor formación de los operadores de justicia y seguridad, porque el Código Penal en España ya se ha ido modificando para atender a estos delitos.

Frente a la proliferación de los discursos de odio en internet, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana la creación de un nuevo sistema para medir su presencia en las plataformas digitales utilizadas en España. “Soy escéptica. Se parece a otras herramientas de medición e innova poco”, opina Elizabeth Duval, escritora, filósofa, quien ejerció de portavoz de feminismo y derechos LGTBI de Sumar en la campaña de 2023 y después de responsable de comunicación. “Además, me cuesta mucho asumir todo el discurso restrictivo de la libertad de expresión o la perspectiva punitiva con esos delitos, que no ataca la raíz del problema y que coloca un parche. El debate es qué está sucediendo con el algoritmo y la propiedad de estas plataformas”, incide. Duval, alejada hoy de la política de partido, reconoce que se ha naturalizado un uso de las redes sociales “muy tóxico”, en el cual “todo vale”. Sobre su propia experiencia relata haber recibido una vez una amenaza de muerte, pero añade: “Me he inmunizado mucho ante eso. Ya no le presto gran atención. He asumido que es así. No debería serlo, pero al final es la única manera de vivirlo, no tienes otra alternativa”.