La exedil de Móstoles denunció el borrado de su email oficial por “el entorno del Partido Popular de Madrid”

La última vez que la exedil de Móstoles buscó amparo en el PP de Madrid tras denunciar internamente al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral fue en octubre de 2024, cuando acudió a una reunión con varios dirigentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que rechazaron entonces reunirse con ella porque iba acompañada de un abogado. Días después, el 7 de noviembre de 2024, alguien entró en el correo oficial de su lugar de trabajo -ya no era concejal- y borró todos sus mensajes, incluidos los que se había intercambiado con el gabinete de la presidenta madrileña sobre este asunto. Ella lo denunció, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles archivó el caso. No tuvo en cuenta la localización de la persona que accedió a su email y concluyó que, como el acceso se había producido desde una línea de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, pudo haber sido ella misma. Ella lo ha recurrido y la Audiencia Provincial debe pronunciarse.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la exconcejala de Móstoles interpuso una denuncia por este supuesto hackeo en su correo electrónico oficial ―cuyo dominio era @madrid.org― unas semanas después de que se produjera. El 28 de noviembre de 2024 denunció tanto el “acceso ilegítimo y sin su consentimiento” al email como “la eliminación de la bandeja de entrada, de los elementos eliminados y de los elementos archivados en dicho correo”. Ya entonces apuntaba a que podía haber sido “alguna persona cercana al entorno del Partido Popular de Madrid” porque, según relató, estaba denunciando a nivel interno un presunto caso de acoso sexual por parte de un alto cargo municipal.

La exedil envió al juzgado un documento con las direcciones IP (una etiqueta numérica única que identifica a un dispositivo en una red local o en Internet) que habían tenido acceso a su correo electrónico y, entre ellas, había algunas que no se correspondían ni con el ordenador que utilizaba habitualmente, ni con su teléfono móvil, ni con su ubicación.

La magistrada que asumió la causa encargó la investigación a la sección de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial y los agentes apuntaron a una IP sospechosa (en concreto la 217.9.26.191) que estaba gestionada por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, una empresa externa contratada por el Ejecutivo de Ayuso para la comunicación electrónica y la seguridad de la información.

La Policía señaló que “ninguno de los registros de acceso facilitados por la denunciante” eran compatibles “con la fecha y hora del borrado de correo electrónico” que los agentes ubican entre las 11.30 y las 15.30 horas. A menos, dicen, que la exedil “dejara su sesión de correo electrónico abierta y un tercero efectuara el borrado de los correos desde el mismo equipo informático, si bien no existen, por el momento, indicios que señalen en esa dirección”.

La instructora, sin embargo, decidió archivar la causa el 14 de febrero de 2025 tras este informe policial agarrándose a que el “sistema utilizado es compatible por el sistema empleado por la denunciante en su puesto de trabajo”. “Derivado de lo anterior y de la investigación realizada no existe base indiciaria para continuar con el procedimiento”, esgrimió en el auto de archivo.

El letrado de la edil, Antonio Suárez-Valdés, recurrió el archivo a la Audiencia Provincial de Madrid bajo el argumento de que la magistrada “claramente se desprende” de los indicios delictivos que los agentes mostraron en su informe y que debieron motivar nuevas diligencias como, por ejemplo, obtener la ubicación de la IP sospechosa indagando en qué persona dentro de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid tiene asignada dicha dirección IP.

El letrado recordó en el recurso que la denunciante había comunicado al PP nacional “la situación de acoso desatendida por el Partido Popular de Madrid” en las mismas fechas en las que se produjo el borrado de su correo electrónico. El 10 de octubre de 2024 el gabinete de presidencia del PP de Madrid le comunicó mediante un correo que no se podían poner en marcha los protocolos de cumplimiento normativo del partido al no ser ya para esa fecha afiliada del mismo. Esa información fue remitida por email a la vicesecretaría del PP nacional y obtuvo contestación el 31 de octubre de 2024. Al día siguiente, la denunciante reenvió la relación de correos intercambiados con el gabinete de Ayuso al PP Nacional. Y una semana después todos sus correos desaparecen. “Casualmente el 7 de noviembre de 2024 se perpetra el hecho delictivo”, indica sobre el presunto hackeo el abogado Suárez-Valdés. La Audiencia Provincial madrileña está pendiente de decidir sobre este asunto.

Denuncia en los tribunales a Bautista

Ahora, la exconcejal de Móstoles ha decidido dar un paso más e interpondrá una denuncia por acoso contra Bautista en los tribunales, según anunció este viernes su letrado. Hasta este momento se había quedado en los canales internos del partido y únicamente había acudido a un juzgado para investigar el borrado de su correo electrónico. Pero su defensa ha explicado a este periódico que la reacción de algunos dirigentes madrileños como el secretario general del PP, Alfonso Serrano que “ha mentido”, según su versión, al ofrecer explicaciones sobre el porqué no se actuó, ha motivado a la exedil a dar el paso de denunciar para que ninguna otra dirigente ‘popular’ tenga que pasar por lo mismo.

Además, Suárez-Valdés pretende incluir otros delitos como el de coacciones u omisión del deber de perseguir delitos que pueden alcanzar a los políticos con los que se reunió hasta en dos ocasiones sin lograr ningún tipo de protección: el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano; la vicesecretaria de Organización del partido, Ana Millán; y a la teniente de alcalde de la localidad de Villanueva de la Cañada y miembro de la Ejecutiva del PP de Madrid, Lucía Paniagua. La denuncia tardará todavía “unas semanas” en prepararse y se presentará en un juzgado de lo penal.